Quizá no sea el principal cártel de los 28 acreditados por las autoridades de competencia desde principios de los años 90 pero seguro que es uno de los más llamativos por la importancia de las empresas afectadas. La CNMC ha hecho pública una resolución que va a trastocar los cimientos de uno de los negocios básicos de las grandes constructoras como es la gestión de residuos y el saneamiento urbano. El llamado “cártel de la basura†que integra entre sus principales socios a los grupos empresariales de ACS (ver cotización), FCC (ver cotización), Sacyr (ver cotización) y Ferrovial (ver cotización) ha sido desmontado despuíés de una investigación de dos años que ahora se salda con una multa conjunta de 98,2 millones de euros.
Las sanciones afectan a un total de 39 empresas que han estado operando de manera secreta en contra de los más elementales principios de la ley de Defensa de la Competencia. El G-30, como tambiíén es conocido en el argot de la CNMC, actuaba como un entramado de pactos colusorios, repartiíéndose los contratos de sus clientes, principalmente los grandes ayuntamientos de diversas capitales de provincia en todo el territorio nacional. Las pruebas de la investigación evidencian una pauta de funcionamiento elemental y descarada que implicaba incluso la adopción de medidas correctoras para aquellas compañías novatas que se incorporaban a este tipo de contratación pública.
Las cuatro grandes marcas de este segmento de mercado, todas ellas sociedades cotizadas, acumulan unas multas por valor de 72 millones de euros, lo que supone un 75% de la sanción total impuesta por la CNMC que preside Josíé María Marín Quemada. El supervisor mayor del Reino considera que las prácticas concertadas de todas estas compañías estaban integradas en su política comercial y en algunas ocasiones se traducían en una clara manifestación de sabotaje mediante pactos de no concurrencia orientados a dejar desiertas las licitaciones que no ofrecían suficiente interíés económico.
Entre las múltiples contrataciones públicas que han sido objeto de investigación en el expediente de sanción destacan diversas licitaciones del Ayuntamiento de Madrid, como las de limpieza viaria y jardinería además del cíélebre contrato de residuos urbanos de la periferia de la capital. La CNMC señala en su resolución que FCC, Cespa (Ferrovial) y Urbaser (ACS) firmaron hasta el año 2013 un acuerdo para coordinarse y actuar de forma conjunta de manera que la adjudicación fuera tradicionalmente a parar en favor del grupo que ahora controla Esther Koplowitz en compañía del magnate mexicano Carlos Slim.
Hechos probados entre 2000 y 2013
Las autoridades de competencia denuncian de la misma manera pactos equivalentes entre Cespa, Urbaser y Valoriza (Sacyr) para no competir y repartirse el contrato de dos plantas de biometanización en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. Otros ejemplos pueblan el expediente con casos análogos en el País Vasco, Málaga, Ceuta y Melilla, entre otras localidades. La instrucción de la CNMC se inició a principios de 2012 a raíz de una investigación para la adjudicación de material hospitalario en Baleares. La resolución final incluye numerosos hechos probados ilícitos entre los años 2000 a 2013.
La materialización de los pactos colusorios se efectuaba tambiíén a travíés de las propias asociaciones sectoriales, como son ASELIP en el segmento de saneamiento urbano o AREMA en el ámbito de la recuperación de papel y cartón. Dichas organizaciones empresariales llegaban a fijar códigos internos de conducta para que sus asociados supieran a quíé atenerse o establecían recomendaciones colectivas recordando la necesidad de respetar los clientes respectivos de cada uno de sus miembros. Los repartos de mercado se plasmaban luego en múltiples formas, bien a travíés de pactos bilaterales, sociedades conjuntas o uniones temporales de empresas (UTE).
La cuantía de las multas equivale al 3% del volumen de negocio obtenido por cada una de las empresas infractoras a lo largo de todos estos años en los distintos mercados objeto de la investigación. La palma se la lleva Urbaser, integrada en el grupo ACS de Florentino Píérez, con un total de 23,2 millones de euros. A continuación aparece FCC, con 16,8 millones; Valoriza, con 15,2 millones y Cespa, con 13,6. Saica Natur, con 5,3 millones; Holmen Paper Madrid, con 4,8 y Befesa, con 3,6 millones figuran tambiíén en los primeros lugares del deshonroso ranking elaborado por la CNMC.
