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Julian Sanchez dice que la demanda a ser planteada por el Departamento de Justicia de EE.UU. contra Google por un supuesto comportamiento anti-monopólico tiene poca probabilidad de rendir algún beneficio significativo para los consumidores y que podría estar políticamente motivada.
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció recientemente que estaba planteando un proceso legal en contra de Google alegando que los acuerdos del gigante de búsquedas en Internet con los navegadores y desarrolladores de sistemas operativos para hacer de Google el motor de búsquedas seleccionado por defecto consistía de un comportamiento anti-competitivo. La demanda tiene todas las señales de ser una estratagema política —una intervención estatal innecesaria en el mercado de búsquedas en línea que tiene poca probabilidad de rendir cualquier beneficio significativo para los consumidores.
Es raro que la demanda no apunta al dominio de Google en el espacio de comerciales en Internet, el cual muchas veces ha sido el enfoque de los críticos, sino en las búsquedas de Internet, donde parece menos probable afirmar que la empresa goza de cualquier cosa como un monopolio. Los usuarios de Internet tienen una amplia variedad de opciones fácilmente accesibles para las búsquedas en Internet: mientras que Google es la opción por defecto de motor de búsqueda para la gran mayoría de los navegadores y sistemas operativos móviles en EE.UU., los usuarios pueden elegir utilizar competidores como Yahoo, Bing, y DuckDuckGo con muy poco esfuerzo, ya sea visitando manualmente esas páginas o tardándose unos segundos para cambiar sus opciones por defecto para motores de búsqueda. Aunque Google obtiene la gran mayoría del tráfico por búsquedas, es difícil afirmar seriamente que esto se debe a la falta de opciones —lo cual normalmente sería una pre-condición para decir que una empresa goza de un “monopolio”.
Así como Google misma rápidamente desplazó a muchos otros buscadores más antiguos como AltaVista y AskJeeves —que se habían vuelto opciones por defecto para los usuarios en la década de 1990— la empresa rápidamente perdería su posición dominante si la mayoría de los usuarios encontraran competidores que aportaran resultados más relevantes, justo cuando los usuarios frecuentemente descargan e instalan aplicaciones que proveen funcionalidad superior que aquellas que ya están instaladas en sus dispositivos. Además, los arreglos de Google con los desarrolladores de sistemas operativos y navegadores no son materialmente distintos de, o más “anti-competitivos” que, los acuerdos análogos en torno a la ubicación destacada de productos en las tiendas en los mercados tradicionales. De hecho, esos acuerdos puede que produzcan beneficios al consumidor subsidiando la producción de software que es gratuita para el usuario. Tampoco es creíble afirmar, como lo hace el Departamento de Justicia de que Google ha establecido un control absoluto de las opciones por defecto debido a sus bolsillos profundos: su principal rival en las subastas competitivas para ser “el motor de búsqueda por defecto” es la no exactamente mísera Microsoft.
Alguna evidencia relevante proviene de la Unión Europea, donde los reguladores antimonopolio recientemente obligaron a Google a separar su oferta de motor de búsqueda y navegador en su sistema operativo para Android. Los usuarios de Android ahora se les presenta un menú de motores de búsqueda cuando están instalando un nuevo dispositivo, en lugar de tener seleccionada como opción por defecto a Google. El resultado principal ha sido que Google empezó a cobrarle a los fabricantes de celulares para darles licencia para ofrecer su sistema operativo. La porción del mercado de la UE de búsquedas en línea de Google, sin embargo, no ha cambiado para nada. Mientras que no sería sorprendente que, a través del tiempo, una nueva “pantalla de opciones” eventualmente disminuyera en algunos puntos porcentuales la porción del mercado de Google, no hay mucha evidencia a favor de la visión de que los consumidores perezosos y desinformados están siendo sistemáticamente engañados para que utilicen un motor de búsqueda que evitarían si solo fuesen obligados, en lugar de simplemente tener la opción, de realizar una decisión activa.
Tal vez más preocupante, hay señales de que esta demanda podría ser políticamente motivada. El Fiscal General Bill Barr supuestamente anuló a los abogados con carrera en antimonopolio que no creían que el caso era lo suficientemente sólido como para apurar un proceso legal. El Representante Jim Jordan (Republicano de Ohio) respondió a la demanda declarando en Twitter que las empresas “Big Tech” estaban “dispuestas a socavar a los conservadores” y que el Fiscal General no les permitiría “salirse con la suya”, aunque la demanda en sí misma no concierne explícitamente la supuesta tendencia política de la empresa. Once fiscales generales de los estados se han unido de la demanda del Departamento de Estado, todos ellos republicanos.
En resumen, es imposible divorciar esta acción de su contexto político: quienes hacen opinión y los funcionarios electos de la derecha, empezando por el actual presidente, frecuentemente atacan a Silicon Valley por alegar (en base a, para decirlo de manera amigable, evidencia altamente dudosa) que las empresas tecnológicas libran de manera sistemática una lucha contra los conservadores. Ahora, semanas antes de una elección nacional, el fiscal general ha dado un muy público golpe contra uno de los principales villanos en esta narrativa, empleando argumentos que sospechosamente parecen estar reñidos con la visión mucho más restringida y tradicionalmente republicana del antimonopolio. Si esta débil demanda ha sido apurada ante las cortes para castigar a una empresa que muchos en la derecha perciben que tiene un “sesgo hacia la izquierda”, constituiría no solo una política económica tonta, sino un ofensivo abuso de poder.
Aclaración: Mientras que trato de no saber qué individuos o empresas en mi área de políticas públicas también puede que sean donantes del Instituto Cato, mi entendimiento es que Google ha respaldado a Cato en el pasado, y (hasta donde se) puede que todavía lo esté haciendo. Para tener algo de contexto, menos de un 3 por ciento del ingreso total de Cato proviene de corporaciones.
