EFE | EUROPA PRESS
MADRID.- El presidente del Gobierno, Josíé Luis Rodríguez Zapatero, está a favor de revisar la Ley de Morosidad (3/2004) siempre que cualquier cambio se realice en el marco de lo dispuesto por la Comisión Europea.
"La modificación de la Ley sobre morosidad ha de producirse necesariamente en el contexto de la revisión que la Comisión Europea está pilotando para llevar a cabo una armonización en la Unión Europea", respondió Zapatero en la sesión de control del Congreso al diputado de Convergencia i Unió (CiU), Josep Antoni Duran i Lleida, quien afirmó que esta Ley "no ha conseguido sus objetivos".
Como ejemplo, Duran i Lleida aseguró que "los retrasos e incumplimientos en los plazos contractuales de pago por parte del cliente originan el 25% de las quiebras empresariales", al tiempo que el importe de los efectos de comercio impagados en septiembre de 2008 fue un 98% superior al registrado un año antes.
Esta Ley se aplica a "todas las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la Administración", quedando excluidas "aquellas en las que intervengan consumidores".
CiU, que ya hizo una proposición de ley, presentará otra con la que pretenden conseguir "un cumplimiento estricto" por parte de la Administración estatal en sus pagos, porque "es quien tiene que dar ejemplo" en línea con lo que estipuló la Comisión Europea.
Zapatero recordó a Duran que el Gobierno lleva trabajando desde la pasada legislatura en el problema del incremento de la morosidad y añadió que la Administración estatal "lleva años" realizando un "importante y fructífero esfuerzo" para acortar sus plazos de pago.
Entre las iniciativas citadas por el presidente del Gobierno estuvo la aprobación de una moratoria para que los titulares de una hipoteca que estíén en una situación más vulnerable puedan aplazar la mitad de sus cuotas, o la aprobación de un fondo estatal de inversión local por importe de 8.000 millones de euros para combatir el desempleo, "que servirá para aliviar las arcas municipales y, con ello, a las empresas contratistas".
Asimismo, explicó que para combatir las demoras en los pagos, el Gobierno anticipará el 70% de los importes de los proyectos en el momento de su adjudicación y se le exigirá al contratista que el pago a la subcontrata sea en un plazo inferior a 30 días.
Por último, Zapatero recordó que el Gobierno ha reforzado "intensamente" la capacidad financiera del Instituto de Críédito Oficial (ICO), que ha establecido varias líneas de financiación en favor de las empresas españolas de hasta 39.000 millones de euros.
Y, por último, "ayer mismo, a instancias de su grupo, acordamos en esta Cámara una moción que incrementa este esfuerzo y nos obliga a seguir avanzando en la reducción de plazos de pago de la Administración general del Estado y sus organismos dependientes", dijo Zapatero, que se mostró "convencido" de que actuaremos conjuntamente con la mayoría de los grupos "y en particular con el suyo".
