Las pequeñas monedas de un cíéntimo y dos cíéntimos de euros podrían tener los meses contados si el Gobierno hace suyo el planteamiento de un estudio de CECA. El análisis, compartido con el Tesoro y el Banco de España, valora la supresión que ya han hecho Finlandia, Holanda, Irlanda o Bíélgica, porque es gravoso acuñarlas y apenas se usan. El coste de producirlas, junto al derivado del transporte de seguridad y manipulación rebasan en un 50 ó 60 por ciento el valor facial de las piezas. Además, la utilización por parte de los ciudadanos no solo es escasa, sino que han perdido un 24 por ciento de su poder adquisitivo en una díécada, estima.
La idea se enmarca entre otras líneas de actuación evaluadas para hacer más eficientes los pagos para la economía y perfiladas despuíés de haber analizado el ciclo del efectivo en trece países. Su detalle se desglosó en unas recientes jornadas sobre el futuro del efectivo en la Asociación Europea de Marketing Financiero (EFMA), que reúne a un millar de entidades.
Controvertidas desde siempre
La acuñación de las monedas de menor valor del euro siempre ha sido controvertida y hasta Bruselas ha aconsejado recientemente a los Estados que ponderen la pertinencia de mantenerlas. Nada más lanzarlas, el 1 de enero de 2002, Bíélgica mostró disconformidad y en Austria se sublevaron los comerciantes para suprimirlas, al considerar que complicaban la operativa diaria e incrementaban los errores a la hora de devolver el cambio.
La razón de la fabricación fue facilitar la transacción a países que, como España, disfrutaban de un fraccionamiento mayor para evitar un redondeo abusivo y hacer más intuitivo el pago a ciudadanos acostumbrados a manejar monedas de bajo importe. Aún así, gran parte de las máquinas expendedoras y las antiguas cabinas telefónicas limitaron la admisión a piezas desde 5 cíéntimos desde el inicio, mientras que otras tiendas han hecho de las ofertas a 19,99 euros, 29,99 euros, etc, el mejor gancho para vender artículos en compras compulsivas donde los números redondos son un freno psicológico.
La discusión ha estado siempre latente. En 2004, el bloque 'pro-supresión' aglutinaba a Alemania, Bíélgica, Finlandia y Holanda, y la Comisión Europea abrió el debate en canal en la primavera del pasado ejercicio. Según el Ejecutivo comunitario, estas piezas habrían provocado píérdidas acumuladas de 1.400 millones en la zona euro desde 2002 por el encarecimiento del cobre con que se fabrican. La cotización de este metal se ha multiplicado por más de cuatro veces desde que fue elegido para la acuñación.
Bruselas aconsejó a los Estados evaluar varias alternativas: dejar de acuñarlas y retirarlas de golpe, fabricarlas con un material barato, mantenerlas pese a todo, o ir a una desaparición progresiva.
El temor de las autoridades se centra en la reacción negativa entre la ciudadanía ante potenciales aumentos de precios. Por eso la Comisión incluye en la propuesta elaborar una norma sobre redondeo que fije reglas claras. El planteamiento no reviste carácter normativo más allá del toque de atención sobre la problemática para evaluarla, si bien atendió un mandato del Parlamento Europeo y de los Estados miembros. En su presentación, el Ejecutivo comunitario detalló que se formuló tras haber consultado a asociaciones de consumidores y empresariales, casas de monedas y bancos centrales sobre los pros y contras de dar el paso.
La mitad se pierde
Los estudios realizados en España y que cuentan con el aval implícito del conjunto de la banca y entidades de medio de pago, estiman casi despreciable el impacto. Limitan a una horquilla de entre el 0,1 y 0,11 por ciento la inflación inducida si se extinguen estas piezas en España. En contrapartida, alegan que el 85 por ciento de los agentes económicos apoyan la supresión de una calderilla que resulta difícil de usar, y donde se pierden la mitad de las piezas, fácilmente abandonadas en cajones al estimar que carecen de valor. En apoyo del planteamiento se apela a la experiencia positiva de Holanda, Finlandia o Bíélgica.
Desde que el euro entró en los bolsillos con el estreno de 2002, se han emitido más de 45.800 millones de monedas de uno y dos cíéntimos, lo que equivale a 137 piezas por ciudadano, según cálculos de Bruselas. No es el único en poner números. Según el Centro Español de la Información del Cobre, retirarlas serviría para recuperar más de 7.000 toneladas de cobre con el que se podría equipar más de 260.000 viviendas con tuberías, colocar en más 230.000 hogares instalaciones elíéctricas o poner 575.000 equipos de energía solar en casas.
Cuando se retiró la peseta de la calle, la Fábrica de Moneda y Timbre se encontró con 34.000 millones de toneladas de material que, tras desmonetizar o invalidar, adjudicó a varias empresas en concurso público para su posterior achatarramiento y reutilización. La vieja divisa ha servido para fabricar mecanismos de embarcaciones, híélices, otras monedas, tuberías, piezas de joyería o cuberterías.
