Por... Glenda Arcia
Dos años después del referendo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), la firma de un acuerdo final entre ambas partes es cada vez más improbable y las divisiones amenazan al gobierno de Theresa May.
El 23 de junio de 2016, 17 millones 410 mil 742 británicos (52 por ciento) decidieron abandonar el bloque comunitario y, pese a los numerosos encuentros entre los representantes de Londres y Bruselas, todavía quedan pendientes asuntos de gran relevancia como la frontera con Irlanda.
A la par de difíciles negociaciones con la UE, la jefa de Gobierno se enfrenta al descontento y las amenazas desde las filas de su formación, el Partido Conservador.
En lugar de presentar un frente unido ante los 27, los tories se muestran cada vez más dispersos y débiles, en especial en el Parlamento, convertido en un campo de batalla, en el cual May ha sufrido derrotas, se ha logrado recuperar y ha vuelto a caer durante los últimos meses.
Desde finales de 2017 hasta la fecha, perdió cerca de una decena de miembros de su equipo y los llamados conservadores rebeldes la mantienen en jaque cada vez que es necesaria una decisión importante.
Los parlamentarios británicos demoraron 11 meses en aprobar un proyecto de Ley de Retirada de la UE y lo hicieron tras intensos debates, un traspaso constante del documento entre ambas cámaras y luego de que la primera ministra aplacara con promesas a algunos inconformes.
Uno de los momentos más complicados para May fue el respaldo de los Lores a un recurso que otorgaba a los diputados la decisión final sobre el Brexit y estaba dirigido a impedir que Londres abandonara el bloque sin convenio.
Además, les permitía detener la separación u obligar a la dirección del país a reanudar negociaciones con Bruselas.
A última hora, el exfiscal general Dominic Grieve, impulsor de la iniciativa, comunicó que la mandataria aseguró reconocer la autoridad de ese organismo y la posibilidad de que intervenga en caso de que no se llegue a un convenio, por lo cual los Comunes y los Lores terminaron cediendo.
No obstante, el debate reflejó las divisiones de los conservadores, pues algunos de sus miembros consideraron que esa declaración de intenciones no es suficiente y varios votaron abiertamente contra la administración en el poder.
May obtuvo así una victoria momentánea: evitó una rebelión interna que podía llevarla a enfrentar, incluso, una moción de censura, pero las disconformidades continúan en su partido y los de la oposición.
Además, los analistas advierten que aún le quedan importantes batallas por librar en Westminster, pues están pendientes los trámites relacionados con la ley de comercio y los tories rebeldes manifestaron sus intenciones de respaldar una enmienda que exige la continuidad del Reino Unido en la unión aduanera.
A mediados de junio, el viceministro británico de Justicia, Phillip Lee, presentó su renuncia como muestra de su descontento con el manejo por el gobierno del proceso de separación y el titular británico para el Brexit, David Davis, amenazó con dimitir si no se ponía una fecha límite a una propuesta sobre Irlanda.
Lee expresó su preocupación en torno a las consecuencias negativas de ese proceso y lamentó no poder hacer nada desde su ministerio para cambiar el curso de las cosas.
'Voté por permanecer en la UE y no he cambiado mi opinión. No obstante, creo que es imposible regresar a como estábamos antes del referendo. Si el Brexit vale la pena, debemos hacerlo bien, sin importar el tiempo que tome. Es irresponsable actuar como ahora', aseveró.
Asimismo, afirmó que la salida es mucho más compleja que lo explicado a los ciudadanos en 2016 y aseguró que 'el Reino Unido y el bloque no están listos todavía, sino que serán víctimas de un acuerdo apresurado y fraudulento'.
El hasta ahora viceministro abogó por 'detener, extender o revocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa para evitar un Brexit antes de tiempo'. También pidió no restringir el poder del Parlamento a la toma de decisiones falsas y exigió darle la posibilidad de solicitar al Gobierno el cambio de rumbo en función de los intereses de los británicos.
'Cuando la dirección del país sea capaz de trazar un plan alcanzable y claramente definido, basado en la realidad y no en el dogma, debería buscar nuevamente el apoyo de la gente', indicó.
Según una encuesta de YouGov divulgada por el diario The Times, el 66 por ciento de los ciudadanos creen que la administración conservadora está manejando mal el divorcio de la UE, en tanto solo el 21 por ciento apoya al Ejecutivo.
La diferencia de 45 puntos entre detractores y optimistas es la mayor registrada por esa firma hasta el momento.
Otro estudio señala que el 48 por ciento de los británicos aboga por un referendo sobre el acuerdo final con la alianza comunitaria y, por otra parte, el 53 por ciento respaldaría la permanencia en la Unión si se repitiera ahora la consulta de 2016.
A todo lo anterior se suman las preocupaciones por la frontera con Irlanda, problema complejo cuya solución parece inalcanzable.
Recientemente, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aseguró que el bloque se prepara para un posible Brexit sin convenio debido a la falta de avances en las conversaciones sobre temas como ese.
El político luxemburgués manifestó su apoyo a Dublín y señaló que queda poco tiempo para la separación (marzo de 2019), por lo que el bloque debe estar listo para enfrentar cualquier escenario.
'Hace dos años, los británicos votaron a favor de abandonar la UE. El resto de los Estados miembro, en especial Irlanda, no debe pagar las consecuencias de esa decisión', aseveró.
Asimismo, resaltó la importancia de preservar el Acuerdo de Viernes Santo y la cooperación norte-sur en la isla.
Juncker reiteró la propuesta de Bruselas de establecer un área común regulatoria con Irlanda del Norte, lo cual implicaría que ese territorio participe en la unión aduanera y otros mecanismos de la UE.
De aplicarse esos planes, Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido responderían a normas diferentes, lo cual se traduciría en el establecimiento de divisiones internas. Por tanto, esa opción es rechazada por May, quien afirma que amenazaría la integridad del país al crear una frontera aduanera y regulatoria en el mar de Irlanda.
La primera ministra presentó un plan de contingencia llamado disposición aduanera temporal que sería implementado después del período de transición de 21 meses que sigue a la salida de Londres de la UE.
El texto plantea la alineación de todo el Reino Unido con la unión aduanera del bloque desde finales de 2020 hasta diciembre de 2021. En ese tiempo, Londres asumiría los mismos aranceles que los 27 con el objetivo de permitir la fluidez comercial y de otros trámites en la frontera. También podría pactar convenios con terceros.
Sin embargo, la UE no acepta esa propuesta y alega que no cumple aspectos como la viabilidad, el respeto a la integridad de sus mecanismos y la aplicación en diferentes contextos, sin límites temporales.
De acuerdo con el programa previsto, un acuerdo final sobre el Brexit debe estar listo en octubre y la separación está planificada para el 29 de marzo del año próximo, pero según los expertos el cumplimiento de esos plazos resulta improbable en estos momentos.
