Por... Paul Ausick
El estado de Colorado informó la semana pasada los ingresos de 2017 generados por los impuestos, licencias y tarifas de las ventas de marihuana legales del estado. Los ingresos totales ascendieron a $ 247.37 millones, un aumento de casi $ 54 millones año tras año.
Las ventas de marihuana medicinal disminuyeron en aproximadamente un 2,3% a $ 430 millones, mientras que las ventas recreativas aumentaron en un 30% a $ 1,07 mil millones. Las ventas totales aumentaron en un 19% año tras año a $ 1.49 mil millones.
El impuesto a las ventas estatal de 2.9% generó $ 30.54 millones en ingresos, con $ 11.86 millones de ventas de marihuana medicinal y $ 18.68 millones de ventas recreativas. El impuesto de 2.9% sobre las ventas minoristas de ventas recreativas expiró en junio.
El impuesto a las ventas minoristas del 10% del estado aumentó de 10% a 15% el 1 de julio, y el total anual generado por este impuesto fue de $ 131.51 millones. El impuesto al consumo minorista del 15% generó $ 71.97 millones en ingresos para el año calendario. Los ingresos por licencias y tarifas para 2017 totalizaron $ 13.35 millones.
Desde que las ventas legales del estado comenzaron en 2014, las ventas totales de marihuana ascendieron a $ 4,37 mil millones y los ingresos tributarios totales han ascendido a $ 638,98 millones, o el 14.6% de las ventas totales.
El crecimiento de los ingresos año tras año ha disminuido a medida que las ventas han aumentado. Los ingresos estatales casi se duplicaron entre 2014 y 2015. Los ingresos aumentaron aproximadamente un 50% año con año en 2016 y aumentaron aproximadamente un 28% año con año en 2017.
La ley federal que prohíbe que el Departamento de Justicia de los EE. UU. Gaste fondos federales para hacer cumplir las leyes federales contra la marihuana donde la planta es legal del estado expiró el viernes, junto con la extensión del presupuesto federal que ha paralizado las operaciones de muchas agencias federales. Junto con el dictamen a principios de este mes del Fiscal General de los EE. UU., Jeff Sessions, de que los fiscales federales deberían tomar decisiones coercitivas basadas en los principios vigentes de aplicación de la ley, incluidas las "prioridades establecidas por el Fiscal General".
Pero sin financiación, la directiva de Sessions no tiene precedentes. El Departamento de Justicia no puede dictar cómo las agencias estatales de aplicación de la ley gastan sus fondos, y es una apuesta relativamente segura que estados como Colorado no se ofrecerán voluntariamente para gastar fondos en cerrar negocios legales que contribuyen millones cada año a las arcas estatales. Por supuesto, el gobierno federal podría intentar vincular otras subvenciones federales a los estados con su diligencia en la aplicación de la ley federal, pero ese camino ya está siendo impugnado ante los tribunales en casos de inmigración.
