Por... Lee Jones
Distinguir entre empresas públicas y privadas suele ser difícil. Muchas empresas, en particular las más pequeñas, son puramente privadas, recaudan capital y seleccionan inversiones como cualquier otra empresa capitalista, y representaron alrededor del 25% de la inversión extranjera directa en 2016. Además, muchas sociedades de responsabilidad limitada, que representan el 43,2% de la IED, cuentan con una mezcla de accionistas privados y públicos, y a veces las empresas de propiedad estatal cuentan con una participación mayoritaria[5]. Se estima que las empresas públicas son propietarias de una cuarta parte de las empresas privadas, inclusive las filiales que cotizan en mercados de valores extranjeros. Asimismo, muchas empresas públicas tienen accionistas privados[6].
Tampoco es probable que cualquier empresa privada se hubiera convertido en un gigante como Huawei, Alibaba o Xiaomi sin el patrocinio del Estado-partido. Por ejemplo, Huawei afirma que es propiedad de los empleados en un 99%; pero la propiedad está formalmente conferida a un comité sindical, y todas las organizaciones laborales están en última instancia bajo el control del PCC. Además, la participación de los empleados está estrictamente regulada, y Huawei ha operado durante mucho tiempo en un sector que, hasta hace poco, estaba formalmente cerrado a las empresas privadas. Esta violación flagrante de la ley da a entender fuertemente la aprobación del Estado-partido.
Documentos judiciales también muestran que Huawei emitió certificados de acciones a empresas públicas de telecomunicaciones en Shenzhen, y el economista político Yasheng Huang afirma que “es de conocimiento general que Huawei cuenta con el respaldo del ejército chino. Es inconcebible que un empresario privado políticamente ingenuo haya llegado tan lejos como ha llegado esta empresa”[7].
Además, todas las empresas tienen en última instancia la obligación constitucional de cooperar con el Estado, y bajo la presidencia de Xi Jinping, el PCC ha tratado de fortalecer la presencia estatal en las empresas privadas, aunque en la práctica los funcionarios de las delegaciones suelen ser gerentes de empresas. Por ejemplo, el presidente de Huawei es miembro del partido y su director general es el secretario de la delegación del PCC en la empresa.
Sin embargo, esto no implica un control crudamente monolítico de los negocios por parte del Estado-partido, incluso para las empresas de propiedad estatal. Más bien, el poder corporativo y el del Estado-partido se han entrelazado. Gracias a la privatización, los burócratas se han convertido en empresarios, mientras que los empresarios han sido incorporados al Estado-partido. En 2018, una quinta parte de los puestos de la legislatura nacional y del comité consultivo de China se asignaron a empresarios, de los cuales 153 fueron designados “súper ricos”, disfrutando de una riqueza combinada de USD 650.000 millones.[8] Los activos de la familia del Presidente Xi, según se informa, ascienden a mil millones de dólares[9], mientras que los del ex primer ministro Wen Jiabao superan los USD 2.700 millones[10].
Esto se refleja, a menor escala, dentro de los gobiernos subnacionales, que disfrutan de una autonomía importante para interpretar las políticas de Beijing. Los sinólogos lo caracterizan como el reino de los “capitalistas rojos”, los “burócratas empresarios” o los “cuadros capitalistas”. Implica no solo el control del partido sobre los negocios, sino la intromisión de las lógicas capitalistas dentro del propio Estado-partido, lo que da lugar a una competencia feroz, una corrupción desenfrenada e incluso a unos “estados locales mafiosos” con jefes provinciales depredadores[11].
Este cambio hacia el lucro se refleja en la gestión de las empresas de propiedad estatal. Beijing ha privatizado la mayoría de las pequeñas y medianas empresas de propiedad estatal, y ha fusionado el resto, y ahora sólo posee 97 mega-conglomerados, principalmente en sectores “estratégicos”. La gran mayoría de ellos, unos 110.000, son propiedad de administraciones subnacionales; su participación en las inversiones de las empresas de propiedad estatal en el exterior aumentó del 13% en 2006 a casi el 90% en 2016[12].
Cabe destacar que las empresas de propiedad estatal se han “corporativizado”, convirtiéndose en entidades con fines de lucro bajo supervisión lejana. La propiedad está ahora en manos de las Comisiones de Supervisión y Administración de Activos Públicos a varios niveles cuya misión principal es, como la de cualquier accionista privado, maximizar el valor de su inversión. Estas Comisiones nombran a los presidentes y directores de las empresas públicas y, aunque suelen ser funcionarios de carrera del PCC, su remuneración y el ascenso de su carrera se evalúan en función de los objetivos económicos. Las Comisiones no tienen experiencia ni capacidad para tomar decisiones comerciales detalladas, las cuales se dejan en manos de funcionarios de la empresa cuyo incentivo principal es ganar dinero. Las Comisiones suelen intervenir sólo cuando la conducta de una empresa pública amenaza con perjudicar el valor de los activos del Estado.
Por lo tanto, aunque es técnicamente cierto que ningún jefe de una empresa pública podría rechazar una orden directa del Presidente Xi, en la práctica, estas empresas no funcionan así, ya que son principalmente empresas con fines de lucro. Lejos de simplemente seguir las órdenes del gobierno, las empresas públicas suelen obtener un apoyo considerable del Estado para llevar a cabo sus propios objetivos empresariales, a menudo ignorando las leyes y los reglamentos chinos.
Algunos presidentes de empresas públicas, en particular en el sector petrolero, todavía conservan un rango burocrático equivalente al de viceministro, lo que les permite desobedecer todas las instrucciones excepto las de los dirigentes de mayor jerarquía, y les da acceso inmediato a los responsables de la formulación de políticas. Todas las empresas públicas y las empresas privadas favorecidas tienen acceso privilegiado al crédito, y a menudo pueden obtener excepciones a las políticas, permisos y licencias, alegando que sus planes empresariales son esenciales para implementar la última iniciativa del PCC. Esto puede dar la impresión de que las empresas de propiedad estatal están aplicando servilmente los edictos del gobierno, cuando en realidad están explotando los lemas de los altos dirigentes para perseguir sus propios intereses.
