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Estados Unidos insistió hoy que mantienen las sanciones administrativas sobre parte de las 68 empresas panameñas del consorcio local Waked, solo por "razón para creer", único elemento solicitado por sus leyes para tal actuación.
El embajador estadounidense en Panamá, John Feeley, explicó a periodistas que "para formular cargos judiciales, nosotros tenemos que tener (sic), los fiscales tienen que tener una razón para creer la culpabilidad más allá que una duda razonable", y aseguró que tal es el caso de Nidal Waked, detenido en Colombia, en espera de ser extraditado a Estados Unidos.
Pero, sobre quien su país señala como otro de los cabecillas en una organización de lavado de dinero, su tío Abdul Waked, el diplomático aseveró:
"En el caso administrativo, solamente la Ley nos requiere de probar razón para creer; por eso precisamente el señor Abdul no está bajo ningún cargo judicial en Estados Unidos, pero sí bajo una sanción administrativa del Departamento del Tesoro, porque tenemos razón para creer."
Aunque dijo no estar autorizado a referir pruebas, aseguró estar diariamente en contacto con las autoridades judiciales panameñas que investigan este caso y para justificar su silencio afirmó que "transparencia no significa soltar toda la información que uno maneja al mismo momento, o sea, en el momento que uno lo pida".
Despuíés ofreció a los periodistas su concepto: "la transparencia consiste en tener instituciones democráticas muy fuertes, procesos transparentes donde todo el mundo entiende cuál es el proceso".
Por su parte, Guillermina McDonald, defensora de Abdul para el caso generado en el país por su inclusión en la Lista Clinton de lavado de activos, espera que el expediente identificado por la Agencia de Droga de Estados Unidos (DEA) como el origen de las sospechas contra su cliente, revele la inconsistencia de la línea de investigación que lo incrimina.
Una carta filtrada a la prensa, firmada por Ronald Robinson, director de la DEA en Panamá, narra la participación de entidades istmeñas en las investigaciones iniciadas en 2006 contra el Grupo Waked International S. A. (Wisa) por lavado de dinero.
Según el documento, cuyo facsímil fue publicado recientemente por varios medios locales, el 16 de agosto de 2006 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, de esta capital, detuvieron a una ciudadana mexicana con 217 mil 295 dólares en efectivo y con su colaboración, capturaron a otras dos personas involucradas.
A su vez allanaron, la residencia de uno de ellos, Ali Abd Fares Shaaban, e incautaron facturas por valor de 10 millones de dólares, emitidas por numerosas compañías, incluidas el Grupo Wisa, propiedad de Abdul.
Según la abogada, el incidente en cuestión concluyó sin sentencia condenatoria para el principal implicado quien fue absuelto, y Mac Donald aseguró que la Fiscalía entonces "no investigó la veracidad de las facturas, ni los asientos contables".
No obstante, en un fallo sobre un recurso de habeas corpus relacionado con aquel caso, la Corte Suprema de Justicia aseguró el 11 de Junio de 2007, presencia de restos de cocaína en el auto de Abd Fares y en dinero ocupado en su domicilio.
