Mientras la Comisión Europea anuncia futuras directivas para combatir la ingeniería fiscal de las multinacionales, el Gobierno de David Cameron ha pasado directamente al ataque. Su ministro de Finanzas, George Osborne, anunció ayer que a partir del 1 de abril de 2015 (comienzo del año fiscal británico) gravará con un 25% los beneficios obtenidos en Gran Bretaña por las multinacionales que recurren a la ingeniería fiscal para pagar menos impuestos.
El gravamen (bautizado como Diverted Profit Tax) coloca en el punto de mira a las multinacionales que trasvasan los beneficios obtenidos en todo el mercado europeo hacia los países que les garantizan una mínima imposición. El esquema es utilizado por grandes empresas como Amazon, Apple o Starbucks, que rinden cuentas fiscales en Luxemburgo, Irlanda y Holanda, respectivamente.
Londres calcula que el nuevo impuesto recaudará solo unos 25 millones de libras en el primer ejercicio. Pero a partir del segundo alcanzará una media de unos 350 millones de libras al año, y sumará más de 1.300 millones de libras hasta la primavera de 2020. “Vamos a garantizar que las multinacionales pagan lo que les correspondeâ€, señaló Osborne ante el Parlamento británico durante la presentación de un documento conocido como Declaración presupuestaria de otoño, en el que se detallan las principales novedades impositivas para el próximo año.
El impuesto se aplicará cuando Londres detecte que una empresa genera grandes ingresos en el mercado británico pero apenas paga impuestos porque traslada los beneficios a otro país. En esos casos, la hacienda británica se quedará con 25% del beneficio trasladado, un tipo de imposición que puede ser disuasorio.
Osborne aseguró que la medida será pionera entre los países más industrializados del planeta, lo que parece pronosticar que se podría extender a otras jurisdicciones donde la elusión fiscal se ha convertido en un quebradero de cabeza político y económico para las autoridades.
En el seno de la UE, el problema alcanzó proporciones de escándalo tras la reciente filtración de los acuerdos firmados por Luxemburgo con 304 compañías para permitirles rebajar su carga fiscal hasta el 1% en algunos casos. Los acuerdos se firmaron cuando Jean-Claude Juncker, actual presidente de la comisión Europea, era el primer ministro y ministro de Finanzas de Luxemburgo.
