La crisis económica que dominará los primeros 100 días de Barack Obama en la Presidencia, y más, le permitirá poner en vigencia partes de su programa electoral que de otra forma podrían haberse quedado en un segundo plano.
Ningún presidente desde Franklin D. Roosevelt ha llegado a la Casa Blanca con un programa tan ambicioso, costoso y -en circunstancias más normales-, altamente políémico. Al igual que en 1933, el sombrío panorama económico ha hecho posible la aceleración del cambio económico, sin largos debates y la probable oposición a muchas de sus iniciativas que habrían surgido en tiempos mejores.
El Congreso trabaja en un costosísimo plan de estímulo económico con fondos públicos, por ahora unos 825.000 millones de dólares y seguramente más. Obama lo usa para justificar muchas de sus prioridades, incluyendo miles de millones de dólares en energías renovables y gastos sociales.
La crisis económica con la que el nuevo gobierno justifica este gasto que aumentará el díéficit presupuestario plantea serios desafíŒos. Su índice de popularidad podría desplomarse si sigue aumentando el desempleo y cayendo el valor de la vivienda. Y con la atención puesta en estimular la economía, tendrá que postergar prioridades que no se ajustan a este plan legislativo.
Obama dijo que retrasará su promesa electoral de elevar los impuestos a los ricos, y que por ahora dejará de lado la revisión del Tratado de Libre Comercio de Amíérica del Norte, el cambio de la política oficial de los homosexuales en las fuerzas armadas y facilitar la afiliación sindical.
Además de la economía, Obama tendrá que cumplir su promesa de retirar las fuerzas estadounidenses de Irak e incrementar las que combaten en Afganistán.
Empero, esas dos tareas tomarán un par de años o más. Mientras tanto, Obama podría alterar, por decreto ejecutivo, varias de las directrices políŒticas de su antecesor George W. Bush.
A las pocas horas de jurar el cargo, es posible que Obama ordene el cierre de la prisión militar en la base naval de Guantánamo, y alterar la “política de Míéxicoâ€, que prohíbe la financiación con fondos públicos de los programas de planificación familiar que promueven y ofrecen el aborto. Por otra parte, podría derogar los límites de financiación federal en la investigación con cíélulas embrionarias, y permitir a California variar las normas que controla las emisiones de gases de los vehículos a motor.
Obama prometió efectuar en febrero una conferencia de alto nivel sobre “responsabilidad fiscal†para analizar los díéficit del seguro míédico de los jubilados llamado Medicare y el inminente de la Seguridad Social. Revisará además las normas íéticas de los funcionarios federales, incluyendo normas que prohíban a los funcionarios de alto nivel adoptar inmediatamente tras su cese empleos de cabildeo, dijo su vocero Robert Gibbs.
“Daremos más explicaciones al respecto a poco de comenzarâ€, agregó Gibbs en una entrevista.
Empero, la mayor prioridad, según Gibbs, “es enderezar la economíaâ€. El plan multimillonario del gasto público debería ayudar, agregó.
