El Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene previsto anunciar hoy el retraso durante tres meses de la entrega a las operadoras de telecomunicaciones (Movistar, Vodafone y Orange) de las frecuencias radioelíéctricas conocidas como el dividendo digital, que ahora ocupan las emisiones de TDT y que corresponden a la banda de 800 megahercios, por las que las telecos pagaron 1.200 millones de euros en 2011.
Es decir, en vez de entregarles las frecuencias el 1 de enero de 2015 se les entregarán el 1 de abril. Eso supone que el apagado de los canales de TDT que se están emitiendo en esas frecuencias no se producirá el 31 de diciembre de 2014, sino el 31 de marzo de 2015.
La decisión del Ministerio de Industria obedece a dos razones fundamentales: la presión de las televisiones en abierto (Atresmedia y Mediaset) y, sobre todo, el temor del Ejecutivo a que el ritmo de reantenización de los hogares, que marcha a un ritmo mucho más lento de lo esperado, provoque un caos en el que millones de hogares puedan perder la recepción de canales de televisión en los primeros meses de 2015.
Como los canales de TDT se trasladan de una zona del dial a otra, los hogares tienen que modificar las antenas colectivas. El Gobierno estimó que debían modificarse alrededor de un millón de antenas colectivas instaladas en otros tantos edificios, pero las estimaciones de la industria consideran que para finales de año se habrá logrado reantenizar sólo unos 500.000 hogares, es decir el 50% del total.
El Gobierno teme que ese hecho provocaría que muchos ciudadanos perdiesen la recepción de canales de televisión lo que generaría mucha irritación en la población a pocos meses de las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo, lo que podría convertir en mero proceso tíécnico en un autíéntico problema político.
Esa situación llevó hace dos semanas a un grupo de entidades implicadas en el proceso a denunciar la situación de retraso en la reantenización y a solicitar públicamente una prórroga de tres meses en el apagado de los canales de la TDT, es decir, exactamente la medida que se dispone a anunciar hoy el Ejecutivo.
Esa carta –que fue reforzada por una carta que se entregó a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, y que estaba redactada en tíérminos más duros- estaba respaldada por la asociación de las televisiones comerciales Uteca (básicamente Atresmedia y Mediaset); las televisiones autonómicas (Forta), la asociación de instaladadores de telecomunicaciones (Fenitel, que agrupa a la mayoría de las asociaciones de antenistas) y el Consejo de Consumidores y Usuarios, que agrupa a las principales organizaciones de consumidores.
Con esa prórroga de tres meses, los antenistas consideran que dará tiempo a que el nivel de reantenización sea mucho más alto, y que se sitúe por encima del 85% de los hogares en marzo, de forma que el número de ciudadanos afectados sea mucho menor, y el peligro político disminuya.
Para implantar esta decisión, el Ejecutivo deberá modificar la regulación actual, ya que la fecha límite del 1 de enero de 2015 para entregar las frecuencias a las telecos –y por tanto para apagar los canales de televisión- figura no sólo en el decreto por el que se establecieron los tíérminos de la subasta en la que se adjudicaron las frecuencias, sino, sobre todo, en una norma con rango de ley: La Ley de Economía Sostenible, que en su artículo 51 señala: «La banda de frecuencias 790-862 MHz se destinará principalmente para la prestación de servicios avanzados de comunicaciones electrónicas, en línea con los usos armonizados que se acuerden en la Unión Europea. Esta banda deberá quedar libre para poder ser asignada a sus nuevos usos antes del 1 de enero de 2015».
Eso significa que la modificación legislativa para variar esa fecha deberá tener tambiíén rango de Ley. Anteaayer, el ministro de Industria, Josíé Manuel Soria, dio la primera pista sobre las intenciones del Gobierno de retrasar el proceso, pero fue ayer, en una interpelación en el Congreso cuando especificó que tenía aún dos consejos de ministros antes de final de año para aprobar la modificación regulatoria
