La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está analizando decenas de contratos de la trama Púnica con empresas e instituciones de toda España. Algunos de esos acuerdos ya han salido a la luz, pero los investigadores disponen de documentación adicional que demostraría que Eico Online Reputation Management, la firma con la que operaba uno de los presuntos cabecillas de esta red especializada en el amaño de adjudicaciones públicas, Alejandro de Pedro Llorca, contaba con un amplia cartera de clientes que recurrieron a sus servicios para mejorar su imagen en los buscadores y en las redes sociales.
El instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, mantiene imputados al propio Pedro Llorca y al exconsejero delegado de la Agencia Informática de Madrid, Josíé Martínez Nicolás, por haber utilizado supuestamente dinero público para financiar una campaña de imagen de altos cargos de la Comunidad de Madrid. Hace dos semanas, Velasco imputó por esos mismos hechos a la directora de Comunicación del Ejecutivo autonómico, Isabel Gallego, al entender que fue la responsable de autorizar esos pagos. Como reveló este diario el pasado mes de diciembre, tanto la Presidencia de la Comunidad de Madrid como la Consejería de Educación suscribieron acuerdos con Eico para que esta firma supervisara la información que se divulgaba a travíés de internet sobre sus máximos responsables políticos y fabricara noticias positivas sobre su gestión para relegar al ostracismo a las desfavorables.
Velasco ya ha citado a declarar en calidad de testigo al presidente del Real Madrid, Florentino Píérez. Los agentes de la UCO encontraron en el registro de la sede de Eico en Valencia facturas abonadas por el club blanco. El Confidencial adelantó que la entidad habría abonado a Pedro Llorca en torno a 300.000 euros para que potenciara la imagen del propio Florentino Píérez. El acuerdo se tradujo, como en el resto de casos, en la creación de noticias positivas sobre el dirigente y en informes mensuales con datos de las personas e instituciones que habían vertido críticas contra íél en internet. Velasco llamó a Píérez para que confirmara en quíé tíérminos se había cerrado ese acuerdo, en quíé habían consistido exactamente los trabajos de Eico y con quíé dinero se habían abonado.
La entrevista a la madre del 'Cuco'
Esas son las facturas con la trama Púnica que han trascendido por el momento, pero Pedro Llorca tambiíén consiguió que le contrataran otras importantes compañías que podrían ser citadas igualmente para testificar en los próximos días. Los documentos ya están en poder de la UCO.
Una de esas empresas es Telecinco. Según fuentes cercanas al caso, la cadena de Fuencarral fichó a Eico para tratar de contrarrestar la ola de quejas que suscitó la entrevista que hizo el programa La Noria a la madre del 'Cuco', el menor condenado por la muerte de la joven sevillana Marta del Castillo. Los telespectadores reaccionaron exigiendo a los anunciantes que abandonaran Telecinco por emitir ese tipo de contenidos. La campaña surtió efecto y, tras ver cómo las marcas desaparecían de La Noria una tras otra, el canal que dirige Paolo Vasile canceló el espacio.
Lo que no se sabía hasta ahora es que, antes de tomar esa drástica decisión, Mediaset contrató los servicios de Eico para frenar las opiniones negativas sobre el programa e identificar a las personas que supuestamente habían puesto en marcha el boicot. Según fuentes próximas a la investigación, Pedro Llorca entregó a Telecinco informes con los resultados de ese trabajo.
Mediaset acabó querellándose contra el bloguero que supuestamente inició la oleada de protestas, Pablo Herreros, aunque meses despuíés la cadena de Fuencarral desistió del procedimiento para no erosionar aún más su propia imagen. Según Telecinco, las críticas le supusieron la píérdida de 3,7 millones de euros en ingresos por publicidad.
Aeropuerto de Corvera
La otra gran compañía que contrató los servicios de Eico fue la constructora Sacyr, revelan fuentes cercanas al caso. La firma presidida por Manuel Manrique estaba preocupada por el efecto que podían tener en su reputación los litigios que mantenía en torno a dos importantes contratos: la construcción y gestión del nuevo aeropuerto de Corvera, en la Región de Murcia, y la adjudicación de la red municipal de aguas de Santa Cruz de Tenerife, en Canarias.
Según ha podido saber este diario, la dirección de Sacyr pidió a Eico que contrarrestara las noticias negativas que se publicaban en internet sobre la compañía por su papel en esos dos proyectos. En el caso del aeropuerto, la instalación debería estar operativa desde 2012, pero la constructora se negó a ponerla en funcionamiento hasta que el Gobierno autonómico del Partido Popular no mejorara las condiciones de la concesión. Finalmente, el pasado mes de diciembre, el Ejecutivo regional expulsó a Sacyr del aeródromo. Sin embargo, el litigio continúa. La cotizada reclama a Murcia el pago de 267 millones de euros por la construcción de las instalaciones.
A Sacyr le preocupa conseguir el dinero, pero tambiíén le inquieta el efecto que el bloqueo voluntario de un proyecto tan emblemático como un nuevo aeropuerto de gestión privada pueda ocasionar en su marca. Sólo unos meses antes de que la Guardia Civil desmantelara la trama Púnica, la empresa que dirige Manrique fichó a Eico para cuantificar ese desgaste e intentar minimizarlo.
Concesión en Tenerife
El otro encargo que Sacyr le hizo al presunto cabecilla de la red corrupta fue que supervisara las informaciones que se publicaban sobre Emmasa, la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz que controla la constructora desde que el servicio fue privatizado en 2006. La adjudicación ha sido recurrida en los tribunales y desde el primer día han existido sospechas de comisiones ilegales y críticas por los precios y la calidad del suministro. Además, Sacyr se había negado a realizar las inversiones a las que estaba obligada por contrato. La situación se ha encauzado finalmente, pero la firma pidió a Eico que monitorizara los artículos que se publicaban sobre esta políémica adjudicación.
La documentación de esos acuerdos con Eico está en poder del instructor de la causa, al igual que los firmados por el Real Madrid. Con todo, las pesquisas se centran en los contratos del Ejecutivo madrileño con la firma. Los investigadores tienen serias sospechas de que se desvió dinero del erario público para costear los servicios que Pedro Llorca prestó a altos cargos del Gobierno autonómico.
Josíé María Olmo
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