EFE
Un grupo de organizaciones no gubernamentales peruanas adscritas a la Asociación Nacional de Centros (ANC) afirmaron hoy que el Gobierno de Perú pretende condicionar su labor al cumplimiento de una serie de recomendaciones del organismo fiscalizador estatal (APCI).
La presidenta de la ANC, Julia Cuadros, declaró a Efe que la resolución de la APCI, que entró en vigencia el 19 de mayo pasado, establece el "cumplimiento a sus recomendaciones" para que las ONG renueven sus registros y accedan a recursos de la cooperación internacional.
Aseguró que las organizaciones ya cuentan con suficientes mecanismos de fiscalización como la misma APCI, el Ministerio de Trabajo, los gobiernos regionales y de quienes los financian.
Asimismo, consideró que la resolución es un intento por parte del Gobierno de "acallarlos al resultar incómodo su apoyo a protestas contra la minería".
En abril pasado, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, expresó que "las ONG que tienen financiamiento con un fin caritativo, lo usan para bloquear las inversiones y atentan contra el progreso económico", en medio de las protestas contra el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper.
Los disturbios contra este proyecto dejaron cuatro muertos y más de 200 heridos, lo que llevó al Ejecutivo a decretar en mayo el estado de emergencia en la provincia de Islay, en la región Arequipa.
Para el director general del Instituto de Defensa Legal (IDL), Glatzer Tuesta, la medida adoptada es abusiva y busca amedrentar a las ONG que tengan una visión diferente a la del Gobierno.
"El Gobierno tilda a las ONG ambientalistas de financiar con sus fondos la protesta y de ser terroristas antimineros, no se puede acusar sin pruebas y una investigación", manifestó Tuesta.
Asimismo, indicó que no les es posible trabajar, si de forma constante salen nuevos requisitos para fiscalizar sus labores y agregó que en el Perú las ONG son uno de los organismos más fiscalizados.
La ANC y un grupo de organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) reiteraron su apoyo a la transparencia e indicaron que de demostrarse que una organización malversa fondos será desafiliada.
Southern Copper anunció una pausa en el proyecto Tía María para poder explicar mejor sus alcances a la población, especialmente su cuestionado Estudio de Impacto Ambiental, que recibió más de un centenar de observaciones en 2011.
La empresa filial del Grupo Míéxico estima invertir unos 1.400 millones de dólares para desarrollar el proyecto y producir 120.000 toneladas anuales de cátodos de cobre, los cuales se obtendrán mediante el proceso de lixiviación y el uso de agua de mar desalinizada, según asegura la empresa.
