Agricultores rebeldes y cárteles estatales...

[OCIN]

Por...  Trevor Burrus



Marvin Horne no parece ser un hombre en una rebelión determinada en contra del gobierno de EE.UU., pero a este hombre de 70 años, un agricultor de pasas, y a su esposa Laura se les acabó la paciencia. Si logran lo que se proponen, no permitirán que el Comitíé Administrativo de Pasas de EE.UU. siga tomando sus pasas. Si, existe un Comitíé Administrativo de Pasas.

A fines de abril, la Corte Suprema escuchó los argumentos de los Horne, quienes cuestionan la autoridad del Comitíé Administrativo de Pasas. Este es el caso de la íépoca del New Deal que tardó 80 años en ser escuchado.

Como una agencia sacada de las páginas de una novela de Ayn Rand, el Comitíé Administrativo de Pasas (RAC, por sus siglas en inglíés) supervisa muchas partes de la producción estadounidense de pasas. El comitíé de 47 miembros consiste de diferentes representativos de la industria de pasas, incluyendo a los “empacadores”, aquellos que empacan las pasas y las preparan para la venta, y los “cultivadores”, aquellos que cultivan y secan las pasas. Se reúnen en una oficina en Fresno y emiten “ordenes de mercadeo”, que deciden, entre otras cosas, cuántas pasas deberí­an ser desplazadas hacia la Reserva Nacional de Pasas cada año. Al sacar pasas del mercado abierto, el RAC mantiene un precio artificialmente alto para las pasas y mantiene contentos a muchos agricultores de pasas pero, obviamente, no a todos. Considere esto un cártel de pasas, la OPEP de las pasas.

En virtud de la ley federal —La Ley de Acuerdo de Mercadeo Agrí­cola de 1937 (AMAA, por sus siglas en inglíés), enmendada en 1949 para incluir a las pasas— los empacadores están obligados a destinar cualquiera que sea el porcentaje que el RAC demande a la Reserva Nacional de Pasas, y luego aceptar cualquiera que sea la compensación que el comitíé ofrezca, que usualmente es nada. Marvin Horne es un agricultor de pasas descontento que siente que el RAC ha sobrevivido su utilidad, si es que alguna vez fue útil. Hace más de diez años, Horne se negó a entregar sus pasas al RAC. Como respuesta, el RAC contestó la ofensa, incluso contratando investigadores privados para espiar la hacienda de los Horne. Ahora Marvin Horne se encuentra a punto de recibir darle un golpe fatal al RAC —una opinión de la Corte Suprema determinando que, en virtud de la Cláusula de Enajenación de la Quinta Enmienda de la Constitución de EE.UU., el RAC tiene que pagar una compensación justa cuando sea que tome las pasas de un agricultor.

A los Horne, que actualmente le deben al gobierno alrededor de 1,2 millones de libras de pasas y aproximadamente $700.000 en multas, les quedan pocas opciones excepto una victoria en la Corte Suprema. Su lucha en contra del RAC, sin embargo, es parte de una orgullosa tradición de individuos luchando en contra de cárteles creados por el Estado, especialmente en la agricultura. Esos cárteles se organizan en contra de los consumidores de maneras que serí­an claramente ilegales en las industrias que no gozan de ese privilegio estatal. Casualmente, alguien luchará en contra del cártel, y la industria protegerá su privilegio único y anti-competitivo en nombre del bien público.

El New Deal

Hace más de 200 años, el aclamado economista Adam Smith entendió los peligros de permitir que los competidores se organicen. En La riqueza de las naciones, Smith escribió, “Las personas de un mismo oficio rara vez se reúnen, incluso para la diversión y el regocijo, pero la conversación termina en una conspiración en contra del público, o ideando alguna estratagema para elevar los precios”. Todaví­a más importantes, escribió Smith, la ley no deberí­a fomentar este tipo de comportamiento conspirativo y anti-competitivo: “Pero aunque la ley no puede prevenir que personas del mismo oficio algunas veces se reúnan, esta no deberí­a hacer algo para facilitar dichas asambleas; y mucho menos para hacerlas necesarias”.

