Por... Leovani Garcia Olivarez
En una arremetida contra la corrupción en Brasil, el Ministerio Público acaba de presentar cargos contra exempleados del gobierno de Sao Paulo y ejecutivos de empresas en dos sonados escándalos de desvío y lavado de dinero y evasión fiscal.
El primer caso que involucra al opositor Partido de la Social Democracia (PSDB) se refiere al cartel de compañías creado entre 1999 y 2008 para conseguir contratos fraudulentos de mantenimiento y reparación del metro (tren subterráneo) de ese estado.
Tras la conclusión de las investigaciones la justicia brasileña acusó ayer a 33 personas, entre exfuncionarios del gobierno paulista y directivos de empresas, de corrupción activa, formación de pandilla, lavado de dinero y evasión fiscal.
Las pesquisas se iniciaron en 2008 tras una denuncia realizada por un exdirector de la multinacional alemana Siemens y ganó fuerza el pasado año cuando esa compañía decidió colaborar con las indagaciones.
Siemens contó que participó junto con otras firmas extranjeras en un cartel para conseguir contratos de construcción y mantenimiento de los sistemas trenes y metro con la Compañía Paulista del Trenes Metropolitanos en los sucesivos gobiernos estaduales del PSDB.
Los convenios eran inflados en un 30 por ciento y el cartel fijaba los precios de licitaciones para contratos para impedir la competencia.
Entre las compañías implicados en este escándalo aparecen la española CAF, la japonesa Mitsui, la canadiense Bombardier, la francesa Alstom y Siemens, entre otras,
Según el Consejo Administrativo de Defensa Económica, un total 18 empresas formaron un cartel que participó en 15 proyectos por valor de cuatro mil millones de dólares.
El Supremo Tribunal Federal investiga asimismo la participación en este ilícito de los diputados federales Josíé Aníbal, del PSDB, y Rodrigo García (Partido Demócrata), así como exsecretarios del gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin.
El otro caso alude al escándalo de desvío de fondos y sobrevaloración de contratos de empresas constructoras con Petrobras.
El Ministerio Público Federal pidió al juez Sergio Moro, a cargo de las pesquisas sobre el esquema de corrupción en la petrolera estatal, que sancione por lavado de dinero, desvío de fondos y corrupción activa al exdirector de Abastecimiento Paulo Roberto Costa, y al empresario Alberto Youssef, así como a otros siete empresarios.
Los ejecutivos de entidades constructoras aparecen como sospechosos de integrar una red para conseguir convenios inflados con Petrobras y entregar propinas a empleados y partidos políticos.
Se estima que este esquema de desvío de recursos movió entre 2004 y 2012 unos 10 mil millones de reales (unos cuatro mil millones de dólares).
