La futura obligación para las multinacionales de informar a Hacienda de los datos fiscales y actividad que realizan en todo el mundo afectará a compañías con una cifra de negocios superior a 750 millones de euros. Este requisito vinculará en España a casi 300 compañías y entre ellas, a todas las del Ibex. Las autoridades fiscales obtendrán información de compañías nacionales y extranjeras radicadas en España. La medida entrará en vigor en 2016.
De forma paulatina, España va incorporando en su legislación las recomendaciones del llamado informe BEPS, el trabajo que se realiza en el seno de la OCDE para luchar contra la erosión fiscal y el traslado artificial de beneficios empresariales a países de menor tributación. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ya anunció en enero la intención de incluir en el reglamento del impuesto sobre sociedades, que se aprobará este semestre, el llamado informe país por país. Es decir, la obligación de que las compañías detallen a Hacienda las ventas, beneficios e impuestos pagados, entre otras variables, por cada una de las jurisdicciones en las que operan.
Estaba pendiente de determinar a quíé empresas afectaría esta nueva obligación. Fuentes de la Administración confirmaron que la medida recaerá en compañías que superen los 750 millones de facturación. Es el mismo importe que la OCDE acordó en la reunión del G20 celebrada la semana pasada. En principio, las empresas deberán remitir el informe país por país por primera vez en el ejercicio 2016. Ello significa que se incluirá en la declaración anual que se presenta en 2017 respecto al año anterior. La OCDE estima que el umbral de 750 millones implica excluir de media entre el 85% y el 90% de las multinacionales, aunque sí agrupa a las compañías que representan aproximadamente el 90% de los beneficios empresariales. En el caso español, la obligación afectará a casi 300 compañías del más de 1,4 millones que declaran el impuesto sobre sociedades.
El informe país por país servirá para que las autoridades tributarias conozcan la atribución mundial de las rentas, la actividad económica y los impuestos pagados en cada nación. La información permitirá elevar el control sobre las planificaciones fiscales agresivas y, concretamente, sobre las operaciones vinculadas, es decir, las relaciones comerciales entre empresas de un mismo grupo. Se trata de evitar que las empresas trasladen sus beneficios a países de menor tributación a travíés de compraventas o príéstamos entre filiales.
Las compañías conocen desde 2014 la intención de la OCDE de fijar esta nueva obligación y mostraron su preocupación por el uso que pueden realizar los países de datos sensibles para su negocio. En este sentido, el organismo internacional establece que los informes país por país se intercambiarán automáticamente entre las distintas administraciones tributarias, lo que permitirá un mayor control. Ahora bien, se exigirá cumplir requisitos de confidencialidad y realizar un uso adecuado.
Existen hasta 15 acciones previstas para luchar contra la evasión fiscal en el marco del proyecto BEPS. España ya incluyó algunas de ellas, como eliminar los beneficios fiscales a los llamados productos híbridos. Son aquellos que, según la legislación de un país tienen la consideración de gasto deducible y, en otro, el ingreso está exento. Si hace unos años la fiscalidad internacional se centraba en evitar la doble imposición, hoy se ha impuesto el paradigma de impedir la “desimposiciónâ€.
Hacia el intercambio automático de información
La crisis económica y el consecuente derrumbe de los ingresos públicos ha puesto en la agenda política internacional en los últimos años la necesidad de acabar con el fraude y la evasión de capitales. Es en este contexto en el que en 2014 se aprueba la llamada iniciativa FATCA, un acuerdo rubricado en un primer momento por Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos para fijar un intercambio automático de información tributaria.
Fue el primer paso para que el pasado octubre en Berlín se llegara a un acuerdo de mayor alcance, calificado de “histórico†por la Hacienda española. Así, son ya 52 países los que se han comprometido a intercambiar información fiscal de forma automática y entre los firmantes se encuentran territorios que tradicionalmente han sido refugio de evasores como Anguila, Bermuda, Gibraltar, Islas Caimán o Islas Vírgenes. Los intercambios automáticos se iniciarán en 2017. El adjetivo “automático†tiene especial relevancia. Actualmente, España cuenta con multitud de acuerdos fiscales, sin embargo, para acceder a la información debe solicitarla de forma expresa. Un proceso que muchas veces resulta lento, sobre todo si el interlocutor no tiene interíés alguno en facilitar datos. Así, el intercambio automático significa que no será necesario un requerimiento previo y que, además, la información estará estandarizada. Ello impedirá que se remitan datos que resultan inútiles, incompletos o directamente incomprensibles. Esta mayor colaboración servirá en España, por ejemplo, para verificar el cumplimiento o no de la obligación de declarar los bienes en el extranjero, un requisito que se aprobó en 2012 dentro de la nueva ley contra el fraude fiscal.
Pablo Monge
