Desde el años dos mil, el Banco de España obliga a bancos y cajas de ahorro a dotar provisiones geníéricas para, en caso de que se produjera un aumento de la morosidad, la posición financiera de las instituciones no se viera afectada. Esas reservas, que a principios de año ascendían a más de 30 mil millones de euros, son las que en estos momentos están permitiendo que la morosidad no haya dañado, aún más, sus balances y que su posición de solvencia parezca envidiable en un contexto como el actual.
Evidentemente, esta medida nunca fue del agrado de los banqueros quienes a principios de este año lanzaron una ofensiva para tratar de conseguir que el Banco de España levantara la obligación de mantener esos recursos inmovilizados. Ya entonces escribí sobre ello y advertía de que no tenía ningún sentido esa reclamación con una perspectiva de crisis como la que se avecinaba.
Es más, y de ello tambiíén escribí, los ocho principales bancos sí que consiguieron que se redujera la supervisión del Banco de España sobre sus niveles de riesgo y la provisión de reservas que hubieran de realizar en relación con los mismos.
Pues bien, todo esto viene al caso en estos momentos en los que se ensalza el modelo de supervisión del Banco de España sobre el sistema bancario y el presidente del Gobierno trata de exportarlo al resto del mundo en la cumbre del G-20 a donde, ingenuamente, cree que ha ido a contribuir a la conformación de un nuevo orden financiero internacional.
Y es que, por un lado, las tendencias del sistema de supervisión financiera español iban en la misma línea desreguladora que rige en el resto del mundo. Tan sólo que la crisis llegó justo a tiempo para frenarlas y, al menos, ha ofrecido la posibilidad de replantearse que una supervisión estricta sigue siendo del todo punto necesaria. Guste o no guste a los banqueros.
Pero, fundamentalmente, lo que todo esto viene a poner de manifiesto es la hipocresía de nuestros banqueros que no dudan ahora en deshacerse en elogios hacia un sistema de supervisión que han denunciado y tratado de eludir y desarmar en todo momento y que ahora, cuando de apuntarse míéritos y de reclamar ayudas públicas se trata, pasan a defender.
Así que donde dije digo digo Diego y todos tan contentos. Como si en este país nadie tuviera memoria.
Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga (España). Puedes leer otros textos suyos en su blog "La otra economía".
