Por Carlos Peralta
Paraguay es un país profundamente castigado por la corrupción, la inequidad, la injusticia, la ilegalidad, la indecencia, la inmoralidad, el abuso y la arbitrariedad. Los que habitamos en este país sabemos que vivimos dentro de un “estado de corrupciónâ€. Las instituciones de la República, principalmente el Poder Judicial, fueron vaciadas de contenido íético y moral durante los largos años de la dictadura. Lo que es peor, la transición perfeccionó los míétodos para burlar a la justicia, para enriquecerse ilícitamente, para generar un sistema que se protege a sí mismo a cambio de privilegios, poder y riquezas.
Prácticamente no existe sector o grupo que no haya sido permeado por la corrupción y no se debe ser un genio para notar que la Justicia en nuestro país es tremendamente injusta y que los encargados de sancionar a los delincuentes establecen, en la mayoría de los casos, las penas de acuerdo al nivel social y económico de los procesados. Los pobres a las cárceles, los ricos o poderosos a las medidas alternativas.
No es producto de la percepción que los pobres son los que llenan las cárceles de nuestro país. Los hacinados en las celdas de las prisiones no son los que se enriquecieron ilícitamente en el desempeño de la función pública o estafaron o robaron al Estado. No.
Son los que mataron a un amigo jugando al truco, o robaron una gallina o una despensa para sobrevivir, o por cuestiones pasionales. Muchos están en las cárceles sin procesos judiciales abiertos. Con estas personas la justicia es sumamente lenta.
Pero tambiíén están los otros. Los que robaron al Estado, es decir a todos y cada uno de los que vivimos en el país. Esos no están en prisión, ni siquiera pisaron la celda de una comisaría porque forman parte de ese sistema que les brinda protección a travíés de jueces y fiscales incompetentes y venales; o están amparados por políticos, congresistas, militares o algún otro personaje con influencias.
O tienen el poder económico para contratar los más caros abogados, ensuciar los procesos judiciales a travíés de chicanas y comprar a fiscales y jueces obteniendo sentencias favorables y, en el peor de los casos, condenas que ni siquiera se pagan con días en la cárcel.
Las grandes bandas de narcos, robacoches o asaltantes trabajan en coordinación con policías, fiscales o jueces. Apenas son detenidos un enjambre de abogados les espera en las comisarías para intentar liberarlos rápidamente. Algunos reciben alguna pena menor como “ejemplo†del funcionamiento del sistema. Pero, los botines desaparecen y casi nunca se recupera un mísero guaraní.
GARANTíA BASTARDEADA
Para colmo de males, de un tiempo a esta parte se puso de moda, como consecuencia de lo que establecen las leyes, la medida sustitutiva a la prisión. Esta garantía procesal fue bastardeada por jueces y fiscales para beneficiar a los ricos y poderosos.
Para ilustrarles mejor les recuerdo algunas joyitas de nuestra Justicia. 1) Caso de Gregorio “Papo†Morales. Estafó al Estado mediante la falsificación y modificación del contenido de cheques. Con sus cómplices se habría embolsado 1.800.000.000 de guaraníes en los últimos meses del 2007 y primeros del 2008. Estuvo prófugo hasta que hace poco tiempo se puso a disposición de la Justicia y planteó pagar unos 900.000 dólares para no ir a la cárcel.
El juez Hugo Sosas Pasmor ordenó que permaneciera 10 días en la sede de la Policía Judicial mientras decidía si lo pasaba o no al penal de Tacumbú. Debemos recordar que Papo Morales tiene otros procesos abiertos en la Justicia.
2) Caso Jorge Galli Romañach. El cuñado del ex presidente Luis González Macchi mató a una mujer en un accidente de tránsito. Las pruebas de alcoholemia, según los análisis, demostraron que en el momento del accidente manejaba borracho. Arregló con el viudo el pago de una importante suma de dinero para evitar una denuncia en tribunales. Estuvo hospitalizado unos días y luego pidió cumplir con la prisión preventiva en su residencia de San Bernardino. Mató a una mujer y veranea en su residencia. Es una vergí¼enza.
La jueza Jovita Rojas, la misma que ordenó el arresto de un efectivo de la Policía Caminera por exigirle a su secretaria la presentación del registro de conducir y los documentos del vehículo, le otorgó la medida alternativa. El que mató fue a veranear, el policía fue arrestado. Injusto.
3) Caso de los que canjearon en el propio Banco Central del Paraguay los billetes de 50.000 guaraníes robados en el 2007 y adulterados, por los de circulación legal de la misma denominación. Estuvieron involucrados, según los investigadores, un ejecutivo del BCP, de apellido Moscarda, un cajero de la entidad y el sindicalista del Poder Judicial Juan Carlos Olivetti. En dos operaciones canjearon alrededor de 3.000 billetes de 50.000 guaraníes.
A simple vista es una verdadera estafa contra el Banco Central, pero la fiscala María Victoria Acuña, a pesar de reconocer la gravedad del hecho, no puso reparos al pedido de conceder medidas sustitutivas a la prisión a los involucrados en el hecho. El Juez Julián López resolvió en favor de los acusados. Inadmisible. Quíé crimen o delito deben cometer algunos para dar con sus huesos a prisión?
4) Los directivos del quebrado Ahorros Paraguayos, Josíé Vera Aguilera y Pedro Aguilera, estuvieron prófugos de la justicia paraguaya durante casi 10 años. Hace poco tiempo regresaron al país y se presentaron en el Poder Judicial solicitando la prescripción del proceso. No dijeron ser inocentes y solicitaron medidas alternativas a la prisión. Eran prófugos, jodieron a miles de ahorristas pero están a punto de quedar en libertad. Intolerable.
Estos cuatro casos son ilustrativos del funcionamiento de nuestra Justicia. Existen otros similares como el de los administradores de Puertos o el del ex ministro de Justicia Silvio Ferreira en el que la sensación que tenemos todos es que la Justicia es tremendamente injusta e incompetente.
Quizás llegó la hora de pensar en modificar el Código Penal y el de Procedimientos Penales para establecer claramente que aquellos que robaron al Estado, se enriquecieron ilícitamente en la función pública, mataron manejando borrachos o drogados o son un verdadero peligro para la seguridad no sean susceptibles de acceder a las medidas alternativas y permanezcan en prisión el tiempo que dure el proceso.
No se usted pero a mí me tienen harto las medidas alternativas a la prisión y lo injusta que es la Justicia.
