Por... Eric Toussaint
La crisis desencadenada en Estados Unidos en los años 2007-2008 alcanzó con fuerza a los países de la Unión Europea en 2008, provocando graves perturbaciones en la Eurozona a partir de 2010 |1|. Los bancos de los países europeos más fuertes se encuentran en el origen del contagio de Europa, puesto que habían realizado inversiones masivas en productos financieros estructurados. Dicho esto, es importante explicar por qué esta crisis afecta más duramente a la Unión Europea, y en particular a la zona euro, que a Estados Unidos.
Entre los 28 países de la Unión Europea, 19 de ellos tienen una moneda común, el euro |2|. La UE cuenta con una población de unos 500 millones de habitantes |3|, o sea, casi la mitad de la de China, de África o de la India; dos tercios de la latinoamericana, y un 50 % más que la estadounidense.
Se observa una gran desigualdad entre los Estados de la Unión Europea: los países industrializados y más fuertes de la UE son Alemania, el Reino Unido, |4| Francia, los Países Bajos, Italia, Bélgica y Austria; hay once países que provienen de la antigua Europa del Este (tres repúblicas bálticas —Estonia, Letonia y Lituania—, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumania que formaban parte del bloque soviético; Croacia y Eslovenia, que constituían una parte de Yugoslavia); y luego están los países fuertemente afectados por la crisis del euro: Grecia, Portugal, España, Irlanda y Chipre.
Una disparidad salarial de la que se benefician las grandes empresas privadas
La disparidad salarial es enorme: el salario mínimo legal en Bulgaria (156 euros de salario bruto mensual en 2013) es entre 8 y 9 veces inferior al de países como Francia, Bélgica y los Países Bajos |5|. Pero la desigualdad salarial puede ser también muy grande dentro de un mismo país de la UE. Por ejemplo, en Alemania 7,5 millones de trabajadores se deben contentar con un salario mensual de 400 euros, cuando es normal que sea de más de 1.200 euros (en Alemania no existe un salario mínimo legal nacional).
Esta disparidad permite a las grandes empresas europeas ser muy competitivas, en particular las empresas industriales alemanas que trasladan una parte de su producción para que la realicen obreros y obreras de países como Bulgaria, Rumania y otros de Europa central y del Este. Luego se retornan las piezas a Alemania para su ensamblaje y el acabado del producto final. Por último, esos productos, cuyo coste salarial fue comprimido al máximo, se exportan a países de la Unión Europea o al mercado mundial. Hay que subrayar que en el interior de la UE no se pagan tasas de importación/exportación.
Disparidades reforzadas entre países
La negativa de la UE a desarrollar unas verdaderas políticas comunes para ayudar a los nuevos miembros en la reducción de su desventaja con respecto a los países europeos más fuertes, contribuyó a reforzar unas disparidades estructurales perjudiciales en el proceso de integración. Los tratados europeos fueron concebidos para servir a los intereses de las grandes empresas privadas, que aprovechan la desigualdad de las economías de la Unión para aumentar sus beneficios y reforzar su competitividad.
El presupuesto de la Unión Europea es minúsculo, ya que es el uno por ciento (1%) de su producto interior bruto, mientras que el presupuesto normal de un país industrializado representa el 45 o el 50 %, o más, de su PIB. Es el caso del presupuesto federal de Estados Unidos, administrado por Barack Obama, o el de Bélgica, España o Francia |6|. Para dar una idea de hasta qué punto el presupuesto gestionado por la Comisión Europea es irrisorio baste decir que es comparable al de Bélgica, que tiene 10 millones de habitantes, o sea, una quincuagésima parte de la población de la Unión Europea. Se debe señalar que la política agrícola común representa cerca del 50 % del presupuesto de la UE.
La crisis no fue provocada por la competencia exterior
La crisis no se debe a la competencia de China, Corea del Sur, Brasil, la India o de otras economías de países en desarrollo.
En el curso de los últimos diez años, Alemania (así como los Países Bajos y Austria) se lanzó a una política neomercantilista: logró aumentar sus exportaciones especialmente en el interior de la Unión Europea y de la eurozona, reduciendo los salarios de sus propios trabajadores |7|. Ganó así competitividad con respecto a sus socios, y especialmente frente a países como Grecia, España, Portugal, Italia (que participan de la Eurozona) e incluso Rumania o Hungría. Éstos vieron como se instalaba o se profundizaba su déficit comercial con respecto a Alemania y a otros países del Centro.
