Rumasa aún colea cuatro lustros despuíés
F. S. Madrid - Madrid -
Es, sin duda, el escándalo más duradero de la democracia. Mañana se cumplen 20 años de la decisión del primer Gobierno del PSOE de expropiar a Josíé María Ruiz-Mateos las acciones del por aquel entonces enorme grupo empresarial denominado Rumasa.
La decisión, adoptada por decreto-ley, fue la más contundente de las adoptadas por el Ejecutivo que presidía Felipe González. Puso en marcha un enorme proceso, todavía hoy no cerrado, con múltiples frentes. La expropiación trajo consigo la necesidad de aplicar un plan de saneamiento para cubrir un díéficit que, según los peritos judiciales, alcanzaba a 31 de diciembre de 1982 un total de 346.000 millones de pesetas.
En el momento de la expropiación, el grupo Rumasa lo constituían 700 empresas, con una plantilla global de 65.000 personas y una facturación de 350.000 millones de pesetas.
Miguel Boyer, protagonista de la decisión final de intervenir el grupo, afirmó en 1997 que 'la expropiación de Rumasa no fue una medida sancionadora o punitiva contra Ruiz-Mateos por unos presuntos delitos que hubieran correspondido a los tribunales depurar. Fue una medida de política económica, con la que se quiso evitar la crisis total de un grupo en quiebra, que, en las difíciles circunstancias de 1983, nos pareció que podría tener unas consecuencias muy graves'. Con su peculiar estilo personal, Ruiz- Mateos prefería definir la intervención como 'un atropello y una tropelía gubernamental'.
Tras la aplicación de los planes de viabilidad y saneamientos, llegó el proceso de privatización. Todas las empresas fueron vendidas a la iniciativa privada y el proceso lo cerró hace tan sólo unos meses la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con la venta de las últimas fincas rústicas propiedad del antiguo grupo de la abeja.
En paralelo a los procesos de saneamiento y privatización discurrió un arduo, intrincado y complicado proceso judicial, que todavía hoy tiene causas abiertas en el Tribunal Supremo.
Pero hasta llegar a este punto, el rosario de intervenciones judiciales sobre el tema ha sido enorme. Y todos ellos trufados de pintorescas y esperpíénticas intervenciones de Josíé María Ruiz-Mateos. Incluso en su ánimo de mantener vivo el recuerdo de la expropiación llegó a agredir públicamente al ex ministro socialista Miguel Boyer.
Zoilo Ruiz-Mateos, hijo del fundador del grupo Josíé María Ruiz-Mateos, asegura no ver más solución al conflicto que sentarse con las autoridades e intentar negociar un acuerdo. 'No se trata de llegar a un pacto basado en una cifra con un montón de ceros. Entendemos que es una cuestión que lleva abierta 20 años y que es de absoluta justicia que alguien lo zanje definitivamente', explica.
Reconstruir el imperio
'Nuestra intención no es perjudicar al erario público, creemos que un Gobierno responsable como el del Partido Popular tiene la obligación de poner un punto final aceptable para todos a esta historia', añade. Los Ruiz-Mateos están tratando de volver a construir el imperio.
Mucho menor que la antigua Rumasa, el nuevo grupo controla ya varias empresas, pero, según Zoilo Ruiz-Mateos, 'preferimos no dar detalles de cuántas tenemos ni de los ingresos que generan. Hemos aprendido del pasado y preferimos que la nueva Rumasa no sea tan pública como lo fue la antigua'.
Los hitos de la intervención del holding
í‰stos son los hechos más destacados de los 20 años del proceso que se ha seguido tras la intervención del grupo Rumasa.
23 de febrero de 1983. El primer Gobierno socialista expropia Rumana.
4 de marzo de 1983. Josíé María Ruiz-Mateos huye a Londres.
25 de abril de 1985. El propietario del holding de la abeja es detenido en Francfort.
