(PL)
La Fiscalía de Panamá investiga un posible lavado de dinero en la construcción de dos hidroelíéctricas ligadas al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y sus hijos, informó hoy el diario La Prensa.
Según el Ministerio Público, el expediente se abrió de oficio bajo este supuesto delito, al que se agrega la construcción no planificada de una subestación para enlazar las centrales con el sistema nacional, aunque las pesquisas pudieran ser ampliadas a otros quebrantamientos de la Ley.
La indagatoria incluirá a las entidades gubernamentales relacionadas con el otorgamiento de concesiones, para conocer cómo se hicieron los trámites, los responsables de los mismos y aquellos que puedan aportar información, señaló la fuente que no fue identificada por el periódico.
Por su parte, el fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, solicitará a la Empresa de Transmisión Elíéctrica, S.A. (Etesa) una auditoría sobre la instalación de hidroelíéctricas concedidas a Martinelli, a fin de determinar si hubo lesión patrimonial en perjuicio del Estado.
Rodríguez detalló que de acuerdo con lo publicado por La Prensa y lo revelado por el director de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (Asep), Roberto Meana, el Estado construyó a travíés de Etesa la subestación no planificada para favorecer al exgobernante y sus hijos, lo que deberá aclararse.
Meana aseguró al rotativo que la subestación de San Bartolo, en la central provincia de Veraguas fue ejecutada con fondos públicos para facilitar las operaciones de las centrales Las Cruces, de 19,8 megawatts (MW), actualmente en funcionamiento, y San Bartolo, de 19,4 MW que concluirá en 2016.
La inversión no estaba incluida en el plan de expansión de Etesa, que se hace para el cuatrienio, pero se dispuso la licitación y construcción de la misma, aseveró.
Ambas centrales elíéctricas pertenecen a la Corporación de Energía del Istmo, donde Martinelli y sus hijos Luis Enrique y Ricardo Alberto son accionistas mayoritarios y el gerente de la misma es Gustavo Garuz (hijo), cuñado de Luis Enrique; estos últimos partieron al extranjero poco despuíés de conocerse el escándalo.
Como parte de la investigación realizada por el medio, se presentó al menos un cheque por 900 mil dólares a favor de esa Corporación, como pago por comisiones ilícitas realizadas por Cobranzas del Istmo, una empresa que hacía recaudación fraudulenta de impuestos.
Las hidroelíéctricas encontraron la oposición de los vecinos, como expuso al medio Larissa Duarte, del Movimiento por Defensa del Río Cobre, un afluente del San Pablo, sobre el cual hicieron las obras.
Durante 2012 cuando se gestaban las obras, Martinelli viajaba con frecuencia a la zona en helicóptero, señaló Duarte, quien refirió que, junto a campesinos de la zona, protestan igualmente contra otros 13 proyectos similares sobre la cuenca del San Pablo.
Es necesario que la Fiscalía llegue al fondo de las grandes irregularidades que se han dado hace años en el manejo de estas concesiones, dijo y adelantó que solicitarán al actual presidente Juan Carlos Varela la expropiación de ambas centrales para que pasen al Estado.