El euro como camisa de fuerza
Cuando se implantó el euro, la moneda alemana fue subvaluada (a pedido de Alemania) y, en cambio, las monedas de los países más débiles fueron sobrevaluadas. Esto hizo más competitivas las exportaciones alemanas en el mercado de los otros países europeos, y los más débiles de entre ellos resultaron particularmente afectados (Grecia, Portugal, España, países de Europa Central y del Este…)
En general, el endeudamiento de los países de la periferia de la Unión Europea se debe esencialmente al comportamiento del sector privado (la banca, las empresas de construcción inmobiliaria, el resto de la industria y el comercio). Incapaces de competir con las economías más fuertes, los sectores privados se endeudaron con los bancos del Centro (Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica, Austria, Luxemburgo…) y también con agentes internos, habiéndose financiarizado ampliamente la economía de estos países después de la adopción del euro. El consumo experimentó un boom en los países periféricos, y en algunos de ellos (por ejemplo España) se desarrolló una burbuja inmobiliaria que finalmente estalló. Además, los gobiernos de estos países acudieron en auxilio de sus bancos, lo que provocó un fuerte aumento de la deuda pública.
Evidentemente, los países que integran la Eurozona no pueden devaluar sus monedas porque adoptaron el euro. Estados como Grecia, Portugal o España se encuentran así en un brete a causa de su pertenencia a la Eurozona. Las autoridades europeas y sus gobiernos nacionales aplican entonces lo que se denomina una devaluación interna: imponen la reducción de los salarios en gran beneficio de los dueños y directivos de las grandes empresas privadas. La devaluación interna es por consiguiente sinónimo de reducción de salarios, y se utiliza para aumentar la competitividad. Sin embargo, se comprueba su muy poca eficacia para recuperar el crecimiento económico, ya que las políticas de austeridad y de represión salarial se aplican en todos los países. En cambio, los dueños de las empresas están satisfechos pues hacía mucho tiempo que deseaban reducir radicalmente los salarios. Desde este punto de vista, la crisis de la Eurozona, que se agudizó a partir de los años 2010-2011, constituye una ganga para la patronal. El salario mínimo legal ha sido fuertemente reducido en Grecia, Irlanda y otros países.
El mercado único de capitales y la moneda única
Mientras que la crisis surgió en Estados Unidos en 2007, el impacto que tuvo en la Unión Europea fue mucho más violento que en las instituciones políticas y monetarias estadounidenses. De hecho, la crisis que sacude la zona euro no es sorprendente puesto que es un avatar de los dos principios que rigen esta zona: el mercado único de capitales y la moneda única. En una perspectiva más amplia, la crisis es la consecuencia de las lógicas que dominan la integración europea: la preeminencia que se da a los intereses de las grandes empresas industriales y financieras privadas, la importante promoción de los intereses privados, el desarrollo de la competencia, en el interior del espacio europeo, de economías y productores con fuerzas totalmente desiguales, la voluntad de retirar de los servicios públicos un número creciente de sectores, el desarrollo de la competencia entre asalariados que implica el rechazo a la unificación, utilizando los estándares más altos, de los sistemas de seguridad social y de la normativa laboral, para ampliar la protección de los trabajadores. Todo esto persigue un objetivo preciso, el de favorecer la acumulación máxima de beneficios privados, especialmente al poner a disposición del Capital una mano de obra lo más maleable y precaria posible.
El monopolio del crédito a los Estados está reservado a los bancos privados
En virtud del Tratado de Lisboa, la solidaridad financiera entre los Estados miembros esta formalmente prohibida. Según su artículo 125, los Estados deben asumir en solitario sus compromisos financieros, y ni la Unión Europea ni los otros Estados pueden responsabilizarse de ellos |8|. El artículo 101 del tratado de Maastricht |9|, retomado integralmente por el Tratado de Lisboa |10|, agrega: «Le está prohibido al BCE y a los bancos centrales europeos de los Estados miembros […] conceder descubiertos o cualquier otro tipo de crédito a las instituciones u órganos de la Comunidad, a las administraciones centrales, a las autoridades regionales, a otras autoridades públicas.»
