EFE
La Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China (CRMV) está barajando delegar la aprobación de nuevas ofertas públicas de valores (OPV) directamente a las bolsas de Shanghái y Shenzen a partir de este mismo año, según reveló hoy el diario independiente "South China Morning Post".
El diario cita a dos fuentes no identificadas de la propia CRMV para asegurar que ambos parquíés podrían empezar a tener poder de veto sobre el lanzamiento de nuevas OPV a partir de junio próximo, y que por ahora parece probable que las dos bolsas chinas, como poco, empiecen a revisar solicitudes de OPV bajo un programa piloto.
El cambio supondrá pasar de un sistema en el que todas las salidas a bolsa deben ser sometidas a la aprobación previa del regulador chino a uno más acorde con las prácticas internacionales, basado en el mercado, uno de los principales objetivos actuales del organismo.
En efecto, "la reforma aspira a implementar un sistema de OPV basado en el registro" de las empresas que quieran lanzar sus acciones ante el propio mercado de valores, explicó el analista Ding Xiaowen, directivo de la división de banca de inversiones de la corredora bursátil UBS.
Ding cree que sólo es cuestión de tiempo que se materialice esa idea, e "incluso si no se implementara este año, entraría en vigor el año que viene".
Un sistema de inscripción supondría que, para salir al mercado, las empresas ya no deberían presentar sus cuentas ante la CRMV, sino publicarlas ante la bolsa correspondiente, con un resumen actualizado de sus operaciones, para dejar que sea el propio mercado el que decida su valoración.
Con todo, el propio regulador contempla con preocupación la posibilidad de que esto abra las puertas tambiíén al fraude por parte de numerosas empresas que podrían acudir al mercado con datos falseados, ya que las bolsas chinas tienen poca experiencia en el análisis de documentos de solicitud de salida al mercado.
Según las fuentes del diario hongkoníés, es probable que la CRMV permita en un principio a Shanghái y Shenzhen que empiecen a revisar una parte de las solicitudes de OPV que actualmente están pendientes de aprobación, unas 600, debido a las que se amontonaron durante el parón de salidas que hubo entre octubre de 2012 y enero de 2014.
Por ahora rigen las normas de la CRMV de 2013 por las que las empresas deben superar un proceso de 10 pasos burocráticos diferentes antes de poder conseguir la luz verde para salir al mercado, incluido un proceso de verificación de su estado financiero mucho más estricto y lento que el que se usaba anteriormente.
Este proceso se fijó poco despuíés de la paralización de todos los procesos de solicitud de OPV en 2012, junto con varias medidas para restringir el acceso de las firmas con peores resultados a los parquíés de Shanghái y Shenzhen, despuíés de las fuertes píérdidas que acumularon durante más de tres años.
En parte aquellas píérdidas se debieron a que se toleró un aluvión de OPV, que infló de manera irreal los precios de salida al mercado de las empresas y drenó buena parte de las inversiones en otras firmas para especular en las reciíén llegadas.
A los pocos días de cada salida, el mercado equilibraba a la baja los precios reales de las nuevas acciones, y millones de pequeños inversores sufrían una y otra vez fuertes píérdidas, como principales víctimas de estas exageraciones fraudulentas, de ahí que se endureciera el mecanismo que ahora se está estudiando delegar.
