La políémica por la opacidad del plan de rescate de la banca, desvelada por El Confidencial el día 23, ha provocado una fuerte presión a favor de que se conozcan las entidades que vendan sus activos al Fondo de Adquisición (FAAF), a la que se han sumado Mariano Rajoy y, con matices, el consejero delegado de BBVA, Josíé Ignacio Goirigolzarri. Pero en privado los bancos lo tienen claro: ellos prefieren la opacidad y, si al final tienen que retratarse, la mayoría no piensa acudir salvo que se haga como en EEUU, donde todas las entidades están obligadas a acudir al rescate para que no se pueda distinguir las buenas de las malas.
"O todos o ninguno", afirman gráficamente fuentes de un banco mediano. "Si vamos a un modelo como el alemán, en el que se hacen públicas las entidades que acuden al fondo, no va a ir ningún banco porque nos pueden hundir en bolsa. Preferimos seguir buscando la liquidez en el BCE o hacer emisiones con el aval del Estado", añade. En este sentido, Goirigolzarri ya advirtió el miíércoles que "no hay que estigmatizar a las entidades que acudan al fondo" y Alfredo Sáenz, consejero delegado de Santander, se mostró el martes contrario a la publicación de los nombres por el "riesgo reputacional" que conlleva.
En caso de que se publiquen los nombres, las únicas entidades que acudirían al fondo serían aquellos bancoa tan agobiados por los venmcimientos de deuda que no tengan otra opción y, por supuesto, el conjunto de las cajas "porque no cotizan en bolsa y no corren ningún riesgo", según otras fuentes bancarias. Ahora bien, eso no es del todo cierto, y en algunas cajas piensan que el riesgo reputacional se puede trasladar a sus emisiones de deuda, que serán castigadas en los casos de las entidades que acudan al fondo en busca de liquidez. Y no sólo eso: "En el clima de desconfianza generalizado en el sistema financiero en el que nos encontramos, puede bastar el anuncio de que tal caja ha acudido al fondo para ver una retirada masiva de depósitos", según una de estas entidades que pone el reciente ejemplo de ING con la entrada del Estado en su capital.
De momento, el Gobierno sigue en sus trece de que el fondo de los 30.000 millones de euros (ampliables a 50.000) sea opaco y no se conozcan las entidades que venden sus activos -cíédulas o titulizaciones- al Tesoro. Así lo reiteró el miíércoles David Vegara, secretario de Estado de Economía, que al mismo tiempo aseguró ser partidario de la transparencia. Pero Vegara niega que se trate de un plan de rescate porque el Estado no compra capital de las entidades, sino que es un esfuerzo para reabrir el mercado interbancario.
Los bancos se contradicen
No obstante, distintas fuentes creen que toda esta presión y la mala imagen que está dando el Gobierno ante los ciudadanos -que no entienden muy bien que se ayude a una banca que presume de fortaleza, y mucho menos que se haga en secreto- acabe por torcer la mano del regulador. Fuentes del entorno del propio Solbes admiten que "la opacidad no tiene defensa alguna". Claro que, en ese caso, se podría optar por el modelo americano de obligar a todas las entidades a vender activos al fondo aunque sea en pequeñas cantidades. Y estaríamos en las mismas.
Con esta actitud, los bancos "están mirando únicamente su cotización a corto plazo, pero a medio sería mucho mejor para ellos una transparencia total porque generaría confianza en el mercado hacia las entidades que admitan acudir a esta vía de liquidez", opina un experto en el sector. Porque este fondo no es más que una vía más de liquidez para suplir a las que están cerradas -interbancario, emisiones mayoristas- y para complementar las subastas del BCE. "Con el oscurantismo, se abona más la idea de que esto es un regalo de fondos públicos a la banca para tapar sus agujeros", añade este experto.
De hecho, la propia AEB (Asociación Española de Banca) ha insistido desde el principio de la crisis en pedir transparencia absoluta a los bancos extranjeros sobre su exposición a los activos tóxicos y otras fuentes de píérdidas para devolver la confianza en el sector y que se pudieran reabrir los mercados de críédito. La actitud actual de los bancos sobre la transparencia del FAAF contradice radicalmente estas peticiones.
Llueven las críticas al plan
Aparte de esta cuestión, los economistas cada vez ponen más pegas al plan. La citada fuente cercana a Solbes afirma que "no estoy seguro de que adquirir los activos buenos de los bancos sea la mejor solución,sino más bien sería comprar los activos tóxicos. Además, tiene más sentido garantizar en vez decomprar (es decir, el segundo plan de rescate que destinará 100.000 millones a avalar emisiones de deuda de las entidades). El plan que se ha planteado en España no es el mejor que sepodía hacer".
Otros especialistas añaden que el dinero del fondo puede ser utilizado por algunas entidades para superar a su competencia. Una situación anticompetitiva que ya han criticado varias entidades españolas respecto a las extranjeras que han sido rescatadas/nacionalizadas/inyectadas por sus respectivos Gobiernos.
Y el sector bancario cada vez pone más pegas al plan de rescate. Aparte de pedir que sea secreto, distintas entidades han criticado en los últimos días la escasez de las compras previstas para 2008 (10.000 millones), la imposibilidad de trasladar ese dinero a nuevos críéditos o la valoración de los activos que va a comprar el Tesoro (que no podrá ser superior al precio de la deuda pública al mismo plazo).