1 de diciembre de 1985. Ruiz-Mateos es extraditado a España.
19 de diciembre de 1986. El Tribunal Constitucional falla a favor, por un voto, de la expropiación.
27 de octubre de 1988. Ruiz-Mateos huye de la Audiencia Nacional, disfrazado con una peluca y una gabardina.
3 de mayo de 1989. Ruiz-Mateos insulta y agrede a Miguel Boyer en un acto público.
13 de noviembre de 1989. Detenido en Lepe (Huelva), el ex presidente del grupo ingresa en la prisión de Alcalá.
2 de enero de 1997. La Audiencia Nacional ordena el encarcelamiento de Ruiz-Mateos para asegurar su presencia en el juicio.
19 de febrero de 1997. Se inicia el juicio. La fiscalía pide una condena de 12 años.
12 de junio de 1997. La Audiencia Nacional absuelve al empresario de los delitos de falsedad y estafa.
25 de marzo de 1999. El Tribunal Supremo confirma la absolución de todos los cargos a Ruiz-Mateos.
19 de noviembre de 2002. La SEPI cierra el proceso de privatización de las empresas del holding tras vender las últimas seis fincas rústicas.
4 de diciembre de 2002. Los minoritarios de la cadena de grandes almacenes Galerías Preciados comienzan a cobrar el justiprecio de sus acciones fijado por el Tribunal Supremo.
Los frentes judiciales
Autos, sentencias y procedimientos sobre la expropiación, la reprivatización, el derecho de reversión, el justiprecio de las sociedades, la responsabilidad penal de Josíé María Ruiz-Mateos y hasta resoluciones en tribunales extranjeros. Es la retahíla de procesos judiciales que arrancaron tras el Real Decreto 2/1983 por el que se expropió Rumasa.
El Tribunal Constitucional resolvió que la expropiación era constitucional. Este mismo tribunal y el Supremo tambiíén acordaron en nueve sentencias que se había respetado la legalidad en la reprivatización de Galerías Preciados, Banco Atlántico, varios hoteles e inmobiliarias. El Supremo abrió 165 procedimientos promovidos por Ruiz-Mateos para que se le devolvieran 163 empresas del holding. El Supremo se ha pronunciado en contra de la reversión. En cuanto a la valoración de las sociedades o justiprecio (precio por acción), Ruiz-Mateos recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid establecido por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid (en 96 sociedades la valoración fue positiva y se pagaron 70,6 millones de euros a accionistas minoritarios y en 126 fue negativa). Se han dictado 23 sentencias contrarias al justiprecio acordado por el jurado. Han sido recurridas al Supremo, que en una primera sentencia da la razón al jurado, aunque aún quedan 167 resoluciones por fallar.
Ruiz-Mateos fue absuelto por la Audiencia Nacional el 12 de junio de 1997 de dos delitos de falsedad en documentos mercantil. El tribunal aplicó a Ruiz-Mateos las ventajas que el nuevo Código Penal (aprobado dos años antes) tenía para el justiciable.
En la sentencia se reconocía probado que en Rumasa había dos contabilidades, cuentas ficticias, facturas falsas, impagos a Hacienda y a la Seguridad Social, revalorizaciones ficticias, etc. Pero, según el tribunal, no existió 'lesión o daño efectivo', por lo que no se daba el requisito legal para considerar los hechos como delito. El Supremo (1999) confirmó la absolución del ex presidente de Rumasa y de otros cuatro acusados.
En 1985 el Tribunal Constitucional alemán rechazó el recurso contra la orden de extradición de Ruiz-Mateos. En 1986 un juez inglíés reconoció al Estado español propietario de Multinvest (la Rumasa exterior). En 1991 un juez de EE UU acordó que fue legal la expropiación de la marca Dry Sack. Y en 1993 el Tribunal de Estrasburgo falló a favor de Ruiz-Mateos por dilaciones indebidas en el proceso penal.
