El primer listado público de contribuyentes con deudas con Hacienda superiores a un millón de euros incluirá a unos 5.000 declarantes. Los afectados, que son en su mayoría empresas, recibirán en breve la comunicación oficial de que sus nombres aparecen en esa lista negra. Cuando ello suceda, tendrán un plazo de diez días para presentar alegaciones. La identidad de los declarantes se conocerá en diciembre.
La reforma de la Ley General Tributaria aprobada el pasado septiembre contempla la publicación de una lista de contribuyentes que, transcurrido el período voluntario de pago, mantengan deudas fiscales superiores al millón de euros. Los nombres se conocerán en diciembre e incluirá a los declarantes que a 31 de julio de este año cumplieran las condiciones para aparecer en el listado. Fuentes de la Administración aseguran que esa primera lista negra, que se está ultimando, cuenta con 5.000 contribuyentes. Así, como mínimo, la deuda pendiente asciende a 5.000 millones, aunque el importe definitivo será muy superior. Aunque los afectados abonenen ahora su deuda, no se librarán de aparecer en la lista.
La Agencia Tributaria iniciará a partir del 20 de octubre el envío de comunicaciones para informar a los declarantes afectados. El 80% de los potenciales integrantes de la lista son empresas incluidas en el sistema de Notificación Electrónica Obligatoria y, por lo tanto, recibirán el aviso a travíés de internet. La comunicación del 20% restante se realizará de forma presencial a travíés de un agente. En cualquier caso, bastará un intento para que se entienda como notificado. Tras recibir el aviso, el interesado tiene un plazo de 10 días para realizar alegaciones sobre posibles errores tíécnicos o aritmíéticos.
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Así, en la última semana de noviembre o primera de diciembre se elaborará la lista definitiva tras evaluar las alegaciones. Se publicará previsiblemente en la última quincena de diciembre, coincidiendo con el período electoral.
El Gobierno asegura que la medida tiene un carácter ejemplarizante y tambiíén supone un incentivo para que las empresas cumplan sus obligaciones tributarias ante el riesgo reputacional que supone aparecer en una lista de morosos con Hacienda.
La normativa establece que la fecha exacta de publicación se comunicará a travíés de una orden ministerial y detalla que “se efectuará en todo caso por medios electrónicosâ€. La Administración deberá adoptar medidas para “impedir la indexación†del nombre de los morosos en buscadores de internet. El objetivo es evitar que se pueda encontrar el nombre de los contribuyentes afectados a travíés de herramientas como Google. Además, “los listados dejarán de ser accesibles una vez transcurridos tres meses desde la fecha de publicaciónâ€.
Los despachos fiscales y las empresas lamentan que en ese listado aparecerán compañías que no tienen ningún afán defraudatorio y que no han pagado los impuestos en plazo por falta de recursos. Hacienda recuerda que la medida no afecta a empresas con deudas aplazadas o que están suspendidas a la espera de una resolución o sentencia.
En el caso de los defraudadores, Hacienda promovió un cambio legislativo que permitirá la publicación en el BOEdel nombre de los contribuyentes que hayan sido condenados por delitos fiscales. Teniendo en cuenta la lentitud de la Justicia, es probable que la mayor parte de los declarantes que salgan a luz aparezcan por fraudes cometidos una díécada atrás. Está previsto que en noviembre se empiece a publicar el nombre de los evasores con sentencias firmes.
Más tiempo para cerrar inspecciones
Más allá de la publicación de la lista de morosos, la reforma de la Ley General Tributaria contempla otras medidas que modifican la relación entre Hacienda y los contribuyentes. Hasta ahora, los funcionarios del fisco contaban con 12 meses para cerrar sus inspecciones y, bajo determinadas circunstancias, el margen podía alargarse otros 12. La reforma amplía el plazo a 18 meses por regla general y 27 meses para casos más complejos. Se trata de una vieja reclamación de la Organización de Inspectores de Hacienda. De hecho, los cambios aprobados por el Gobierno han sido aplaudidos por los funcionarios de la Agencia Tributaria y han generado reticencias entre los asesores y despachos tributarios
EFE
