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El Consejo de Ministros de Italia aprobó la asignación de dos mil millones de euros para la inclusión social de 660 mil familias pobres a partir de 2018.
La decisión está en línea con la ley aprobada el 9 de marzo último por el Senado tras recibir el visto bueno de la Cámara de Diputados y beneficiará a un universo aproximado de un millón ochocientas mil personas.
La asignación, la cual se hará mediante la suscripción de un convenio con los receptores, oscilará entre 190 y 485 euros mensuales durante un período de entregas consecutivas no mayor de un año y medio.
Entre los requisitos exigidos para recibir la ayuda está poseer un ingreso inferior a seis mil euros anuales y bienes inmuebles por un valor máximo de 20 mil.
Uno de los problemas del plan es que con los recursos disponibles sólo abarcará al 37 por ciento de los 4,6 millones de italianos en estado de pobreza absoluta.
Por tal motivo, según expresó el ministro del Trabajo, Giuliano Poletti, citado por medios de prensa, en la fase inicial se dará prioridad a los núcleos con al menos un hijo menor o con discapacidad, con mujeres embarazadas o desempleados de más de 55 años.
El titular indicó que, además de firmar un contrato, los beneficiarios se tienen que comprometer con determinados indicadores de conducta, como mejorar su calidad ocupacional y garantizar la asistencia de sus hijos a la escuela.
En declaraciones anteriores, Poletti explicó que el objetivo de este primer programa nacional de enfrentamiento a la pobreza es pasar del concepto de ayuda de los subsidios al de las oportunidades.
La lógica de esta aproximación al problema es, indicó el funcionario, que las familias necesitadas puedan prestar mayor atención al desarrollo de sus hijos y al mismo tiempo encontrar las vías para salir de la situación en que se encuentran, mediante su inserción en un ambiente laboral productivo.
