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El fraude tributario de las empresas transnacionales ha estado en el debate público desde hace años, especialmente cuando explotó la crisis global.
Investigaciones de prensa y destapes fruto de filtraciones de los correos electrónicos de altos funcionarios corporativos (como Luxleaks) han demostrado que las grandes empresas han dejado de pagar cientos de miles de millones de dólares a todos los fiscos del mundo, incluso en países desarrollados.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, ha señalado que Amíérica Latina pierde 320 mil millones de dólares al año por evasión y elusión tributaria de las empresas.
Ante esta realidad, el movimiento global por la justicia fiscal, que aglutina centenares de organizaciones sociales, ONG, fundaciones, iglesias, y más, plantearon el año pasado, en alianza con algunos gobiernos, la necesidad de contar con un cuerpo intergubernamental de tributación internacional. Una especie de OMC de los tributos que atienda este problema que va mucho más allá de las fronteras nacionales, y que por tanto, no puede ser abordado por reformas fiscales domíésticas.
Esta propuesta se hizo a propósito de la Conferencia Internacional sobre Financiamiento al Desarrollo en Adís Abeba en julio del 2015. El resultado fue vergonzante. Estados Unidos y sus aliados bloquearon la propuesta dando argumentos ridículos, como que generaría mucho gasto, mucha burocracia, etc. Cuando en realidad lo que buscaban era mantener ese debate entre las paredes del club de los ricos: la OCDE, que está integrada solo por una treintena de países.
Han pasado más de seis meses, y la propia OCDE ha decidido abrir su Comitíé de Asuntos Fiscales al darse cuenta que en este debate no pueden no estar todos los países del mundo. En la práctica han tomado la propuesta de Adís Abeba y la han reducido, tanto en su programa (pues solo discutirán la implementación del limitado proyecto BEPS de la OCDE), como en su peso político (supeditado todo al gobierno de la OCDE).
Y si bien muchos celebran que se haya abierto este comitíé, sigue en agenda avanzar a un modelo de gobernanza en tributación que incluya informes país por país de las transnacionales, intercambio automático de información tributaria, registro de beneficiarios reales, y un cuerpo intergubernamental que regule todo.
Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD)
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