La UE se coloca por lo tanto voluntariamente al servicio de los mercados financieros ya que, en tiempos normales, los gobiernos de los países de la Eurozona dependen totalmente del sector privado para su financiación.
Los inversores institucionales (bancos, fondos de pensiones, aseguradoras) y los hedge funds se precipitaron sobre Grecia en 2010, que era el eslabón más débil de la cadena europea de endeudamiento, antes de atacar Irlanda, Portugal, España e Italia. Actuando de esa manera, esos inversores realizaron grandes beneficios ya que obtuvieron de esos países una remuneración importante por los tipos de interés que exigieron a los poderes públicos para refinanciar sus deudas. Entre estos inversores institucionales (los zinzins), se encuentran los bancos privados que consiguieron máximos beneficios al poder financiarse directamente por medio del BCE, obteniendo préstamos al 1 % de interés |11|, mientras estos mismos bancos prestan a Grecia, a tres meses, con un tipo de interés del 4 o 5 %. Al lanzar sus ataques sobre los eslabones más débiles, los bancos y otros zinzins estaban también convencidos de que el BCE y la Comisión Europea deberían, de una u otra manera, ir en ayuda de los Estados víctimas de la especulación, prestándoles los capitales que les permitiera proseguir con los reembolsos. Y no se equivocaron. En colaboración con el FMI, la Comisión Europea cedió y otorgó préstamos, por medio de los fondos europeos de estabilidad financiera (FEEF) y del mecanismo europeo de estabilidad (MEDE), a algunos Estados miembros de la Eurozona (Grecia |12|, Irlanda, Portugal y Chipre) para que puedan prioritariamente pagar sus deudas a los bancos privados de los países más fuertes de la UE. Por consiguiente, la UE no respetó la letra del artículo 125 del Tratado de Lisboa citado anteriormente. Pero sí que respetó el espíritu neoliberal de ese Tratado: en efecto, el FEEF y el MEDE toman prestado de los mercados financieros el dinero que a su vez prestan a los Estados. Además, exigen unas condiciones draconianas para conceder esos préstamos: privatizaciones, reducciones de salarios y de pensiones, despidos en los servicios públicos, reducción de los gastos públicos en general, y sociales en particular.
Políticas que profundizan la crisis
Desde 2010, las políticas aplicadas por la CE y los gobiernos nacionales sólo han profundizado la crisis y esto es particularmente cierto en los países más débiles de la Eurozona. Al comprimirse la demanda pública y la demanda privada, los recursos del crecimiento económico se redujeron, en la práctica, a la nada.
La política de los dirigentes europeos no es un fracaso desde el punto de vista de los patronos.
Los dirigentes europeos de los países más fuertes y la patronal de las grandes empresas se felicitan de la existencia de una zona económica, comercial y política común donde las transnacionales europeas y las economías del Centro de la zona euro sacan provecho de la debacle de la Periferia para reforzar la ratio de rentabilidad de las empresas, y obtener logros, en términos de competitividad, en relación a sus competidores estadounidenses y chinos. Su objetivo, en el estadio actual de la crisis, no es el de relanzar el crecimiento y reducir las asimetrías entre las economías fuertes y débiles de la UE. Por otro lado consideran que la debacle del Sur se traducirá en oportunidades para privatizaciones masivas de empresas y de bienes públicos a precio de saldo. La intervención de la Troika y la complicidad activa de los gobiernos de la Periferia los ayudan. El gran Capital de los países periféricos es favorable a estas políticas ya que cuenta con obtener una parte del pastel que codiciaba desde hace años. Las privatizaciones de Grecia y de Portugal prefiguran lo que le llegará a España e Italia, donde los bienes públicos que se podrían adquirir son mucho más importantes, vista la talla de esas economías.
Considerar que la política de los dirigentes europeos es un fracaso porque el crecimiento económico no ha vuelto, es una gran equivocación en el criterio de análisis utilizado. Efectivamente, los objetivos perseguidos por la dirección del BCE, por la Comisión Europea, por los gobiernos de las economías más fuertes de la UE, por las direcciones de los bancos y de otras grandes empresas privadas, no es ni la vuelta rápida al crecimiento ni la reducción de las asimetrías en el seno de la Eurozona y de la UE, que conseguiría un conjunto más coherente, donde sería posible el retorno de la prosperidad.
