El Gobierno no termina de ver clara la privatización de Cesce, la compañía pública especializada en el seguro de críédito a la exportación bajo control mayoritario de la SEPI, que posee el 50,25% de las acciones. El plan inicial contemplaba la venta al mejor postor y esta estrategia beneficia de manera preferente al grupo chino Fosun, que el año pasado adquirió el 80% de la aseguradora portuguesa Fedelidade y que ahora parece decidido a arramblar en toda la Península Ibíérica echando el resto por su homóloga en España.
Fosun está considerado como el más importante conglomerado industrial de carácter privado en China. Fundado en Shanghai hace poco más de veinte años, la entidad cotiza desde 2007 en la Bolsa de Hong Kong. La irrupción de tan solemne inversor en Europa ha servido para impulsar el proceso de privatizaciones en países que, como Portugal, se han visto abocados a un programa de rescate financiero. En España esta referencia es precisamente un motivo de suspicacia que no ayuda mucho al grupo asiático, aunque sólo sea por evitar odiosas comparaciones.
Al margen de las consideraciones más aparentes y que tienen su lógica repercusión política, la compra de la compañía de seguros lusa ha puesto de relieve la estrategia de colonización que lógicamente se impone cuando un inversor extranjero toma la mayoría de capital en una empresa local. Fosun ha fagocitado a Fidelidade despuíés de pagar 800 millones de euros por una entidad que dispone de casi un tercio de la cuota de mercado en el sector asegurador portuguíés y entre cuyos activos más destacados se incluyen la filial de seguros míédicos Multicare y la sociedad de seguros de viaje Cares.
En el caso de Cesce el traspaso de propiedad es contemplado con muchas reticencias por el sector exportador. No en vano, la normativa aprobada por el Gobierno de cara a la privatización garantiza a la compañía la exclusiva de la llamada cuenta del Estado hasta el año 2023. Dicho de otro modo, la empresa debe seguir actuando como avalista preferente de las más emblemáticas operaciones lanzadas para expandir la imagen de la Marca España por el mercado global. Esta política comercial impulsada desde instancias oficiales no parece del todo garantizada si el control de Cesce cae ahora en manos de un inversor procedente de un país tan lejano, desde el punto geográfico y cultural, como pueda ser China.
La Mutua Madrileña como opción alternativa
La propuesta que maneja Fosun resulta imbatible en la fase preliminar de la privatización, que ya ha sido abordada por el Consejo de Ministros el pasado mes de marzo. El máximo órgano colegiado del Gobierno ha comprobado el atractivo que ofrece la operación dado que ya existen, de entrada, veinte potenciales interesados que han solicitado el cuaderno de ventas. Sin embargo, ninguno de ellos parece dispuesto a competir a cara de perro con el grupo chino, lo que puede suponer un riesgo ineludible si finalmente el concurso se orienta con el objeto único de maximizar el precio.
Entre las muestras de interíés recibidas destacan las de Mutua Madrileña, el fondo americano Apollo y la agencia de calificación crediticia Axesor. Las dos grandes aseguradoras cotizadas, como son Mapfre y Catalana Occidente, están ‘contraindicadas’ como eventuales compradores ya que el Gobierno no quiere que el futuro dueño de Cesce tenga ninguna vinculación con actividades de seguro de críédito por cuenta de otros Estados. Aunque sea de forma indirecta, ambas compañías actúan como agentes del riesgo de exportación de Holanda y Alemania, respectivamente.
Todas estas restricciones evidencian el carácter estratíégico que presenta Cesce en el desarrollo industrial de las grandes compañías multinacionales españolas y han llevado a algunos ministros a plantear serios interrogantes sobre la conveniencia real que tiene ahora ceder la propiedad y el control de la compañía participada por la SEPI. El calendario electoral tampoco ayuda a los partidarios de la privatización, dada la instrumentalización política que suscitan este tipo de operaciones. Baste recordar la batalla que tuvo lugar dentro del Gobierno para sacar a bolsa Aena, una colocación que al final fue garantizada a cambio de que el Estado mantenga per saecula saeculorum la participación mayoritaria del gestor aeroportuario.
A diferencia de lo ocurrido con el gestor aeroportuario, que ha aportado al Estado ingresos de 4.000 millones, la privatización de Cesce no va a sacar de pobre a la Hacienda Pública. A la espera de los estudios que está llevando a cabo la consultora Gesvalt, la valoración de la compañía se calcula en torno a los 300 millones de euros. La privatización supondrá, en suma, poco más de 150 millones para el Tesoro, una cifra que compensa muy escasamente los grandes inconvenientes políticos que presenta la operación.
Josíé Antonio Navas
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