Por… Carlos Flores
La principal crisis socio ambiental de El Salvador es la provocada por la escasez y contaminación del agua. De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el 88% de las aguas superficiales están contaminadas y los principales ríos del país han disminuido su caudal en 30% durante los últimos 30 años. Sumado a esto, los escenarios frente a los impactos del cambio Climático para el país indican una reducción de entre 20 y 40% del agua disponible para 2050 y casi el 80% para 2100. Este problema no se debe a escasez física, en el país llueve cinco veces el promedio mundial, sino un problema de gestión, relacionado a la falta de un marco regulatorio adecuado, instituciones fuertes y recursos financieros para invertir en el saneamiento y recuperación de zonas de recarga.
El Foro del Agua desde el 2005, ha venido trabajando en la construcción de Leyes para la gestión sustentable del agua. En el 2006 se presentó a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley General de Aguas, en 2007 la Ley del Subsector de Agua Potable y Saneamiento y en 2008 una propuesta de Reforma Constitucional para incorporar el derecho al agua en la Constitución de la República. No obstante, durante el Gobierno del Ex presidente Elías Antonio Saca (2004-2009), se bloqueó de tajo la discusión de las mismas. Fue hasta a la mitad de la administración del Ex presidente Mauricio Funes en el 2011, donde se abre la discusión sobre la importancia de la reforma legal del agua en el país. Sin duda íésta decisión del Gobierno, en el marco de la constante presión del Foro del Agua, facilitó el inicio de la discusión de las propuestas en la Asamblea Legislativa.
Es así que en el 2012, los diputados salientes de la legislatura 2009-2012 redactan un texto donde unen las propuestas de Reforma Constitucional por el Derecho al Agua y otra sobre el Derecho a la alimentación y aprueban casi por unanimidad una Reforma al Art. 69 para incorporar el Derecho al Agua y la Alimentación en la Constitución de la República. En ese año además, el MARN presenta su propia propuesta de Ley General de Aguas, a partir de la cual, la nueva Asamblea inicia un amplio proceso de consulta de la misma.
En enero del 2013, pese a la oposición fíérrea del partido ARENA, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa inicia la discusión artículo por artículo de las propuestas de Ley General de Aguas existentes (del Foro del Agua y el MARN), lográndose aprobar noventa artículos hasta junio de ese año, sin embargo las presiones de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), sobre los partidos ARENA, GANA, CN y Unidos por El Salvador, hicieron desaparecer la correlación favorable a la Ley; por lo que desde entonces, y hasta la fecha ha estado entrampada la discusión.
En abril de ese mismo año se logra dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para la Ratificación del Art. 69, por el Derecho al Agua y la Alimentación, sin embargo no obtuvo los votos de los partidos ARENA, PCN y PDC. Nuevamente en octubre del 2014, hubo otro dictamen favorable y una vez más los mismos partidos no lo apoyaron.
La razón principal de ANEP para bloquear la discusión de las leyes del agua, no es la defensa de la sustentabilidad y el derecho al agua, mucho menos de los intereses supremos de la población, ni siquiera la defensa de los intereses de todos sus asociados; ANEP defiende los intereses de un grupúsculo de empresas del sector cañero aglutinadas en la Cámara Agropecuaria (CAMAGRO), empresas urbanísticas asociadas a la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO) y empresas embotelladoras, representadas en la Asociación Salvadoreña de Industriales de Agua Envasada (ASIAGUA), los cuales ven en la Ley una amenaza al modelo de gestión desregulada, donde ellos basados en la prepotencia y el engaño hacen negocio redondo del agua; y han identificado que la institucionalidad es la clave para la inoperancia de la Ley, por lo que proponen una institución con características de autónoma, pero con mayoría privada en su junta directiva[1].
La defensa de los intereses mercantilistas de estos empresarios es la razón de fondo para que ARENA y los partidos de derecha se opongan a la discusión y aprobación de la Ley General del Agua y a la Ratificación del Art. 69 por el Derecho al Agua y la Alimentación.
Es responsabilidad de los/as ciudadanos/as y empresarios/as honestos/as, vencer el intento irracional de ANEP y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), así como de ARENA y el resto de partidos de derecha de privatizar la gestión del agua para que unos pocos malos “empresarios salvadoreños†puedan seguirse enriqueciendo a costa del presente y el futuro del país.
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[1] Esta posición está contenida en la propuesta de Ley de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, presentada en marzo 2013 por un miembro de una de las Asociaciones de Regantes de Atiocoyo, La Libertad, que luego fue negada por el resto de miembros de la misma, y respaldada por la ANEP en el Encuentro Nacional de la Empresa privada, ENADE 2014.
Suerte en sus vidas…
