Por... George Selgin
George Selgin considera el Congreso se propuso salvar a las empresas pequeñas y medianas de la economía con un programa mal concebido en marzo que equivale a haber enviado un bote inflable a rescatar al Titanic.
Pequeños errores de cálculo pueden tener consecuencias trágicas. Una mala ruta por parte del conductor del Archiduque Ferdinand desató la Primera Guerra Mundial. El fracaso de la NASA en considerar lo que una helada podía hacerle a sus “O-rings” condujo al desastre del Challenger. En marzo de este año, un intento mal concebido de ahorrar dinero provocó que el Congreso y la Tesorería de EE.UU. diseñen un plan para rescatar la economía real que ahora parece el equivalente a enviar un bote inflable a rescatar el Titanic.
Cuando fue diseñado en marzo, el plan del gobierno parecía como una buena idea. En lugar de enviar dólares de la Ley CARES directamente a los negocios en problemas, el congreso le dio a la Tesorería de EE.UU. $454.000 millones, lo cual luego podía utilizar para respaldar los préstamos de emergencia de la Reserva Federal. Según el Secretario de la Tesorería Stephen Mnuchin, la Fed podría “aumentar” su financiamiento a la Tesorería hasta llegar a $4 billones (“trillions” en inglés) en créditos de emergencia.
¿Cómo podría el Congreso resistir un acuerdo así? Las facilidades de la Fed para la economía real por sí solas se esperaba que convirtieran $75.000 millones de financiamiento de la Ley CARES en $600.000 millones —más de doce veces la cantidad original— en ayudas para negocios pequeños y medianos.
El Congreso no iba a enviar un bote inflable al Titanic. Iba a enviar un gran bote salvavidas, mientras que solo pagaba por un bote inflable.
Sin embargo, lo que apareció fue un bote inflable —y uno diminuto. De los cientos de miles de empresas que el programa para la economía real pretendía ayudar, solo alrededor de 120 han pedido prestado tan solo $1.400 millones del mismo. A ese paso, el programa tardaría más de 70 años en llegar a su capacidad de $600.000 millones. En lugar de “aumentar” su financiamiento en el Congreso, la Fed lo ha disminuido —considerablemente.
¿Qué salió mal? En una palabra: el riesgo. Los préstamos a negocios siempre son riesgosos. En tiempos malos, son mucho más riesgosos. Prestar durante la actual crisis, a empresas que no pueden “asegurar provisiones adecuadas de crédito por parte de otras instituciones bancarias”, es, en expresiones del Tour de Francia, hors catégorie —“una categoría especial”. Mientras más dure la crisis, más especial se vuelve. El gobierno entendió que los préstamos a la economía real serían riesgosos. Lo que no logró comprender es qué tan alérgica la Fed es a perder dinero. Al diseñar sus herramientas para ayudar a la economía real, la Fed erró por el lado de la precaución extrema. Eligió prestar en términos que descalificaban a muchas empresas de entrada, mientras que desalentaba a muchas más de siquiera aplicar. También hizo que los prestamistas comerciales mantengan un interés de 5 por ciento en sus préstamos a la economía real. Eso los alentó a fijarse más detenidamente en quiénes les estaban prestando. De esta manera, también convenció a muchos potenciales prestamistas, incluyendo a gran parte de los grandes bancos, de no participar. De alrededor de 11.000 bancos, cooperativas de crédito e instituciones de ahorros y préstamos (S&Ls) que se hubiesen anotado, solo 575 lo hicieron.
El gobierno debería haber previsto esto. La reticencia de la Fed de perder dinero está en su ADN. Durante gran parte de su historia solo le prestó a bancos con un “buen colateral bancario”.Cuando durante la Gran Depresión, primero probó su mano prestándole a las empresas ordinarias, también procedió de manera muy cautelosa, con resultados muy decepcionantes. ¡Y esto sucedió a pesar de haber recibido un respaldo de la Tesorería equivalente a 50 por ciento de su capacidad de préstamos a empresas! Los préstamos a las empresas son riesgosos en parte porque las empresas ordinarias usualmente no tienen un “buen colateral bancario” a la mano. En cambio, los préstamos realizados a estas es más probable que sean asegurados por las cuentas por cobrar —esto es, las ventas realizadas pero todavía no pagadas. Pero las empresas que están luchando hoy no están simplemente esperando cobrar cuentas: están esperando que las cuarentenas y las restricciones de viajes se acaben para poder empezar a vender nuevamente.