Durante el New Deal, las palabras sabias de Smith fueron totalmente olvidadas. Desde el momento en que el Presidente Franklin D. Roosevelt (FDR) llegó al poder, íél tení­a en mente a los cárteles. La competencia, pensaba, era demasiado feroz, y estaba causando que los precios y salarios caigan demasiado. Mientras que la competencia podí­a ser buena, “la competencia destructiva” era mala. La respuesta, pensó FDR y su famoso grupo de expertos, era utilizar la ley para promover la cooperación entre miembros de la misma industria para asegurar que la competencia sea “justa”.

El resultado fue la Ley de Recuperación de la Industria Nacional (NIRA, por sus siglas en inglíés), firmada por FDR el 16 de junio de 1933. En esencia, la NIRA intentó hacer cárteles a lo largo de toda la economí­a. A las empresas se las alentaba a reunirse para llegar a “una conspiración en contra del público”, utilizando las palabras de Adam Smith. Pero sus acuerdos, en lugar de ser meros aprietos de manos en habitaciones llenas de humo, tendrí­an la fuerza de la ley. El “código de competencia justa” acordado por los miembros de una industria serí­a firmado por el mismo presidente, y los violadores podí­an ser multados o incluso encarcelados por violar ese código. Tan solo hace unas pocas díécadas anteriores el gobierno federal acababa de aprobar legislación anti-monopolio como la Ley Sherman Anti-Trust para combatir la colusión anti-competitiva. Durante el New Deal, sin embargo, el gobierno cambió de dirección totalmente. Lo que alguna vez se consideró un mal no atenuado se llegó a ver como un paso necesario en el camino hacia la recuperación.

Sin la fuerza del Estado respaldando las reglas, los cárteles son notoriamente difí­ciles de mantener. La colusión voluntaria siempre presenta oportunidades para que alguien esquive el acuerdo para poder hacer más plata mientras sus competidores mantienen los precios estables. En las peores situaciones, los evasores son contrarrestados con tácticas al estilo de la mafia, desde llantas ponchadas hasta la rotura de rodillas y la quema de tiendas. Cuando el Estado se involucra en el cumplimiento de los cárteles, esencialmente se hace responsable del trabajo de romper rodillas. Los compinches con tuberí­as de plomo son reemplazados por burócratas y policí­as.

Pero muchas veces sus tácticas son similares. Despuíés de que el “código de competencia justa” fuese aprobado para las empresas de llantas de Ohio en virtud de la ley NIRA, las empresas de llantas más pequeñas de toparon con que los agentes del gobierno eran escasamente mejores que las personas de la mafia. F.H. Mills, presidente de Master Tire and Service, Inc. de Yougnstown, le escribió al Senador William Borah, un opositor de la Ley NIRA, acerca de sus problemas. Se quejó en particular del Sr. Frank Blodgett, un administrador de la Administración para la Recuperación Nacional. Mills “explicó sus condiciones” al Sr. Blodgett, y mostró "en donde serí­a imposible mantenerse en el negocio y cumplir con sus demandas”. Como respuesta, el Sr. Blodgett “exigió que se le de el derecho de revisar mis cuentas y administrar mi negocio según sus ideas”. Cuando Mills se negó, el “furioso Sr. Blodgett luego dijo que el pondrí­a su talón sobre el cuello de nuestro pequeño negocio y lo retorcerí­a con toda la fuerza que dispone”.

Las empresas pequeñas sufrieron lo peor. Los negocios difí­cilmente se parecen, y cada empresa se enfrenta a distintas presiones según su marca, ubicación geográfica, y otras variables. Los “códigos de competencia justa” en virtud de la NIRA no tomaban en cuenta dicha variación. El código de llantas de Ohio, por ejemplo, eran en gran medida escrito por Goodyear, Firestone, y Goodrich, y por lo tanto beneficiaba principalmente a esas grandes empresas. Antes de la NIRA, los pequeños fabricantes como Master Tire and Service solo podí­an sobrevivir vendiendo a un precio más bajo que las marcas reconocidas a nivel nacional. Despuíés de la NIRA, fueron obligados a elevar sus precios hasta llegar al nivel de los grandes fabricantes. Las empresas grandes tení­an ventajas por economí­as de escala y servicios, y la NIRA le quitó a las pequeñas empresas su única ventaja competitiva. Por supuesto que Goodyear, Firestone y Goodrich querí­an que las cosas sean así­.

