Por... Alejandro A. Tagliavini
Alejandro A. Tagliavini dice que la guerra contra las drogas, como toda violencia, suele utilizarse de manera arbitraria.
Por tomar un ejemplo, cito a Jorge Galindo que escribió que “si el Estado no tiene el monopolio de la violencia, alguien lo tendrá…”, y sería el caos. Quizás, pero no olvidemos que la violencia induce, por el principio de acción y reacción, más violencia.
O, como decía el filósofo Franz Oppenheimer, “El Estado… es una institución forzada por un grupo victorioso sobre un grupo derrotado, con el propósito de regular… la explotación económica de los vencidos”.
Es decir, sea o no inevitable el Estado –el monopolio de la violencia– debemos tener claro que la paz se conseguirá en la medida en que disminuyamos la violencia y no –incoherentemente– aumentándola, reprimiendo más.
Los países con menos libertad –ver el índice que elabora The Heritage Foundation–, los más reprimidos por los Estados, son los más violentos. Países como Japón o Suiza, que gozan de mayor libertad, tienen bajos índices de delitos.
Por el contrario, Latinoamérica –donde los países tienen poca libertad– es la región con mayores índices de violencia urbana. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal de México en 2018 solo tres ciudades sudafricanas, cuatro estadounidenses y la capital de Jamaica entran en el top dominado por Venezuela (6), Brasil (14), y, sobre todo, México (15) donde están cinco de las seis primeras.
De modo que no es con “la consolidación estatal, que permitiría reducir la violencia urbana… a volúmenes manejables” como dice Galindo sino al revés, que el Estado deje en libertad a sus ciudadanos.
“Las economías ilegales en general, y el narcotráfico en particular, constituyen el principal motor” de los delitos, continúa Galindo. Precisamente, por ello Portugal es uno de los países que ha conseguido bajar rápida y sustancialmente el nivel del crimen, porque legalizó las drogas –aunque sean muy dañinas– desarmando estas “economías ilegales”.
Por cierto, la guerra contra las drogas, como toda violencia, suele utilizarse arbitrariamente. Por caso, el presidente Duterte decidió que Filipinas abandone la Corte Penal Internacional porque no quiere que investigue su lucha contra el narco que avanza a un ritmo de mil muertos al mes.
El Estado tiene que disminuir toda imposición coactiva incluyendo leyes laborales, como la de salario mínimo que provoca desocupación ya que los empresarios no pueden contratar a los que ganarían menos. Y debe bajar impuestos, porque son la principal fuente de pobreza ya que los ricos los derivan subiendo precios o bajando salarios. Y los desocupados y pobres son caldo de cultivo para el delito.
Pero, además, en estas leyes coactivas nace la corrupción ya que los prohibidos de ciertas acciones se sienten inclinados a sobornar a los funcionarios que deciden la aplicación de las normas.
México batió sus propios récords de homicidios en 2017 y 2018, superando a Brasil y Colombia. “Hay dos grandes factores”, dice Santiago Rodríguez. La guerra contra las drogas y la búsqueda de nuevos mercados ilegales, como el robo de combustible de la corrupta empresa estatal Pemex que tiene el monopolio garantizado por la coacción estatal que prohíbe competencia.
Además, los Gobiernos deben evitar los malos ejemplos. El príncipe heredero de Arabia Saudita es recibido con “honores” por muchos mandatarios cuando según la CIA es el instigador del homicidio de Khashoggi.
