La CNMC tiene ya en su mano los resultados de un análisis preliminar sobre los diferentes mecanismos de contratación pública y el resultado no puede ser más elocuente. La falta de competencia arrastra a las Administraciones Públicas a malgastar el dinero de todos los españoles con una serie de actuaciones que el supervisor mayor del Reino califica lisa y llanamente como ineficientes. La conclusión es más demoledora para los responsables del erario público porque el sobrecoste de estas prácticas se calcula en torno a un 25% de los 194.000 millones que anualmente se destinan a licitaciones de servicios públicos con cargo al Estado.
El importe en tíérminos absolutos de lo que podría ahorrarse en contratación pública supone más de 48.000 millones de euros; o lo que es igual, un 4,5% del PIB. Hablamos, por tanto, de un porcentaje que supera incluso la previsión de díéficit público comprometida con Bruselas para este año 2015 y que está fijada en el 4,2%. Dicho en otras palabras, España podría resolver de un plumazo los desequilibrios permanentes que desangran las cuentas públicas si acometiera una política de contratación pública más efectiva en el conjunto de la Administración del Estado.
La CNMC, en su papel de máxima autoridad de regulación y competencia, ha elaborado una primera guía sobre contratación pública con la que trata de poner el dedo en la llaga de las principales deficiencias que caracterizan los procesos de licitación, al tiempo que lanza claras recomendaciones para poner coto a las prácticas colusorias que predominan entre los oferentes de servicios públicos. Las pactos secretos de no competencia o reparto de mercado, los cíélebres cárteles económicos, están en el punto de mira como un objetivo prioritario de la CNMC, pero la lucha contra estas organizaciones requiere tambiíén una legislación acorde que disuada desde un punto de vista civil y penal el desarrollo de actuaciones ilegales y muy dañinas para el conjunto de los contribuyentes.
Competencia versus corrupción
Entre los ejemplos de malas prácticas que destaca el organismo encargado de defender la competencia figura la creación de empresas públicas que actúan como beneficiarias a dedo de contratos del Estado. Tambiíén denuncia la extensión temporal de las concesiones que habitualmente se otorgan en los plazos máximos que permite la normativa sin que exista una evaluación profunda de su necesidad y proporcionalidad, provocando el consiguiente cierre de mercado para el resto de operadores. Esta falta clamorosa de competencia es una de las condiciones necesarias que conduce a la corrupción y, según apostilla la CNMC, “cuando hay corrupción siempre existe falta de competenciaâ€.
Los análisis llevados a cabo en los últimos años sobre la contratación pública en España ponen de relieve una amplia serie de lagunas que comienzan en la falta de transparencia y publicidad adecuada de los procesos de adjudicación, así como la carencia de un soporte tecnológico que ayude a la elección de las mejores ofertas. La CNMC echa en falta además una evaluación de la eficiencia económica y de la competencia efectiva con un exceso de barreras de entrada al mercado. Más grave si cabe es tambiíén la existencia de un díéficit de cooperación administrativa, que se traduce en un sistema de control deficiente y en una normativa dispersa y demasiado restrictiva.
En el apartado de soluciones inmediatas para paliar el ‘agujero negro’ de la contratación pública el regulador único considera que el Gobierno debe aprovechar el proceso de transposición de las directivas europeas sobre la materia con el fin de adaptar paulatinamente los más modernos procedimientos de gestión al Derecho interno. Con independencia de estas actuaciones coyunturales, la terapia de actuación que propone la CNMC pasa por implementar nuevos instrumentos económicos, jurídicos y tecnológicos que contribuyan a un cambio estructural del sistema de aprovisionamiento público haciíéndolo más favorable a la competencia.
La entidad que preside Josíé María Marín Quemada está preparando un documento de reflexión sobre la contratación pública que servirá a modo de ‘vademíécum’ para concretar el diagnóstico definitivo y las líneas de actuación que se requieren dentro de una actividad que supone el 18,5% del PIB en España. La contratación pública se ha convertido en un pozo sin fondo que es preciso suturar con urgencia para evitar no sólo el dispendio de los recursos públicos sino tambiíén la crispación social sobre la incapacidad de los políticos para gestionar el dinero de todos los españoles.
Josíé Antonio Navas