Acabando con la Ley NIRA

Todo este pasado es importante para el caso que derribó la Ley NIRA, que, como los Horne, mostraba a hombres de negocios que estaban cansados de los cárteles respaldados por el Estado.

Los cuatro hermanos Schechter administraban dos grandes carnicerí­as en Brooklyn. Como inmigrantes judí­os, estas eran unas carnicerí­as kosher, vendiendo en gran medida aves a sus clientes. Ellos sacrificaban sus aves de manera ritual, en obediencia a la ley dietíética judí­a.

Su empresa especializada y su clientela única eran el tipo de negocio aberrante que el cártel de aves de Nueva York no estaba preparado para abordar. En virtud del “Código de Competencia Justa para la Industria de Aves Vivas” para la ciudad de Nueva York, el modelo de negocios de los hermanos Schechter era básicamente ilegal. Para prevenir “la destructiva reducción de precios” el código prohibí­a “la matanza en el grado de base”. En otras palabras, los clientes no tení­an derecho a “realizar selección alguna de aves particulares”. Así­ de tonto como suena, el código requerí­a que el carnicero llegue al gallinero y agarre el primer pollo que tocara su mano, cualquier selección especí­fica estaba prohibida. Si un cliente querí­a comprar medio gallinero, el carnicero solo podí­a dividir el gallinero en dos. Debido a que las reglas kosher requieren que las aves enfermas sean descartadas, el código esencialmente hizo que la carnicerí­a kosher sea ilegal.

Aunque los hermanos trataron de seguir las reglas, resultó ser casi imposible manejar su negocio. Ni el código ni quienes lo hací­an cumplir ni los fiscales de EE.UU. tení­an mucha simpatí­a por la situación de los hermanos. El gobierno los acusó de vender “pollos inadecuados” a dos hombres, y se fueron a la corte. El juicio fue una dura y confusa experiencia de preguntas extrañas realizadas a los hermanos Schechter, quienes hablaban un inglíés vacilante —en un momento, al hermano Martin se le preguntó de manera ominosa: “Hay mucha competencia entre tu y tu competencia, ¿verdad?”—, y de ataques a los niveles de educación de los hermanos. Al final, el juez los multó por $7.425 —más de $100.000 en dólares corrientes— y los sentenció a los cuatro hermano a ir a la cárcel por entre uno y tres meses.

Quienes hací­an cumplir el cártel del pollo con tácticas al estilo de la mafia parecen haber cumplido su cometido.

Pero los Schechter se negaron a resignarse, y llevaron su caso a la Corte Suprema. Ellos argumentaron que el poder del Congreso de regular el comercio entre los estados no llegaba hasta la industria local de aves en Nueva York. Tambiíén argumentaron que la Ley NIRA delegaba demasiado poder legislativo al poder ejecutivo.

Durante los argumentos orales en la Corte Suprema, los jueces lucharon para entender las provisiones bizarras del código de competencia justa. Solo explicar el código provocaba risas de la audiencia en la Corte y bromas de los jueces. Conforme el abogado de los Schechter, Joseph Heller, explicaba la prohibición de que los clientes seleccionen los pollos, el Juez Harlan Fiske Stone preguntó “¿Usted quiere decir que puede haber una selección si íél compra la mitad del gallinero?” El Sr. Heller respondió que “No. Usted solo divide en dos la caja”. Las risas en la Corte fueron amplificadas luego de la acotación del Juez George Sutherland: “Bueno, supongamos, sin embargo, ¿quíé pasa si todos los pollos se han ido a un lado del gallinero?”

