La intención del Gobierno de que las entidades financieras tiendan la mano a las familias apuradas con el pago de la hipoteca no ha cuajado en el sector. Tan sólo el 21% –uno de cada cinco– se ha comprometido con el Instituto de Críédito Oficial (ICO) a servir de canal de transmisión para conceder una moratoria, de hasta el 50% de la cuota hipotecaria y por un plazo máximo de dos años, a los parados que cumplan un determinado perfil.
Pese a la llamada insistente del Gobierno a la colaboración, al cierre de esta edición 31 entidades habían sellado un acuerdo con el ICO para prorrogar hasta 500 euros mensuales la cuota de los parados, una medida aprobada el pasado 28 de noviembre.
Ni Santander, Banco Popular, y Caja Madrid figuran en la lista, en la que sí están BBVA y La Caixa. El resto se trata en su mayoría de cajas de limitada presencia (Caja Rural de Teruel y Caja Rural de Ciudad Real, entre otras), con puntuales excepciones (Cajasol, Bancaja o Caixa Galicia).
Fuentes próximas al ICO señalan que la institución tratará de recabar más apoyos para agotar la línea de críédito habilitada de 6.000 millones de euros, en la que confían miles de parados; no en vano, el presidente prometió que medio millón podrán asirse a este paraguas.
Aunque las fuentes financieras consultadas no ocultan su escepticismo. En su opinión, la mayoría de las moratorias quedarán desiertas pues, como ya pasó con la línea ICO instaurada tras el caso Fórum-Afinsa y de la que apenas se han consumido el 10% de las ayudas, la norma es restrictiva; de entrada cerca de un millón de parados no puede ni siquiera solicitarla.
Aunque el verdadero freno está en las tripas de las propias entidades. Según varias instituciones, hay un “absoluto desconocimiento†de cómo proceder desde las sucursales si una persona llega solicitando una de estas prórrogas. A expensas de un comunicado de la dirección, la improvisación es el pan de cada día de las oficinas.
Desde las asociaciones de usuarios apuntan que las llamadas de quejas se han disparado desde enero, fecha en la que entró en vigor la medida.
Pese a la frustración de las familias, los expertos consultados advierten de que no hay que llamarse a engaños, pues la medida tendrá efectos limitados. Por un lado, sólo quienes tengan contratada una hipoteca con alguna de las cajas o bancos que han firmado el acuerdo pueden aspirar a retrasar sus cuotas.
Y estas entidades controlan un volumen de críéditos hipotecarios aún discreto. Luego cada sucursal decidirá a quíé cliente está dispuesta a ofrecer ese guiño financiero. La estrategia es dispar: en varias cajas planean exigir al menos nueve meses de cobro de paro a los aspirantes, mientras en otras el requisito pasa por que el parado domicilie el cobro de su prestación o los seguros de los que disponga con esa entidad.
Desde la Asociación Española de Banca y Cajas (AEB) consideran que no ha pasado tiempo suficiente para valorar el impacto de la medida.
