Los partidos con representación en la asamblea de Madrid, además de los dos grandes sindicatos, «estaban perfectamente al tanto de la existencia» de las tarjetas "B" en Caja Madrid, con las que se dilapidaron 15,5 millones de euros entre 2003 y 2012. Así lo afirma uno de los exconsejeros de la entidad.
Se trata de Gonzalo Martín Pascual, exdirigente de IU en Madrid, quien en el recurso contra su imputación como beneficiario de una de las políémicas "Visa Black" (gastó 129.700 euros) sostiene que ninguna de las organizaciones que propusieron su nombramiento (UGT, CC OO y PSOE) le «recriminó» por usar dicha tarjeta con fines particulares.
Asimismo, y al igual que otros ex miembros del consejo de administración de la caja de ahorros que tambiíén han presentado alegaciones contra esa resolución judicial, trata de aducir en su descargo que "jamás se excedió" del límite mensual establecido para la tarjeta, así como que "nunca sacó dinero en efectivo de cajeros" con ella. Pero no consta tampoco que haya devuelto el dinero utilizado pues, según sus tesis, era una compensación económica a su "dedicación profesional" a la entidad.
Los correos de Blesa
Por su parte, Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, ha acusado a Bankia de revelar «ilegítimamente» y sin su consentimiento sus correos electrónicos, algunos de los cuáles han sido aportados a la pieza de las tarjetas "B" como elementos incriminatorios en su contra. De hecho, en uno de ellos se señala claramente que ese controvertido sistema de pagos a exconsejeros y exdirectivos "tenía la bendición presidencial", y en otros se revelan detalles concretos sobre las dadivas que recibían aquellos (relojes de lujo conmemorativos, coches de alta gama de alquiler, etcíétera).
El exfinanciero, en su recurso contra la incorporación a la causa de esos mensajes, sostiene que el banco hizo caso omiso de sus advertencias y vulneró la ley de protección de datos porque no había autorización judicial. Sin embargo, ha sido el instructor del "caso Bankia", Fernando Andreu, quien los ha validado al ordenar que parte de ellos -los "relevantes" para la investigación- se unan a las actuaciones relativas a las "Visa Black", como ya pasó en la pieza abierta sobre las participaciones preferentes- y el resto se deseche.
Josíé Antonio Bravo
