Standard & Poor’s negocia un pacto para saldar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos la demanda por haber inflado la nota de los paquetes de deuda estructurados que incluían hipotecas subprime, los títulos que detonaron la crisis financiera de 2008. S&P es la única de las tres grandes (apelativo que comparte con Moody’s y Fitch) demandada por el Gobierno de EE UU, algo que la agencia achaca a que fue tambiíén la única que privó a la deuda soberana estadounidense de la triple A, la máxima nota de solvencia.
Sería el último acto de Eric Holder contra los abusos que están detrás de la crisis financiera, antes de que deje el cargo de fiscal general. La fiscalía reclamó hace dos años a S&P una compensación por las píérdidas que provocó su conducta fraudulenta, que en su día valoró en 5.000 millones de dólares (4.250 millones de euros).
La sanción final, que sigue aún negociándose con Justicia y los fiscales de varios estados, podría rondar sin embargo los 1.000 millones de dólares (850 millones de euros). Es una cantidad muy similar a la que se ofreció a la filial de McGraw Hill Financial antes de que se lanzara el proceso. El litigio podría resolverse así por la vía extrajudicial, para evitar que la batalla legal se prolongara.
S&P puso nota a paquetes de deuda hipotecaria por valor de 2,8 billones de dólares entre 2004 y 2007. A esta cantidad se suman 1,2 billones a seguros por impago, que cubren los activos de alto riesgo. La fiscalía acusó a la institución financiera de haber engañado a los inversores al decir que la calificación que concedió era objetiva y sin conflictos de interíés.
Sin embargo, entre la masa de documentos entregados como prueba hay mensajes internos que muestran que la firma subestimó a conciencia el riesgo de esos activos y que aventuraban el desplome que se vio despuíés. La Administración de Barack Obama indicó que sin esa calificación desorbitada, las instituciones financieras no habrían invertido en esos paquetes de deuda.
S&P argumentó que el resto de actores del mercado y los propios reguladores —incluida la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro— hicieron el mismo análisis positivo del mercado hipotecario antes de mostrar signos de fatiga en el otoño de 2007. En paralelo, la firma adoptó medidas para cambiar su modelo de trabajo.
La multa final a S&P es pequeña cuando se compara con los 16.650 millones de dólares que el pasado verano se impuso a Bank of America por la manera en la que Merrill Lynch y Countrywide empaquetaron la deuda hipotecaria. Hace un año JPMorgan Chase pactó un desembolso de 13.000 millones para poder dar carpetazo a investigaciones similares.
