El Tribunal Supremo ha propinado hoy un nuevo golpe a la privatización de la gestión de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), adjudicada por la Generalitat a finales de 2012 a un consorcio liderado por Acciona y el banco brasileño BTG Pactual por 1.000 millones de euros. El alto tribunal ha decidido desestimar la petición de medidas cautelares de la constructora, que intentaba mantener la concesión congelando una resolución del organismo encargado de fiscalizar los contratos públicos en Cataluña. Esta aboga por anular el contrato al considerar que la oferta de Acciona no cumplía el pliego de condiciones del concurso.
No es el primer fallo contrario a la adjudicación que dicta el Supremo. Resolvió en el mismo sentido para responder a los recursos de casación que habían presentado tambiíén la Generalitat y BTG Pactual para bloquear sentencias similares del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Judicializada desde el principio, la mayor privatización efectuada hasta el momento por un gobierno catalán se ha convertido en el concurso más controvertido, origen de una agria batalla en los despachos y en los juzgados entre la Administración autonómica, Acciona y Agbar, el otro participante en el concurso y origen del contencioso.
Pese a los fallos en su contra, la Generalitat todavía no ha tomado una decisión sobre quíé hará con la concesión de la gestión del agua que consumen cerca de cinco millones de habitantes del área metropolitana de Barcelona. En diciembre pasado, su consejero de Territorio, Santi Vila, anunció la convocatoria de una mesa de contratación para que esta decidiera el siguiente paso a dar tras conocer las dos primeras sentencias del Tribunal Supremo. Vila aseguró que la adjudicación sería revocada y que la Generalitat tenía que dirimir entre dos opciones: entregar ATLL a Agbar o convocar un nuevo concurso.
Hasta ahora no ha habido nuevos movimientos de la mesa de contratación, más allá de la petición de documentación. Pero el presidente de la Generalitat, Artur Mas, apuntó ayer que la Generalitat no dará ningún paso más hasta que tenga una sentencia en firme sobre el fondo del caso por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hasta ahora, aducen el Ejecutivo catalán y Acciona, solo ha habido fallos sobre medidas cautelares.
El Gobierno de Artur Mas sostiene que sería un error anular el concurso antes de la sentencia en firme, ya que existe el riesgo de que el TSJC ratifique la adjudicación. La Generalitat sostiene que el OARCC (el ente de control de los contratos públicos) erró en la interpretación del pliego de condiciones cuando decidió invalidar la oferta de Acciona y que, si se mantuviera el mismo criterio, tambiíén debería de ser excluida del concurso Agbar.
Dani Cordero
