EFE
BUENOS AIRES.- Una comisión del Parlamento argentino recomendó al plenario del Legislativo avanzar hacia una ley de expropiación de Aerolíneas Argentinas despuíés de que el grupo español Marsans rechazara la valuación de la empresa efectuada por el Tribunal de Tasación argentino.
La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones emitió un dictamen que recomienda expropiar a Marsans la línea aíérea y sus filiales.
El trámite de debate de una ley podría prolongarse al menos un mes y Marsans ha reiterado en varias oportunidades que recurrirá a todos los medios legales si finalmente le expropian la empresa.
El dictamen fue aprobado tras una reunión a la que los legisladores habían citado al presidente de Aerolíneas Argentinas y vicepresidente de Interinvest (Marsans), Horacio Fargosi, y a Jorge Molina, representante del grupo español en el directorio de la empresa aíérea.
El Gobierno de Cristina Fernández y Marsans negociaban desde julio pasado el traspaso de Aerolíneas al Estado argentino, dueño de un 5% de la compañía, pero las conversaciones prácticamente no registraban avances desde que las partes presentaron sus valuaciones de la firma.
A juicio del Estado, la empresa tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que no debería pagar nada, mientras que para Marsans vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse, al que el grupo español encargó una valuación.
El grupo español reclamaba la convocatoria a un tercer tasador independiente, cuya valoración sería inapelable, tal como lo estableció el acta firmada con el Gobierno el 17 de julio pasado, cuando se inició la negociación.
Pero el Gobierno rechazó esta posibilidad al argumentar que el Parlamento, a comienzos de septiembre, aprobó una ley que convalida el rescate estatal, pero establece que el Legislativo es el que dará el visto bueno al precio que el Estado pagará a la empresa.
Aerolíneas, con 9.000 empleados, arrastra una deuda de unos 890 millones de dólares. Por ello, el Gobierno ha aportado en los últimos meses millones de dólares para que ambas aerolíneas puedan operar. La aerolínea y su filial concentran el 80% del mercado de vuelos domíésticos.
