El Gobierno quiere poner coto a las mafias que se están introduciendo en el sector energíético español. Para ello, quiere aprovechar la reforma de la ley de hidrocarburos con la intención de frenar el fraude existente en la recaudación del IVA por parte de la Agencia Tributaria en algunas operaciones al por mayor de hidrocarburos.
Según se desprende de la memoria económica que ha elaborado el Ministerio de Industria, durante los últimos cuatros años se han detectado 240 millones de euros de fraude en algunos operadores al por mayor de combustibles.
Tal y como explica el Ejecutivo, estos operadores no tienen la obligación de realizar el pago del IVA en el momento de adquirir el combustible, por lo que pasados unos meses -cuando llega la hora de liquidar el impuesto- las sociedades que realizaron las compras desaparecen ocultas en un entramado de empresas pantalla, dejando sin liquidar el impuesto y causando un importante quebranto a las arcas públicas.
Esta situación ha provocado una profunda preocupación en toda Europa donde se considera que este tipo de fraudes suponen unas píérdidas cercanas a los 5.000 millones de euros y afectan tambiíén tanto al sector elíéctrico como al gasista.
Alerta de Europol
Europol considera que detrás de este tipo de prácticas se ocultan mafias cuyo propósito es defraudar cantidades millonarias a los Gobiernos europeos.
Para evitarlo, la propia Comisión Europa y un total de diez organismos, entre las que figuran, el Consejo Europeo de Reguladores Energíéticos, la Federación Europea de traders de energía; la patronal elíéctrica europea, Eurelectric; la del gas Eurogas, la Association of European Energy Exchanges (Europex), Gas Infrastructure Europe (GIE) y la London Energy Brokers Association (LEBA)-, entre otros, llevan cuatro años coordinando esfuerzos para paliar esta situación.
Hasta el momento, sólo seis Estados miembros han traspuesto el paquete de medidas legales que aprobó la Comisión Europea a su legislación nacional en 2006, en concreto, Austria, Francia, Alemania, Países Bajos, Rumanía y Reino Unido. España, tras constatar que tambiíén se está viendo afectada por la actuación de este tipo de mafias ha decidido tomar cartas en el asunto y ha propuesto varias medidas.
La intención del Gobierno para evitar este tipo de fraude consistirá en sustituir en el texto de la ley que comenzará a tramitarse este próximo mes de febrero, los tres millones de euros de recursos propios que antes se exigían como forma de acreditar la capacidad económica por una garantía ante la caja general de depósitos.
Los nuevos operadores deberán presentar esta garantía ante el Ministerio de Industria junto a la declaración responsable de inicio de actividad y en el caso de que desaparezcan, el Gobierno podrá tomar esta cantidad para evitar esos impagos y como fórmula de mayor protección.
El Ejecutivo decidirá el importe de esta garantía en un próximo reglamento y se revisará de forma periódica. No obstante, exhime a los operadores que en la actualidad ya están operando en España de formalizar estas garantías.
Recaudación por impuestos
El nuevo impuesto para los hidrocarburos, tal y como explica el Gobierno, tendrá un tipo superior para el petróleo que para el gas natural al considerar que el primero obtiene unas mayores tasas de renta- bilidad. El tipo a aplicar además será progresivo en relación con el volumen de producción.
El gas no convencional tendrá un tipo específico ligeramente inferior a su homólogo convencional ya que presenta unos costes de explotación sensiblemente superiores.
El Gobierno presenta en su memoria económica una estimación de los ingresos que puede lograr con los nuevos impuestos. Para ello, han decidido estimar en un 20 por ciento los recursos prospectivos que acaban convirtiíéndose en reservas probadas y que se extraerán durante los próximos 20 años a un ritmo constante ( en el caso del gas no convencional se estima a 30 años) con un precio del crudo de 70 dólares por barril y del gas de 0,3036 euros / metro cúbico.
En el caso del escenario conservador, el Ejecutivo espera apenas recibir unos ingresos de 10,5 millones de euros y se corresponde a una estimación a partir de los campos que actualmente están en producción.
Para la estimación más optimista se espera una recaudación de 320,9 millones de euros, que se desglosan en 316 millones del impuesto del valor de extracción y 2,3 millones por cada uno de los nuevos cánones.
La nueva legislación se considera que puede suponer un impulso a la exploración de hidrocarburos en España ya que puede ayudar a incrementar la aceptación de autonomías, municipios y ciudadanos al poder recibir nuevos ingresos.
