Por... Alejandro A. Tagliavini
Alejandro A. Tagliavini dice que la intención de proteger de injerencias a los procesos electorales podría conducir a la censura.
No recuerdo quién dijo que “pedirle al Estado que resuelva un problema es pedirle al zorro que cuide a las gallinas”, pero es verdad, absolutamente verdad, aunque no lo crea. Desde muy pequeños —por la televisión y en los colegios— los gobernantes nos han saturado con propaganda y “explicaciones” sobre las buenas cosas que harán y lo bien que nos gobernarán… pero, en realidad, hacen lo contrario.
Parece que la Comisión Europea ha renunciado a sugerir leyes para “proteger de injerencias los procesos electorales”, confiando en la autorregulación en las redes sociales en lo que a “Fake news” —noticias falsas— se refiere. Pero hete aquí que fueron precisamente los políticos quienes iniciaron estas falsedades. Así que resultaría irónico que pretendieran cuidarnos de ellas.
La Comisión se sintió forzada a tratar el tema debido a la diseminación de noticias falsas en el referéndum del Brexit; las elecciones en Francia y Alemania, y las campañas de desinformación rusas hacia las repúblicas bálticas. Quizás el mejor chiste lo dijo un eurodiputado centro derechista español: “Las noticias falsas son un instrumento que usan los enemigos de la democracia”, afirmó cuando estas noticias fueron iniciadas por sus colegas políticos elegidos, precisamente, en un proceso democrático.
Ahora, quizás lo más preocupante es que esta campaña contra las “fake” ha sido amplificada por muchos medios de prensa cuando las medidas que podrían tomar los gobiernos implican cercenar la libertad de expresión. Se diría que algunos medios no quieren la competencia de las redes sociales. Tanto la han amplificado que de una encuesta resultó que el 83% de los encuestados dice que las noticias falsas son un peligro para la democracia.
Por suerte, buena parte de la opinión pública se mantiene clara y ha presionado contra estas medidas al punto que en la Comisión han dicho que “No queremos que se nos acuse de querer ser un ministerio de la verdad… que diga: vamos a decir que es cierto y que falso”. Pero dada tanta presión, sumada a la de algunos tribunales, Google se ha sentido forzada a tomar algunas medidas.
El “reconocimiento jurídico” del derecho al olvido en Europa tiene su origen en 2011, cuando Google defendió ante la Audiencia Nacional española su negativa a cancelar datos de personas que consideraban que las referencias que el buscador arrojaba lesionaban su dignidad. La multinacional sostenía que eliminar o alterar los contenidos supondría la pérdida de “objetividad” y “censura”.
Desde 2014, Google ha recibido en los países de la Unión Europea más de 650 mil solicitudes para retirar más de 2,4 millones de direcciones de Internet, de las que ha cancelado alrededor de un millón, es decir, que atendió alrededor del 40% de los casos. Pero esto es pedirle Google que juegue a Dios decidiendo que es verdad y qué no.
Los rumores falsos, y los malentendidos, son parte de la vida humana. Todos los hemos sufrido, aunque solo sea a nivel social dentro de nuestra comunidad y, sin embargo, seguimos viviendo. Los que tienen la conciencia tranquila sabiendo que actúan con honestidad, sinceridad e intentando el bien común, duermen despreocupados. Cada uno es responsable de sus actos, y sabe con qué personas se junta y qué datos entrega. Pedirle al zorro que cuide el gallinero, es muy peligroso, es pedirles a los políticos que solo podamos conocer aquellas noticias —y del modo— que ellos quieren.
