í“rdago a la grande. La CNMC ha aprobado una nueva y supermillonaria multa contra la política comercial de Repsol y la presunta fijación de precios a las gasolineras en una resolución que se hará pública en los próximos días. La decisión se produce inmediatamente despuíés de que el Pleno del Consejo del organismo regulador rechazase el pasado viernes la recusación presentada por la petrolera contra el presidente de la entidad, Josíé María Marín Quemada, y las vocales María Ortiz e Idoia Zenarruzabeitia. La sanción alcanza esta vez los 20 millones de euros, cuatro veces más que la multa de cinco millones impuesta en 2009 por la antigua Comisión Nacional de Competencia (CNC).
El conflicto entre el llamado supervisor mayor del Reino y las grandes operadoras del mercado petrolífero ha socavado los cimientos de la CNMC, poniendo en evidencia la ‘jaula de grillos’ en que se ha convertido el principal ente regulador de la actividad económica en España. La recusación de Repsol, fundamentada en el artículo 30 de la ley de Procedimiento Administrativo, puso contra las cuerdas a Marín Quemada, pero el presidente consiguió finalmente, despuíés de un intenso tira y afloja, que la mayor parte de los consejeros apoyase su gestión dando al traste con el recurso de la compañía que preside Antonio Brufau.
Curiosamente han sido los cinco vocales de la sala de Regulación, encabezados por la vicepresidenta de la CNMC, María Fernández, los que han salido al quite de las enormes discrepancias que existen dentro de la sala de Competencia y que, a la postre, son las causantes de la píérdida de reputación que viene sufriendo el organismo supervisor en las últimas semanas. El grupo formado por Josíé María Marín Quemada, María Ortiz e Idoia Zenarruzabeitia ha encontrado una dura y permanente oposición de los vocales Benigno Valdíés y Fernando Torremocha. Tanto que estos dos últimos decidieron, en principio, abstenerse ante la recusación de Repsol en una clara moción de censura contra la figura de su presidente.
Pleno del Consejo en sesión continua
La CNMC tuvo que enfrentar dos duras sesiones plenarias de trabajo a finales de la pasada semana. La primera concluyó el jueves sin ningún acuerdo, de manera que Marín Quemada se vio obligado a suspender su viaje a Cataluña para asistir al acto de la interconexión elíéctrica con Francia. Los vocales del supervisor volvieron a ‘cruzar sables’ el viernes en una reunión en la que los tres consejeros afectados no las tenían todas consigo. Al final, los siete miembros restantes llegaron a un pacto para presentar una imagen cohesionada y que, oficialmente, la recusación pudiera ser rechazada de manera unánime por todos ellos.
Una vez ratificada la confianza en el presidente de la CNMC, el propio Marín Quemada convocó de nuevo a la sala de Competencia para abordar la resolución de otro expediente sancionador contra Repsol, que se ha saldado esta vez con una multa por infracción muy grave de 20 millones de euros. Cabe señalar que dicho procedimiento es adicional aunque está directamente relacionado con el que fue abierto en 2009 de manera conjunta a las tres grandes compañías del sector; la propia Repsol, además de Cepsa y BP. Estas dos últimas compañías fueron sancionadas hace unos días con multas de 2,5 millones de euros y 750.000 euros, respectivamente.
El expediente incoado hace seis años por la CNC que presidía Luis Berenguer se trifurcó luego de acuerdo con la estrategia de cada una de las empresas afectadas, que han respondido de manera muy distinta a los requerimientos de las autoridades de competencia. La CNMC quiere que las operadoras modifiquen su estrategia comercial con las gasolineras para evitar cualquier tentación de fijar precios a las estaciones de servicio. La actuación de Repsol en esta materia no convence al organismo regulador y es el motivo de todas las desavenencias que ahora se están saldando con una batería de sanciones encadenadas y a cual más onerosa para la primera empresa petrolera del país.
Profundas diferencias de criterio
La recusación contra Marín Quemada y las dos vocales mencionadas puede interpretarse como la típica defensa basada en un buen ataque, una ofensiva destinada a reforzar la posición negociadora con vistas a un acuerdo de mutua no agresión. El problema reside en que la CNMC no se ha constituido para hacer amigos con las empresas reguladas y la nueva y supermillonaria multa así parece acreditarlo. En el fondo de la cuestión subyace un enfrentamiento de concepto ya que Repsol considera que cumple escrupulosamente la ley de Hidrocarburos modificada en 2013 y el organismo regulador entiende que la petrolera está ‘ninguneando’ de manera descarada las obligaciones que fueron impuestas, al menos, cuatro años antes de la normativa ahora vigente.
Repsol ha acomodado a la nueva legislación todas las relaciones comerciales que afectan a aquellos contratos con estaciones de servicio que son propiedad de terceros y están gestionadas tambiíén por terceros, los llamados ‘DODOS’, acrónimo de dealer owned-dealer operated. Estos abanderamientos afectan a un total de 1.100 estaciones de servicio. La CNMC exige que las modificaciones contractuales se extiendan tambiíén a las gasolineras que siendo propiedad de la operadora son gestionadas por terceros, los llamados ‘CODOS’, acrónimo de company owned-dealer operated. En esta categoría Repsol abandera 1.500 estaciones y considera que no es preciso llevar a cabo ningún cambio.
Las diferencias de criterios son sustanciales dado el número elevado de gasolineras afectadas y tienen ahora una especial repercusión social a la vista de las tensiones que la caída de la cotización del petróleo ha provocado en los precios de los carburantes. La CNMC cuenta de entrada con el apoyo del Gobierno, que tambiíén se ha manifestado a favor de una adecuación a la baja de las gasolinas en España. Hace falta saber, no obstante, si despuíés de una batalla cuerpo a cuerpo, el organismo regulador dispondrá del respaldo político suficiente para doblegar a un adversario tan fuerte como es Repsol.
Josíé Antonio Navas