Sobre todo no se debe olvidar un factor fundamental: la capacidad de los gobernantes, que se pusieron dócilmente al servicio de los intereses de las grandes empresas privadas, para actuar de acuerdo con lo que éstas quieren o para gestionar una situación de crisis. El estrecho lazo entre los gobiernos y el gran Capital ya ni siquiera se disimula. A la cabeza de varios gobiernos, colocados en puestos ministeriales importantes y en la presidencia del BCE, encontramos hombres provenientes directamente de las grandes finanzas, comenzando por el banco de negocios Goldman Sachs. Algunos políticos de primera fila son recompensados por un puesto en un gran banco o en una gran empresa una vez que cumplieron con sus buenos oficios para con el gran Capital. No es nuevo pero es más evidente y habitual que en el transcurso de los últimos 50 años. Se puede hablar de verdaderos y transparentes vasos comunicantes.
Los efectos sociales de la crisis
Lo que están viviendo actualmente los trabajadores y las personas que reciben ayudas de los servicios sociales en Grecia, Portugal, Irlanda y España fue impuesto a los trabajadores de los países en desarrollo durante la crisis de la deuda de los años 1980-1990. En el transcurso de la década de los 80, la ofensiva también había afectado a los trabajadores de América del Norte a partir de la presidencia de Ronald Reagan, de Gran Bretaña bajo la férula de Margaret Thatcher—la Dama de hierro—, y los de sus émulos del viejo continente. Los trabajadores del ex bloque del Este también estuvieron sometidos durante los años 90 a las brutales políticas impuestas por sus gobiernos y el FMI. A continuación, y ciertamente de una manera mucho menos brutal que la que afectó a los pueblos del Tercer Mundo (desde los más pobres hasta las llamadas economías emergentes), la ofensiva tomó como objetivo a los trabajadores de Alemania a partir de 2003-2005. Los nefastos efectos para una significativa parte de la población alemana se sienten incluso ahora, aunque el éxito de las exportaciones alemanas limite la cantidad de desempleados y que una parte de esa clase obrera no sufra directamente las consecuencias. A partir de los años 2010, los ataques sociales se extendieron a toda el resto de Europa.
Una Europa de los pueblos y de la solidaridad internacional
Únicamente mediante poderosas movilizaciones populares se podrá acabar con la estrategia de las clases dominantes. Es imprescindible que los movimientos populares construyan una estrategia continental. En todos lados, el pago de la deuda pública es el pretexto invocado por los gobernantes para justificar políticas que atacan los derechos económicos y sociales de una aplastante mayoría de la población. Si los movimientos sociales y, entre ellos, los sindicatos quieren afrontar victoriosamente esta devastadora ofensiva, es necesario atacar la cuestión de la deuda pública de forma radical con el fin de sacarle al poder su argumento principal. La anulación de la parte ilegítima de la deuda pública, el abandono de las políticas de austeridad, la imposición masiva al gran capital, la expropiación de los bancos para integrarlos en un servicio público del ahorro y del crédito, la reducción del tiempo de trabajo, el fin de las privatizaciones y el refuerzo de los servicios públicos son medidas esenciales de un programa alternativo a la gestión capitalista de la crisis. |13|
Su implantación puede comenzar paulatinamente, país a país, pero el proceso no se podrá detener en las fronteras nacionales. Se necesitará una auténtica constituyente de los pueblos de Europa con el fin de abrogar una serie de tratados europeos y hacer nacer una federación donde la garantía de los derechos humanos en todas sus dimensiones será el principal objetivo. Simultáneamente, será necesario practicar una política de ruptura con el modelo productivista consumista con el objetivo de respetar la naturaleza y sus límites. Surgirá, en el curso de este proceso, una Europa de los pueblos que debe recomenzar de cero sus relaciones con el resto del mundo, restituyendo a las poblaciones de otros continentes, víctimas de siglos de expolio y de dominación europea, lo que se les debe.
Traducido por Griselda Piñero y Raul Quiroz
