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Miles de franceses se unieron hasta hoy a una petición en línea creada por sindicalistas para protestar contra un proyecto gubernamental de reforma del derecho laboral que provoca políémica en el país.
La petición, colgada hace apenas cuatro días, ha recibido el apoyo de unas 150 mil personas.
La CGT, principal sindicato francíés, llamó el viernes último a una respuesta fuerte y unida del mundo del trabajo ante el proyecto impulsado por el gobierno.
Según la organización, si fuera adoptado, ese plan constituiría un retroceso histórico de los derechos de los empleados, al apuntar que ofrece una libertad total al empresariado.
Toma en cuenta los intereses financieros del empresariado y de los accionistas, por encima de la protección de los empleados, enfatizó.
Mediante un comunicado, diputados del Frente de Izquierda remarcaron que el texto es un proyecto de erradicación del derecho laboral. Contiene ataques sin precedentes contra el tiempo de trabajo, los salarios y las indemnizaciones por despido, señalaron.
Según la información divulgada, contempla una mayor flexibilidad del código y el mercado de trabajo. Por ejemplo, la organización del tiempo de trabajo o la remuneración de las horas extraordinarias, hasta ahora enmarcadas por la ley, serán decididas por acuerdos de empresa.
Tambiíén prevíé facilitar los despidos por motivos económicos y poner topes a las indemnizaciones por despido otorgadas por los tribunales laborales.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, en entrevista con el diario Les Echos, expresó que con esa iniciativa el gobierno quiere hacer avanzar al país a travíés del diálogo social, garantizar más derechos reales, hacer a las empresas más competitivas, desarrollar y preservar el empleo.
El documento será presentado el 9 de marzo al Consejo de Ministros. Posteriormente debe comenzar su examen en el Parlamento en un contexto de persistentes dificultades laborales y una tasa de desempleo que supera el 10 por ciento.
Al respecto, El Khomri apuntó que el debate será muy rico porque hay un cambio de filosofía importante.
No descartó el uso del artículo 49.3 de la Constitución, el cual da la facultad de aprobar un proyecto de ley sin necesidad de tener la anuencia de la Asamblea Nacional.
El gobierno francíés recurrió en 2015 a ese atajo constitucional para lograr la aprobación de un cuestionado proyecto económico criticado por varios sectores de la sociedad.
