Los pagos con dinero negro para reformar la sede central del Partido Popular irán a juicio. Un informe de Hacienda presentado al juez Pablo Ruz concluye que el despacho de arquitectos al que encomendó la obra cometió tres delitos fiscales por no declarar pagos en B; entre ellos, los anotados por el ex tesorero Luis Bárcenas en la contabilidad opaca de la formación.
Hasta la fecha, tanto Hacienda como la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía (Udef) habían aportado al magistrado de la Audiencia Nacional informes provisionales que confirmaban la veracidad de los papeles de Bárcenas y elevaban lo pagado en negro hasta los 1,7 millones. Pero que los pagos en B fueran finalmente a juicio pasaba por que Hacienda hiciese los cálculos definitivos y comprobase si el despacho de arquitectos Unifica había superado la cuota defraudada de 120.000 euros, a partir de la cual existe delito. Lo contrario habría dejado todo el asunto en una simple infracción administrativa que no se ventilaría en público. El resultado estaba en el aire, ya que los pagos en B del PP, pese a ser cuantiosos, debían repartirse en más de un ejercicio.
Finalmente, Hacienda estima que los socios de Unifica cometieron tres delitos fiscales, en los que habrían participado como cooperadores necesarios Bárcenas y su entonces subordinado y gerente del PP, Cristóbal Páez.
Los autores de los delitos serían los dos socios de Unifica Servicios Integrales, Gonzalo Urquijo y Belíén García, que habrían contado con la colaboración imprescindible de Bárcenas y Páez. La imputación del ex tesorero es más clara, ya que confesó ante Ruz los pagos en B al arquitecto Urquijo. La documentación requisada a Unifica y al PP en los registros ordenados por el juez tambiíén respalda los pagos en negro, según los investigadores.
La constatación de que se había rebasado la cuota delictiva llevó ayer al juez Ruz a ofrecer a la Abogacía del Estado que se persone como acusación en la causa de los papeles de Bárcenas. Lo haría en nombre de Hacienda, la perjudicada por el presunto fraude fiscal. Fuentes jurídicas dan por segura esa personación, que hasta ahora no se había producido ante la falta de un informe definitivo que detectase con claridad delitos fiscales.
El PP se libra del banquillo
Por su parte, el Partido Popular como tal no tendrá que sentarse en el eventual banquillo. Cuando se cometieron los hechos, el Código Penal no contemplaba la posibilidad de que un partido político pudiera ser acusado, algo que sí sucede hoy en día. De lo que no podrá escaparse -salvo que los implicados alcancen un acuerdo con las acusaciones- es de que su contabilidad B se airee en un juicio público.
Según indicaron fuentes jurídicas, el informe de la Onif (Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude) concluye que se cometieron tres delitos fiscales: uno por el Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio de 2007 y otro por fraude de IVA (ejercicios 2007 y 2008).
En algún caso se ha alcanzado esa cuota delictiva de 120.000 euros defraudados, porque el del PP no fue el único dinero negro que ocultaron los responsables del despacho. Los pagos de otros clientes que tambiíén se mantuvieron opacos se han sumado a los del PP.
En sus escritos al juzgado, la defensa de Unifica ha planteado que el ejercicio de 2007 habría prescrito, ya que el interrogatorio a los imputados se habría producido días despuíés de cumplirse el plazo máximo para perseguir el delito. Sin embargo, fuentes jurídicas señalan que se podrá mantener la acusación, ya que la fecha que debe tenerse en cuenta no es la de la declaración como imputados, sino el día, bastante anterior, en el que comenzaron las investigaciones en torno a los afectados.
En su anterior informe sobre la reforma de la sede de Gíénova, Hacienda había actualizado al alza el dinero negro empleado por el PP. La cifra, que hasta entonces rozaba el millón de euros, subió a 1,7 millones. Hasta entonces la investigación había girado en torno a los 888.000 euros que Bárcenas había anotado como desembolsos en 2008. Otros 184.000 que aparecían apuntados en 2006 se estimaron prescritos. Pero al margen de lo anotado en los papeles en este ejercicio, Hacienda ha detectado, cruzando datos, que otros 750.000 euros se pagaron con "fondos ajenos al circuito económico", según el eufemismo empleado por el juez.
Un paso más
El nuevo informe de Hacienda, con el respaldo que supone para una acusación por delito fiscal, es hasta ahora el resultado penalmente más tangible de la investigación de los papeles de Bárcenas. En la pieza separada del caso Gí¼rtel abierta por el juez Ruz tambiíén se investigan otros episodios que hasta el momento no se han traducido tan claramente en delitos.
Por un lado, Hacienda estima que las donaciones recibidas por encima del límite legal no pueden ser perseguidas penalmente, puesto que se dedicaron a gastos propios de la formación política y están exentas de declaración.
En cuanto a lo que pudieron aportar o recibir los particulares que aparecen en los papeles, en ningún caso las cuantías que puedan considerarse defraudadas se acercan al delito fiscal, más allá del caso de Unifica.
El magistrado sí ha avanzado en la investigación de una posible donación de 200.000 euros para la campaña de María Dolores de Cospedal a cambio de la adjudicacion de la contrata de basuras de Toledo. Si el juez considera que tambiíén ahí hay indicios suficientes de delito deberá remitir el asunto al TSJ de Castilla-La Mancha, ya que estarían implicados aforados ante ese tribunal.
MANUEL MARRACO
