La Fiscalía ha presentado un escrito de acusación contra 119 controladores aíéreos por un delito de abandono de servicio público. Reclama una condena a multa y a pagar los billetes y los gastos derivados de la cancelación por el cierre del espacio aíéreo. Para siete dirigentes sindicales solicita un año de suspensión de empleo.
El escrito de la Fiscalía de Madrid solicita un año de suspensión de empleo y multa de 75.000 euros para siete dirigentes del sindicato mayoritario. A juicio del Ministerio Público coordinaron «al margen de cualquier convocatoria formal de huelga» el abandono masivo de los puestos de trabajo, lo que desembocó en el cierre del espacio aíéreo en el puente de la Constitución de 2010. Entre estos acusados se encuentran el presidente del sindicato mayoritario, Camilo Cela, y el portavoz Cesar Cabo. Para el resto de controladores, la Fiscalía pide una multa de 60.000 euros.
El delito aplicado por la fiscal del caso a la cúpula de la USCA establece que «a las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público se les castigará con la pena de multa de ocho a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».
El Ministerio Público estima que los 119 acusados deberán hacer frente al coste de los billetes de los 1.450 vuelos que fueron cancelados. «Dichas cancelaciones produjeron perjuicios al servicio público que presta Aena y a un elevado número de viajeros que perdieron el importe de sus reservas de avión y hotel, además de otros gastos de cancelación. Los vuelos afectados fueron no sólo aquellos que tenían origen, destino o escala en Madrid, sino tambiíén aquellos que partiendo desde otros lugares su ruta sobrevolaba el espacio aíéreo controlado desde el ACC de Madrid».
El escrito señala a Aena como responsable civil subsidiario, lo que supone que el ente, ahora en fase de privatización, podría acabar pagando las indemnizaciones impuestas a los controladores (en las multas cada uno se paga la suya). En la vía administrativa Aena había conseguido librarse de pagar al estimar que no pudo prever el abandono masivo, una tesis que rechaza la Fiscalía.
Por su parte, la principal acusación particular -ejercida por el despacho Cremades-Calvo Sotelo en representación de más de 10.000 afectados- eleva la cuantía de las multas, pide que la suspensión de empleo sea de dos años y, a diferencia del fiscal, reclama 10.000 euros por daños morales a cada afectado. Su estimación del total reclamado alcanza los 127 millones de euros.
En un auto del pasado mes de marzo, el juez del caso indicó que los hechos podían castigarse como un delito de sedición de la Ley Penal y Procesal de Navegación Aíérea, lo que suponía penas de cárcel. Sin embargo, la Fiscalía y la principal acusación particular lo han descartado, si bien alguna otra acusación así lo mantiene, según fuentes del caso. La Fiscalía tambiíén ha resuelto no acusar por falsedad documental en relación con los partes de baja presentados, otra vía que dejó abierta el juez.
La causa está ahora en manos de la Audiencia de Madrid, que debe resolver los recursos en los que las acusaciones piden llevar a más controladores al banquillo y las defensas, que se siga la pauta de otros juzgados de España y se archive.
MANUEL MARRACO
