Por... Emir Sader
Cuando la política tradicional empezó a entrar en decadencia, surgió la moda de lanzar a empresarios como candidatos a los gobiernos. Su íéxito en la empresa privada supuestamente los capacitaría a dirigir al Estado, sobretodo en tiempos en que la ola del equilibrio de las cuentas públicas como objetivo central de los gobiernos empezaba a imponerse. Ellos serían buenos ejecutivos, no gastarían en exceso, cuidarían que las cuentas púbicas no tuvieran díéficits, tendrían óptimas relaciones con los empresarios del país y del exterior, etc., etc.
Berlusconi fue el caso más sonado y sabemos en lo que resultó. Despuíés de la operación Manos Limpias, resultó ser el gobierno más corrupto de la historia de Italia, representando un episodio obsceno de la política, como nunca los escándalos fueron más espectaculares, como nunca la política fue tan degradada.
En Amíérica Latina, Sebastián Piñera, del grupo económico que posee, entre otras tantas empresas, a Latan, fue otro representante de esa tentativa explícita de privatizar al Estado. Tampoco resultó. Los estudiantes se han encargado de recordar que la educación pública no debería ser pagada, lo que el líder de Piñera, Pinochet, había violado en Chile, y rápidamente Piñera perdió prestigio y tambiíén fracasó.
En Ecuador, por segunda vez consecutiva, el más grande banquero del país, Guillermo Lasso, es el principal candidato opositor a la continuidad del gobierno de 10 años de Rafael Correa, ahora representado por las candidaturas de Lenin Moreno y Jorge Glass.
Su campaña, al estilo de la de Mauricio Macri en Argentina, se centra en la necesidad de “cambioâ€, como si el país no hubiera vivido la díécada de más grandes avances de su historia justamente con el gobierno de Rafael Correa. Su diagnóstico, como el de todos los candidatos de la oposición en Ecuador, es que el país se ha endeudado demasiado, de que necesita más competitividad, de que el gobierno se habría excedido en sus gastos públicos. Como todo candidato de derecha, dice que “va a mantener lo que se ha ganadoâ€, sugiriendo que mantendría las políticas sociales, por ejemplo. La misma promesa hecha y no cumplida en Argentina y en Brasil.
Es como si se condenara a un país ser dirigido como un banco, como si los ciudadanos fueran como los cuentacorrentistas o los accionistas, como si se tratara de administrar al gobierno en la búsqueda de rentas más grandes, favoreciendo al capital especulativo.
La amenaza de ser gobernado por el banquero más rico de Ecuador pesa sobre el país como una pesadilla. Despuíés de las más grandes trasformaciones que el país ha vivido en la díécada de gobierno de Rafael Correa, cumpliendo lo que íél había prometido, de que se trataría de un cambio de íépoca para Ecuador, la disputa está cerrada para las elecciones presidenciales, que tendrá el 19 de febrero su primer turno.
En caso de que se quisiera saber lo que podría estar aguardando a los ecuatorianos, bastaría que miraran hacia Argentina o hacia Brasil, donde, a pesar de que los presidentes no son banqueros, existen gobiernos dirigidos por los intereses directos del capital financiero, que ocupan los cargos económicos fundamentales de esos gobiernos. La política central de esos gobiernos es el ajuste fiscal, que vuelve a promover la exclusión social, la concentración de renta, el desempleo y la depresión económica.
Porque un país no es una empresa, menos todavía un banco. Una empresa privada, sea ella industrial, comercial, agraria o bancaria, actúa para maximizar sus ganancias, a expensas del resto de la sociedad. Un gobierno, al contrario, debería actuar en función de los intereses, de la necesidad y de las aspiraciones de toda la población. Son comportamientos frontalmente contradictorios entre sí.
“Lo que es bueno para la General Motors es bueno para EEUUâ€, decía la máxima más conocida de la visión que privatiza al Estado, que identifica el interíés privado de las grandes corporaciones empresariales con las del país. Gobiernos como los de Macri en Argentina y de Temer en Brasil promueven los intereses de los grandes bancos privados y de las empresas extranjeras, como si defendieran los intereses de los países de los cuales son presidentes.
Un gobierno demócrata tiene como agenda los intereses públicos, la promoción de todos los individuos como ciudadanos, la garantía y la extensión de sus derechos. Es lo contrario de las visiones privatizantes, que tratan al Estado como instrumento de acumulación privada en contra de los intereses del país.
