No es una sentencia más de las que se dictan a diario por los abusos de los bancos. Se trata de Patricia Suárez, conocida como Wonder Woman, una mujer que llevaba peleando contra Bankinter desde 2008 por un swap de tipos de interíés (un producto que el banco llamaba Clip) y se había convertido en el azote del hombre que rige los destinos de la entidad, Jaime Botín. Por fin, ha conseguido que los tribunales le dieran la razón y el banco ha renunciado a recurrir, por lo que recupera todo su dinero.
Suárez es muy conocida porque ha llevado a cabo una gran actividad en internet para agrupar a otros afectados por este producto, comercializado no sólo por Bankinter, sino tambiíén por otras entidades. Creó una asociación llamada Asuapedefin (Asociación de usuarios Afectados por Permutas y Derivados Financieros), que, a diferencia de otras como Ausbanc o Adicae, no tiene ánimo de lucro, sino que simplemente pretende prestar información y ayuda a estos clientes bancarios. Desde allí ha recopilado la mayor base de datos de sentencias judiciales contra bancos en España, no sólo referidas a los swaps, sino que ha expandido su actividad a los afectados por preferentes, hipotecas multidivisa, cláusulas suelo, bonos de Lehman o bancos islandeses, valores Santander y otros productos "tóxicos".
Los swaps de tipos de interíés son un producto que los bancos vendían para proteger a los clientes con hipoteca de las posibles subidas de los tipos. Ahora bien, no se trata de un seguro, que era como normalmente se comercializaba, sino de un derivado parecido a un futuro sobre los tipos de interíés. De modo que, si los tipos subían, lo que ganaba el cliente por el swap compensaba la subida de la letra de la hipoteca; pero si bajaban, el cliente debía abonar al banco la píérdida que sufría el derivado. Este último extremo era desconocido por la inmensa mayoría de los clientes –que pensaba que había contratado un seguro– y que descubrió dolorosamente cuando estalló la crisis financiera y el BCE tuvo que bajar drásticamente los tipos.
En el caso de Wonder Woman, lo descubrió en diciembre de 2008. Pero cuando trató de cancelar el swap para no tener que sufrir las píérdidas, Bankinter –cuyo consejero delegado era entonces Jaime Echegoyen– le informó de que, en ese caso, había una penalización que ascendía a 8.000 euros, de la cual tampoco se solía informar a los clientes. Trató de negociar con el banco, puso una reclamación a su servicio de atención al cliente y acabó en el servicio de reclamaciones del Banco de España, donde le dijeron que no podían hacer nada y que su único recurso eran los tribunales.
Seis años de batalla en los juzgados
Comenzó entonces una odisea judicial. Primero interpuso una demanda acumulada con otros afectados, pero el juez la obligó a 'desacumularla' y a presentarla a título individual en 2001. En 2013, el juzgado de primera instancia número 21 de Madrid la desestimó y absolvió a Bankinter. De modo que Suárez recurrió y ahora, casi seis años despuíés, la Audiencia Provincial ha estimado su recurso y ha condenado al banco a devolverle 13.000 euros –todas las cantidades que tuvo que abonar por el Clip– más otros 1.500 euros de intereses desde la demanda hasta la sentencia.
La victoria de Wonder Woman no es la única que ha obtenido su asociación. Tambiíén acaba de ganar una sentencia que declara la nulidad de los Clips e intercambios de Bankinter. Se trata de una demanda colectiva mercantil, y sus consecuencias son mucho mayores porque Bankinter tiene que cesar en el uso de estos contratos al haber sido declarados nulos y devolver las cantidades a todos los clientes que tengan este producto. Por ello, podrán sumarse otros en el mismo caso invocando este precedente. No obstante, el banco tiene hasta la próxima semana para recurrir.
Empieza a sentarse jurisprudencia
El caso de los Clips ha tenido varias sentencias en direcciones opuestas, pero las malas prácticas comerciales de la banca empiezan a llegar a las más altas instancias. Como es sabido, el Supremo declaró nulas el año pasado las cláusulas suelo de BBVA, Novagalicia (hoy Abanca) y Cajamar, y se espera que en los próximos meses haga lo propio con otras entidades. Asimismo, ya ha dictado dos sentencias sobre preferentes, en las que dictamina que su carácter perpetuo no anula su comercialización, extiende el plazo de prescripción cuando se solicita incumplimiento de contrato y determina que los inversores cualificados no pueden alegar ignorancia aunque no se cumplieran todos los requisitos legales de información.
Asimismo, ya se pronunció en febrero sobre la políémica de los test de idoneidad que esta norma obliga a rellenar para cada cliente. En este caso, lo relevante es si la entidad cumplió o no esa obligación (es decir, si no hubo test, gana el cliente). Pero si el afectado alega que le dieron el test ya rellenado, como hacen muchos, debe probarlo íél, no la entidad.