Los Schechters ganaron, y con su victoria llegó el fin de la Ley de Recuperación de la Industria Nacional. Sin embargo, no fue un final integral del esquema de Roosevelt para crear cárteles en toda la economí­a estadounidense.

La cartelización agrí­cola

La Corte Suprema puede que haya temporalmente detenido el plan de Roosevelt de crear cárteles a gran escala en las empresas e industrias, pero la siguiente medida fijó su mirada en la agricultura. De muchas maneras, y ciertamente en el caso de los Horne, las reformas agrí­colas del New Deal todaví­a están con nosotros hoy. La perseverancia de cosas bizarras como el RAC son evidencia de la permanencia de incluso los más ridí­culos programas estatales.

Los Horne trabajan bajo la Ley de Mercadeo Agrí­cola de 1937. Sin embargo, las pasas no estaban incluidas en el acto hasta 1949, cuando hubo una caí­da pronunciada en la demanda de pasas luego de la guerra. El gobierno habí­a estado comprando toneladas de pasas para enviar a las tropas, y, luego de la guerra, los agricultores de pasas se sintieron de alguna forma abusados por el retorno a los niveles normales de demanda de pasas. Esta es una historia recurrente en la historia de la polí­tica agrí­cola de EE.UU. —los agricultores sintiendo que los precios altos y estables logrados durante algún tiempo pasado en realidad son los precios “justos” y que el gobierno deberí­a trabajar para garantizar ese precio. En el New Deal, por ejemplo, el precio “justo” de muchos commodities agrí­colas se determinó que era aquel logrado durante 1910-1914, una íépoca de prosperidad para los agricultores.

La industria de lácteos, en particular, fue transformada por las polí­ticas agrí­colas del New Deal. Como resultado, la industria existe dentro de un sistema confuso de competencia administrada, una red enredada de subsidios y regulaciones en las que jugar a la polí­tica puede ser más importante que ser una persona buena para los negocios que sirve a sus clientes bien.

A principios de los 2000, otro “forajido agrí­cola” como Marvin Horne se encontró luchando contra la industria de lácteos por el derecho a dirigir su negocio como íél lo consideraba adecuado. Hein Hettinga era un agricultor próspero del Oeste que decidió reestructurar su negocio alrededor de las limitaciones del New Deal. Como las pasas, los agricultores de lácteos pueden ser o “productores”, aquellos que reúnen la leche cruda, o los “empacadores”, que empacan los productos de la leche. En virtud de la AMAA, los agricultores que solo embotellaban leche de sus propias vacas, los tal llamados “productores-procesadores”, podí­an evitar financiar los programas impuestos por el Estado. Hettinga hizo precisamente esto, y pronto estaba vendiendo a un precio más bajo que su competencia, hasta 20 centavos menos por galón.

Partiendo del tipo de espí­ritu americano que es valiente y de una actitud “sí­ se puede”, el mismo que hizo de este paí­s algo grandioso, la industria de lácteos se fue a quejar al congreso. A Hettinga no deberí­a permití­rsele explotar ese “vací­o” en la ley, se quejaron. “Vací­o” es, por supuesto, el lenguaje de cártel para referirse a lo que serí­an prácticas normales de negocios en una industria menos regulada.

La industria de lácteos tení­a lobbyistas poderosos y los oí­dos de muchos miembros del Congreso. Uno de ellos fue Harry Reid, en ese entonces el lí­der de la minorí­a en el Congreso, que una vez habí­a introducido una enmienda en una ley de gasto que eximí­a a los agricultores lácteos de la región de Las Vegas de algunas reglas federales de precios. A pesar de la enmienda, la industria láctea de Las Vegas, apreciada por Reid, todaví­a se enfrentaba a la competencia de la planta de leche grande que estaba bajo construcción afuera de la ciudad.

Las negociaciones entraron en acción y el laberinto de normas federales para Arizona (donde se ubicaba la principal planta de Hettinga), California, y Nevada presentaron muchas oportunidades para negociar. Reid querí­a exenciones para todos los productores de Nevada, los productores de Arizona querí­an ser protegidos de la amenaza de una leche más barata de Nevada, y los productores de California querí­an que el negocio de Hettinga sea estrangulado.

