Por... Manuel Suárez-Mier
Manuel Suárez-Mier dice que el inicio de la renegociación del TLCAN muestra que la administración Trump pretende obligar a Canadá y México a aceptar un trato asimétricamente favorable a EE.UU.
Uno de los mayores obstáculos para la exitosa negociación del TLC de Norteamérica que se inició anteayer es la pretensión de EE.UU. de obligar a Canadá y México a aceptar un trato asimétricamente favorable a ese país por el solo hecho que así lo ofreció en campaña Donald Trump.
Desde el introito al documento que envió el negociador comercial de la Casa Blanca (USTR, por sus siglas en inglés) Robert Lighthizer a su Congreso se afirma que “la administración pretende asegurar un auténtico comercio justo… que avance los objetivos de EE.UU.… y que resulte en un mucho mejor acuerdo para los americanos”.
La clave de lo que quiere EE.UU. radica en propugnar “comercio justo” en lugar de “comercio libre”, que implica manipular flujos comerciales a discreción del burócrata que defina qué es “justo” en lugar que el gobierno asegure mercados competitivos, sin estorbos, que garanticen las condiciones necesarias para el auténtico libre comercio.
“El nuevo TLC debe continuar rompiendo los obstáculos para las exportaciones de EE.UU…, eliminando subsidios ‘injustos,’ (y) prácticas de empresas estatales que distorsionan los mercados”. El problema de este lenguaje es que no menciona los enormes subsidios que EE.UU. otorga a sus exportaciones, sobre todo agrícolas, y las infranqueables murallas que protegen a su sector público federal, estatal y local.
Al respecto, EE.UU. pretende exigir a sus socios que abran completa y unilateralmente sus adquisiciones gubernamentales y paraestatales, al tiempo que se compromete a mantener sus leyes, ilegales e incompatibles con el TLC, que fuerzan a sus gobiernos a comprar exclusivamente lo hecho en EE.UU.
Como afirmó la afamada periodista Chrystia Freeland, hoy Canciller de Canadá, “los ordenamientos para privilegiar que las adquisiciones de los gobiernos y sus empresas sean sólo de productos y servicios con elevado contenido nacional, no son sino comida-chatarra política, en apariencia apetitosa pero muy poco saludable”.
Hay otro aspecto preocupante de la etiqueta “Buy American”, que es el de invocar razones de “seguridad nacional”. Según me dicen expertos en estos asuntos, EE.UU. ha estado desplazando a otros países, sobre todo China, la producción de componentes electrónicos cruciales para su seguridad nacional.
Esto abre un flanco muy vulnerable para EE.UU. pues en caso de conflicto con su principal, cuando no su único proveedor de tales dispositivos, se puede quedar sin su abasto en momentos críticos de conflicto bélico y sin forma de reemplazar su suministro en el corto plazo.
Suponiendo sin conceder que este sea el caso —desconozco el tema como para tener una juicio categórico—, la inasible resbaladilla que ofrece a los burócratas que definen qué es la “seguridad nacional”, les permitiría ampliar gradualmente su acepción a cada vez más productos y servicios, creando así el perfecto escudo proteccionista.
Nuestros negociadores del TLC, Ildefonso Guajardo en lo comercial y Luis Videgaray en lo político, de ninguna manera pueden aceptar términos asimétricos en este proceso que favorezcan a la potencia hegemónica. La negociación del TLC hace 25 años fue la primera instancia en la historia de las negociaciones comerciales en la que un país de menor desarrollo relativo aceptó un trato simétrico y no preferencial.
Ello fue un acierto que permitió ultimar un convenio que ha sido muy exitoso para los tres países, y que ahora que México aprobó reformas críticas, largamente pospuestas, tiene la plataforma productiva y competitiva que le permitirá crecer aceleradamente, junto con sus socios comerciales, y enfrentar con éxito los retos que plantea la intensa competencia externa.
No pueden fallar y permitir que EE.UU. adopte la “ley del embudo” como pretende EE.UU., lo que dejó claro anteayer Lighthizer en su discurso inaugural.
