El Gobierno quiere apaciguar las aguas mediáticas con las elecciones autonómicas y generales a la vuelta de la esquina. Al punto que, según aseguran fuentes conocedoras de las conversaciones, Moncloa ha retomado los contactos con los principales grupos audiovisuales para blindar los ocho canales que tienen en el alero y que una sentencia del Tribunal Supremo podría llevar a negro en las próximas semanas. Todo se sustanciará en un ‘macrodecreto’ que el Ejecutivo prepara para apuntalar diversos cabos sueltos que condicionan el sector. De hecho, está previsto que el Consejo de Ministros aborde la cuestión en una de sus próximas sesiones.
Las conversaciones se celebran al más alto nivel, con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, como principal interlocutora. Incluso no se descarta que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reúna en los próximos días con los principales interesados; Mediaset y Atresmedia. Todos se han aplicado de firme para buscar soluciones a la posible eliminación de nuevas frecuencias, despuíés de que el Supremo ya obligara al cierre de nueve canales en mayo, tras anularse las concesiones hechas durante la era Zapatero sin mediar concurso. El fallo pendiente, con argumentos jurídicos similares, pone en jaque otras ocho cadenas. Y nadie se lo toma ya en broma.
Según aseguran estas fuentes, se trabaja en diversos escenarios, especialmente en fórmulas que desactiven el impacto de una sentencia negativa, si es que esta termina produciíéndose. Y es que el Gobierno ha dejado claro que, como es natural, nada puede hacer –salvo ejecutar la sentencia– si el Supremo obliga a eliminar los canales. Para ese supuesto, que obligaría a convocar nuevos concursos, Moncloa se plantea fijar importantes limitaciones a que grandes multinacionales extranjeras puedan concurrir para obtener una licencia, lo que terminaría dejando las nuevas concesiones prácticamente en manos de los mismos operadores.
Industria ya abrió la vía para dulcificar el efecto del fallo, al presentar en septiembre el plan tíécnico para la TDT y el dividendo digital. Y es que su hoja de ruta concede a los operadores espectro, pero sin vincularlo explícitamente al número de canales televisivos que cada uno explota, un escenario que les permitiría poner en antena los canales que estimaran oportuno. Eso sí, hay un obstáculo, víéase las limitaciones que establece la Ley Audiovisual, que contempla que “las mejoras tecnológicas que permitan un mayor aprovechamiento del dominio público radioelíéctrico (…) no ampliarán, sin embargo, el disfrute del número de canales individualesâ€.
Nada insalvable. Bastaría con que el ‘macrodecreto’ que ultima el Ejecutivo derogara esa restricción, contenida en una disposición transitoria. De hecho, caso de aprobarse antes del fallo del Supremo, los afectados siempre podrán argumentar ante el Alto Tribunal que ya no ha lugar al contencioso en marcha por los ocho canales, en tanto la nueva ley supera la problemática. Se trataría de una jugada maestra en dos fases para solventar un problema que mantiene desde hace meses en jaque al sector audiovisual, en un momento en el que las cuentas de los grandes grupos empiezan a ver la luz al final del túnel gracias a la recuperación publicitaria.
Malas relaciones
Esta búsqueda de consenso se produce en la última parte de una legislatura marcada por la mala relación del Gobierno con los medios de comunicación. Tambiíén por una postrera necesidad de reconducir esos lazos ante la inminencia de los procesos electorales. No hace demasiado que Moncloa encendía todas las alarmas en Antena 3 y Telecinco, al aprobar el Grupo Popular en el Congreso una proposición no de ley en la que se fomentaba la obtención de ingresos comerciales en RTVE, “incluidos los derivados de la participación en el mercado de la publicidadâ€. Toda una espada de Damocles sobre la cabeza de las cadenas privadas, ya que la vuelta de los anuncios a la televisión pública comprometería su facturación.
En el fondo, el movimiento no respondía sino a una presión más sobre las díscolas cadenas. Y es que el sentimiento en una facción del Partido Popular es que televisiones como laSexta y Cuatro, segundas marcas de los dos grandes grupos audiovisuales, han propiciado y fomentan fenómenos como el de Podemos. En este sentido, creen que han sido poco generosas con el Gobierno del PP, que sin embargo se implicó decididamente para que Atresmedia pudiera hacerse con la cadena de los Mediapro o Televisa pese a la oposición de Competencia. Cualquier acuerdo que haga el tránsito por 2015 más fácil será bienvenido por todos. Las urnas esperan.
