Los grandes inversores, al igual que los pequeños ahorradores que vieron volatilizarse el patrimonio comprometido en la salida a bolsa de Bankia, sopesan si recurrir. Y, a priori, numerosas empresas se inclinan por no intentar recuperar el dinero en los tribunales, a pesar de que el informe de los peritos del Banco de España habría allanado el camino, al cuestionar la veracidad de los balances con los que el banco se presentó a los inversores para dar el salto al parquíé.
Pesa como argumentario oficial que, en su calidad de inversores cualificados, se les presupone conocedores del riesgo que asumían en una operación de salida a bolsa, circunstancia susceptible de dificultar la reclamación en sede judicial. El Gobierno busca argumentos para exculpar a los imputados de Bankia.
Sin embargo, algunas empresas reconocen otro interíés. El deseo de "no hacer ruido" en un proceso donde el Estado, como dueño de Bankia, se juega indemnizaciones millonarias y salir salpicado por la causa al haber empujado la operación.
Si la Audiencia Nacional diese la razón a los querellantes, el grupo BFA-Bankia se enfrentaría al riesgo de tener que devolver un máximo de 3.000 millones de euros captados con su debut bursátil hace tres años y medio. Hasta 1.247 millones fueron puestos por inversores institucionales, de forma que sus renuncias a reclamar el dinero perdido aliviaría parte o gran parte de la onerosa factura potencial.
Operación de Estado
Sería casi un doble servicio al Estado en la misma operación. Y es que gran parte de las empresas respaldaron, con recursos, una colocación, en la que había mucho en juego y peligraba. Para restaurar la confianza en la salud de la banca, el Gobierno del PSOE había elevado la exigencia de solvencia al 10% en las antiguas cajas no cotizadas, obligando a Bankia a ir al parquíé para rebajar su umbral al 8% o planearse la alternativa de solicitar ayudas. Los peritos acusan a Bankia de un píésimo control del riesgo de críédito.
El momento era sumamente desafiante, porque se gestó en medio de una tormenta bursátil sin precedentes, con el rescate de Grecia en el aire, ataques especulativos contra la deuda apostando por la ruptura del euro, y con la prima de riesgo disparada. En este contexto, su colocación se resolvió gracias al apoyo mayoritario de inversores españoles, ante la renuncia de los foráneos a meter dinero en bancos europeos.
El equipo encargado de la colocación realizó una gira mundial para presentar el proyecto a unos 1.700 inversores, pero fue el compromiso de los nacionales el que garantizó el íéxito, animados, como se conoció en su día, tambiíén por el Ministerio de Economía.
En el mercado creen que la cualidad de inversor institucional y el deseo de pasar página desalentaría hoy a recurrir a empresas como Telefónica, Iberdrola, Banco Santander, Caixabank, Popular, Sabadell o, incluso, Ence. Otras como Bankinter o Ibercaja tampoco irían, si bien la razón es que la posición se tomó a travíés de sus gestoras, dentro de su operativa normal y se deshizo antes de que el valor de Bankia colapsase con la nacionalización.
No obstante, la decisión está lejos de ser fácil y podría mutar. Y es que otros inversores analizan si deben reclamar el dinero sepultado en la inversión, porque inhibirse les expone a que sean sus propios accionistas los que les obliguen a dar el paso mediante una acción de responsabilidad, que cuestionaría la propia gestión en la operación.
Los inversores institucionales se observan de reojo ante la eventualidad de que se presente una querella, porque su simple formulación y, más aún una resolución positiva, abriría la vía para una potencial avalancha de reclamaciones, sobre todo, si sus accionistas lo exigen.
Balances irreales
La circunstancia de ser inversor cualificado podría ser insuficiente para que un juez falle en su contra si asumiese el magistrado la tesis del informe pericial. Los peritos cedidos por el Banco de España para analizar los acontecimientos que rodearon la salida a bolsa, concluyeron que se formalizó con cuentas que no reflejaban la imagen fiel de la entidad.
El estudio pone en entredicho además el precio fijado en la colocación y la concurrencia de algunos inversores para garantizarse el íéxito. Por un lado, pone el acento en que Mapfre, aliada estratíégica histórica de Caja Madrid, y participada en aquel momento por Bankia como dueña de un 15% de su capital, invirtió 281 millones. Otras sociedades dependientes del grupo bancario compraron acciones por valor de 76 millones. El documento pericial subraya además que más de una quincena de empresas que adquirieron títulos tenían operaciones refinancidas por la entidad financiera.
El informe repara además en las ventas inmediatas de algunos inversores, entre los que figura la Cámara de Comercio -había invertido 12 millones-, lo que "pone en duda el interíés real", a su juicio.
El Frob y el banco negocian el reparto de las indemnizaciones
¿Quiíén debe asumir la factura del 'roto' a los ahorradores? ¿El Estado o el banco? Bankia apuntó en un inicio que la cobertura sería asumida por la matriz BFA, propiedad del Estado y el mayor accionista del banco cotizado. Pero en la actualidad se negocia una compensación compartida y se baraja que Bankia asuma hasta un tercio de la carga y el resto corra a cargo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). Según algunas fuentes, el organismo estima en unos 500 millones el impacto potencial, correspondiendo a Bankia sufragar unos 200 millones.
Esta cuantía está muy alejada de los 3.000 millones que el banco captó entre un centenar de inversores institucionales -29 de ellos tomaron posiciones de entre 5 millones y 281 millones de euros- y unos 350.000 pequeños ahorradores. El reparto de la indemnización potencial es relevante, porque el dinero a sufragar por el Frob son ayudas que no recuperan los contribuyentes y si lo abona Bankia, es merma para su inversor actual.