Como resultado de esto, los préstamos de la Fed a la economía real en gran medida no están asegurados. Esto explica la cautela que les está aplicando la Fed. Tampoco es muy tranquilizante el “respaldo” de $75.000 millones de la Tesorería a la Fed. Si fuese un poco menos oficioso, no hay cómo saber cuánto podría perder de cada dólar que prestara. Lo que parece cierto es que, si relajara sus reglas lo suficiente para prestar $600.000 millones al apuro, es casi seguro que perdería más de $75.000 millones.
Ese es un riesgo que la Fed nunca tomará. Un compromiso de préstamos a largo plazo le permite utilizar el interés que gana para cubrir sus gastos operativos, así nunca tiene que pedirle al Congreso fondos para su presupuesto. Eso le da a la Fed algo de independencia. La trampa es que la Fed tiene que entregar el resto de lo que sea que gane a la Tesorería. Si se gastara su respaldo de la Tesorería, la Fed estaría corrompiendo ese compromiso.
¿Qué debería haber hecho el Congreso? La respuesta es sencilla: debería no haber utilizado la Fed o debería haberla utilizado como un mero distribuidor, no como una fuente, de los fondos. La Fed y la Tesorería entonces hubiesen estado en libertad para diseñar un programa para la economía real que fuese pensado para lograr lo que el Congreso pretendía, en lugar de tener que acomodar las propias reglas estrictas de concesión de préstamos de la Fed y el miedo de los funcionarios de la Fed de abusar su acuerdo con el Congreso.
¿Qué hay del costo extra? La verdadera vergüenza es que no hubiese existido. La ganancia asumida de que la Fed “aumente” el financiamiento del Congreso era un espejismo financiero desde un principio.
¿Como así? Suponga que el Congreso hubiera asignado no $75.000 millones sino $600.000 millones para financiar los préstamos a la economía real y que la Tesorería tendría otros $600.000 millones en títulos para aumentar esa cantidad. La carga sobre los contribuyentes entonces hubiese sido proporcional al interés de esos títulos. Ahora suponga que la Fed hubiera financiado $600.000 millones en préstamos para la economía real, sin respaldo de la Tesorería. Al hacerlo, hubiera aumentado la cantidad de reservas bancarias que producen interés en esa misma cantidad. Dado que el interés pagado sobre esas reservas hubiese provenido de las remesas de la Fed para la Tesorería, la Tesorería últimamente hubiese asumido los costos del financiamiento. En pocas palabras, la diferencia en los costos de financiamiento estatal sería nada más que aquella entre la tasa de interés de los títulos de la Tesorería y la tasa pagada por las reservas bancarias.
Es cierto que la tasa de interés sobre las reservas bancarias es solo 10 puntos base —una décima de un porcentaje. Pero la tasa de interés de las letras de un mes de la Tesorería también es de diez puntos base, mientras que el interés de los bonos de dos años de la Tesorería es de 14 puntos base. Dado que la tasa pagada por las reservas es ajustable, incluso la tasa de los bonos de dos años podría resultar ser la mejor ganga. De igual forma, considerando esto, puede que lo sean los bonos de cinco años a 27 puntos base. En pocas palabras, no hay tal cosa como un almuerzo gratis, incluso para el Congreso. La tragedia es que, al tratar de obtener uno, el Congreso terminó matando de hambre a las empresas del país.
Miles de esos negocios todavía podrían beneficiarse de la ayuda estatal; y la Tesorería todavía tiene más de $250.000 millones en fondos de la Ley CARES en sus cofres. Para realmente ayudar a la economía real, podría asignar ese dinero a la Fed, no a “respaldar” el propio crédito de la Fed, sino para financiar directamente a la economía real. Sin ser responsable, la Fed puede ajustar sus términos de programas para la economía real consecuentemente. No necesita deshacerse de los estándares y la debida diligencia. Pero puede al menos fijar términos que sean los suficientemente generosos para permitir que los fondos de la Ley CARES vayan a dónde se suponía que debían ir desde un principio. Aunque incluso un bote salvavidas que vale $250.000 millones solo puede rescatar un número limitado de empresas, ciertamente es mejor que un pequeño bote inflable. Y esa es, de lejos, la mejor alternativa.