El dinero del cabildeo y para las campañas fluyó. Al final, Hettinga fue superado. Sin siquiera una audiencia de comitíé, la nueva ley de lácteos fue introducida por Reid ante una cámara del Senado casi vací­a y aprobada con “consentimiento unánime”, que es la frase que se usa en el Senado para referirse a aprobar acuerdos negociados tras bastidores. La ley eliminó el “vací­o” Hettinga pero, irónicamente, o tal vez de manera esperada, abrió exactamente el mismo vací­o para los productores de Reid en Nevada.

Hein Hettinga trató de plantear una querella legal, pero fue rápidamente detenido por la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington, DC. Las cortes de apelaciones están limitadas por un precedente de la Corte Suprema, que no estaba del lado de Hettinga. Los jueces Janice Rogers Brown y David Sentelle, sin embargo, agregaron una opinión de más alcance explicando quíé tan tonta consideraban la ley. “Dados los precedentes sostenidos desde hace mucho tiempo en esta área no hay otro resultado posible”, escribieron, pero habí­a una lección más importante que correspondí­a aprender:

“La colisión de Hettinga con la MREA [Ley de Equidad en la Regulación de Leche] —la última iteración de la venerable AMAA— revela una verdad desagradable: El capitalismo de vaqueros de EE.UU. hace mucho fue desarmado por un proceso democrático cada vez más dominado por grupos poderosos con intereses económicos contrarios a los competidores y consumidores. Y las cortes, de las cuales la ví­ctimas de la regulación onerosa buscaron protección, han estado negociando los tíérminos de rendición desde la díécada de 1930”.

Y así­ es como EE.UU. produce leche, cultiva sus pasas, y, alguna vez, sacrificaba a sus pollos. De hecho, así­ es como funciona casi todo el agro de EE.UU. La polí­ticas que se originaron en las fracasadas ideas del New Deal —polí­ticas de las cuales los mismos jueces no podí­an evitar burlarse— se convirtieron en la ley vigente. Ahora, el RAC existe porque existe, y, como todas las agencias artificiales del Estado, su primer instinto es sobrevivir.

De los dos amicus curiae presentados en respaldo del Estado, uno estaba predeciblemente escrito por Sun-Maid, el vendedor más importante en el mundo de pasas. El amicus es una defensa sin vergí¼enza del RAC, en el cual los productores y empacadores de Sun-Maid poseen 13 de los 47 asientos. El RAC, explica el amicus, permite “que los participantes en la industria decidan colectivamente si regular sus respectivas industrias”. Este “beneficia a toda la industria de pasas, incluyendo a los demandantes, al evitar la volatilidad de los precios”. En otras palabras, permí­tanos regularnos a nosotros mismos porque nosotros nos beneficiamos al hacerlo. Los competidores grandes de Hettinga o los opositores en la industria de aves a los Schechter no lo podrí­an haber dicho de mejor forma.

Ocasionalmente gente como los Horne, los Schechter, o los Hettinga ayudan a exponer a los cárteles agrí­colas y a los compadrazgos por lo que son —agencias estatales que ayudan a las grandes empresas y perjudican a los consumidores. Sin embargo, esto ocurre rara vez porque usualmente es más fácil trabajar con el gobierno que en contra de íél, y debido a que la creación de cárteles es usualmente algo que le agrada a aquellos que pertenecen al cártel.

Las agencias como el RAC prosperan en la oscuridad y odian ser expuestas a la luz. Prefieren esconderse detrás del prolijo código agrí­cola de EE.UU. que está esencialmente impreso en cloroformo, para pedir prestada una frase de Mark Twain. Como la bacteria especialmente adaptada a vivir en los ambientes duros, el código es su subsistencia. Solo unos cuantos especialistas en determinada industria realmente comprenden cómo funciona el código, y ellos quieren que esto siga siendo así­.