El proyecto de ley regula además por vez primera la figura de los asesores de voto o ‘proxys advisors’, estableciendo la obligación de publicar información acerca del código de conducta al que estén adheridos; y adapta la normativa española al entorno internacional permitiendo las llamadas “acciones de lealtad”.
Gracias a esas acciones, la compañía podrá “premiar” a sus accionistas fieles un voto adicional por cada acción que se mantenga durante dos años como mínimo. Son mecanismos que persiguen reforzar la vinculación a largo plazo de los accionistas, que es el objetivo general de esta norma.
