El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes la prórroga de tres meses -hasta el 31 de marzo de 2015- para el apagón de determinadas frecuencias de la Televisión Digital Terrestre (TDT) atendiendo a las peticiones de los operadores de televisión, las empresas de antenistas y algunas organizaciones de usuarios, ante el retraso que se está produciendo en la adaptación de muchos edificios a las nuevas frecuencias a las que se mudan los canales para dejar sitio a la telefonía móvil de cuarta generación, indicaron en fuentes del sector de telecomunicaciones.
El Ministerio de Industria abrió el pasado 26 de octubre el plazo para que los programas de televisión comenzarán a emitirse a travíés de las nuevas frecuencias asignadas en el Plan Tíécnico de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y daba como plazo el 31 de diciembre de 2014 para completar el proceso.
En ese periodo, los usuarios para poder continuar recibiendo la oferta completa de canales de televisión debían realizar adaptaciones en las instalaciones de antena colectiva de los edificios. Industria calculó que sería preciso adaptar en torno a un millón de inmuebles. No obstante, tanto las televisiones privadas representadas en Uteca (encabezadas por Atresmedia y Mediaset) y autonómicas (Forta), como las asociaciones de antenistas (Fenitel) y las de consumidores pidieron una prórroga de tres meses argumentando que solo la mitad de los edificios afectados ha acometido el proceso de reantenización. Con la prórroga que tiene previsto aprobar este viernes el Gobierno (o la sumo en el próximo Consejo de Ministros), el plazo para la adaptación se extiende hasta el 31 de marzo de 2015.
El ministro de Industria, Josíé Manuel Soria, ha minimizado el impacto del apagón indicando que en las viviendas no adaptadas solo se van a dejar de ver "aquellos canales de menor audiencia y los que los propios operadores han señalado".
Quejas de los operadores de móvil
La medida afectará negativamente a las operadoras de telecomunicaciones, puesto que no podrán comenzar a dar servicio 4G por la banda de frecuencias de 800 megahercios, por las que las pagaron en una subasta 1.200 millones de euros en 2011. Por eso, en fuentes del sector señalaron a este diario que están estudiando la presentación de un recurso ante instancias administrativas o judiciales contra la medida por incumplimiento de las condiciones de la adjudicación, y exigir una indemnización por los perjuicios de la demora.
Y es que la fecha del 1 de enero de 2015, además de un compromiso del Gobierno, figura tanto en las condiciones de adjudicación de la subasta de frecuencias como en la Ley de Economía Sostenible, que adapta la normativa comunitaria por la que la banda de frecuencias 790-862 MHz debe quedar libre en esa fecha para ser destinada a las prestaciones de la cuarta generación de telefonía móvil.
Además, las compañías de móvil consideran “completamente desproporcionada y con un coste abusivo†la medida adicional decretada por el Ministerio de Industria para que costeen los ajustes tíécnicos necesarios para evitar interferencias en la zona fronteriza de frecuencias en las que operarán servicios de telefonía y de televisión. Se estima que estas adaptaciones, que sufragarán en solitario las operadoras de telefonía, costarán en torno a los 100 millones de euros
