Por... Cecilia Vergara Mattei
Ocultos en el silencio y a espaldas de la ciudadanía, mientras el Papa visitaba Chile y desviaba la atención, la estatal Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), con el aval del gobierno, extendió hasta el 2030 a la Sociedad Química y Minera S.A. (SQM), las concesiones sobre el Salar de Atacama y el litio chileno.
El 17 de enero en audiencia privada de arbitraje, se llegó a un pacto por cuatro años, luego de varios litigios por las irregularidades de la minera –acusada de haber corrompido transversalmente a la clase política chilena-, la que expandirá su producción anual en 216 mil toneladas al 2025 y aumentará su cuota de extracción hasta 2030.
Es engañoso el argumento de Corfo de que Julio Ponce Lerou -un ingeniero forestal ex yerno del dictador Augusto Pinochet que se enriqueció al alero de su suegro durante el régimen militar y luego del retorno de la democracia, en 1990, bajo los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia- deja la administración, ya que mantiene completamente la propiedad.
Traspasará ahora Pérez Lerou esos derechos a China, como se especula. ¿Será China la que usufructúe de estas estratégicas riquezas naturales? Pero les falta una segunda bofetada en contra de Chile: Dejar sin efecto el juicio en contra de Soquimich como lo ha anunciado el Fiscal Gómez, explica Politika.
El acuerdo incluye un pago total de 17,5 millones de dólares más intereses, que SQM Salar SA -subsidiaria de SQM- pagará a Corfo, acordado con el único propósito de poner fin a la disputa. La empresa asume una serie de compromisos: pasa a ser una compañía desconcentrada, como lo establecen los estatutos de SQM (que se han incumplido durante años), donde el actual controlador Ponce Lerou y cualquier familiar “cercano”, pierde el control.
Asimismo, se habla de modificaciones importantes al contrato de arrendamiento y al proyecto firmado entre ambas partes en 1993. Entre estas: el aumento en los pagos de arrendamiento al aumentar las tarifas de arrendamiento asociadas con la venta de los diferentes productos producidos en el Salar de Atacama.
En julio último, el geógrafo Georgio Martelli, uno de los principales operadores de la compleja máquina financiera montada para obtener dineros destinados a las precampañas presidenciales de Michelle Bachelet y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fue condenado el 28 de junio por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago a 731 días de presidio remitido y al pago de una multa de 2,8 millones de pesos.
Martelli fue declarado culpable de delitos tributarios en el marco del denominado “Caso SQM”, una investigación del Ministerio Público que busca esclarecer la entrega de subidos montos de dinero para actividades políticas por parte de la minera no metálica Soquimich (sindicada como la Odebrecht chilena), propiedad de Ponce Lerou, quien se enriqueció al alero de su suegro durante el régimen militar y luego del retorno de la democracia, en 1990, bajo los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia.
La sentencia del tribunal puso término a las investigaciones e impidió que los chilenos conozcan a fondo el origen, el monto total y la identidad de los beneficiados con los dineros irregulares que financiaron la política desde, a lo menos, 2005 en adelante, recuerda Manuel Salazar en Punto Final.
Todos los esfuerzos efectuados desde La Moneda a partir de enero de 2015 han estado orientados en este caso a proteger a la presidenta e impedir que se vea arrastrada a las Fiscalías y a los tribunales en las investigaciones sobre el financiamiento ilegal de la política, al igual que los mandatarios, ministros, parlamentarios y funcionarios de éste y de los gobiernos anteriores, al igual que sus familiares, amigos y colaboradores. En otras palabras, a proteger a las elites dirigentes del país y dejar sin sanciones a los millonarios.
En 1996 Chile inició las exportaciones de carbonato de litio y a 2008, las ventas reportaron 1.092 millones de dólares, según cifras del Banco Central. La explotación del recurso está concentrada en dos compañías, la Sociedad Chilena del Litio (SCL) y la Sociedad Química y Minera de Chile (Sochimich o SQM), dueña del 11,7% del mercado mundial. SQM a través de sus subsidiarias posee derechos exclusivos para explotar los recursos minerales en un área que cubre cerca de 196.000 hectáreas en el Salar de Atacama.
Esos derechos incluyen 147.000 hectáreas que pertenecen a Corfo y que son arrendadas a SQM Salar S.A. Las mediciones efectuadas en el salar de Atacama indican que Chile posee las segundas reservas mundiales de litio, calculadas en 4,3 millones de toneladas.
El desarrollo de esta industria, sin embargo, muestra la marca indeleble de las irregularidades en su formación y crecimiento, primero bajo la protección del general Pinochet durante la dictadura militar, y más tarde con la complicidad de los gobiernos de la Concertación, que nunca se atrevieron a esclarecer los orígenes espúreos del traspaso de la estatal Soquimich al patrimonio personal de un yerno del dictador.
En las últimas tres décadas fueron periodistas casi los únicos que se atrevieron a indagar acerca del entramado que construyó Ponce Lerou para adueñarse de Soquimich, que solo pidió concesiones para explotar salitre, no litio. Hoy, mientras el Papa hablaba de evangelización, pederastia y pueblos originarios, SQM sigue siendo dueña del litio chileno con la venia de una podredumbre política que se benefició con sus sobornos y financiamiento.
